El Gobierno defiende ante Bruselas y BBVA que la ley le permite "introducir exigencias adicionales y diferentes" a la opa sobre el Sabadell

El Gobierno defiende que -en contra de lo que esgrime el BBVA y de lo que ha sugerido la Comisión Europea- la ley permite al Consejo de Ministros establecer condiciones más exigentes que las que fijadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un proceso de adquisición de empresas. Esto es precisamente lo que ha hecho el Consejo de Ministros en una decisión adoptada ese martes -por la que prohíbe la posible fusión entre BBVA y Sabadell durante un periodo de tres años, ampliable a cinco- amparándose en la defensa de "criterios de interés general, distintos de los relativos a la defensa de la competencia" (que son bajo los que actúa la CNMC).

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Y así lo ha dejado constar en documento que contiene el acuerdo del Consejo de Ministros, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. En él, el Gobierno defiende que, en su análisis de procesos de concentración empresarial, "su función principal es valorar, esto es, emitir un juicio sobre la concentración atendiendo a determinados criterios de interés general". Y añade que "de ese proceso puede resultar tanto una decisión que implique modificar el rigor de las condiciones que por razón de defensa de la competencia haya podido imponer la CNMC, como introducir exigencias adicionales y diferentes que dicho interés general obligue a considerar".

Presión de la Comisión Europea y del FMI

Existía controversia sobre si la capacidad del Consejo de Ministros se podría limitar a suavizar o eliminar las condiciones previas impuestas a la CNMC (como interpreta el BBVA) o, si bien, podría modularlas en sentido contrario. Es decir, endureciéndolas.

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Este mismo martes, tras conocerse la decisión del Consejo de Ministros, un portavoz de la Comisión Europea ha advertido de que "cualquier condición impuesta por un Gobierno para aprobar una transacción debe ser excepcional, proporcionada y justificada por razones válidas de interés público". Este mismo portavoz ha avisado de que "en caso necesario, la Comisión ejercerá sus competencias como guardiana de los Tratados para eliminar cualquier restricción injustificada al mercado único impuesta por los Estados miembros", informa Beatriz Ríos, desde Bruselas.

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El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha respondido, en rueda de prensa, que el Gobierno ha seguido "de manera escrupulosa" el ordenamiento jurídico español y la normativa española de Competencia, que data de 2007, "plenamente alineada con la normativa europea", ha dicho.

Ya el pasado 27 de mayo, el mismo día en que el Ministerio de Economía decidió elevar la opa al Consejo de Ministros, fuentes de la Comisión Europea manifestaron no conocer "ninguna razón que pudiera justificar el rechazo o el bloqueo" de la integración por parte del Ejecutivo español y amenazaron veladamente con un expediente sancionador.

Esa manifestación de la Comisión Europea fue recibida con alivio por el BBVA pues se interpretó como un toque de atención al Gobierno ante un posible endurecimiento de las condiciones ya impuestas por la CNMC. El FMI también consideró suficientes los compromisos que la CNMC y BBVA pactaron para la opa al Sabadell.

Argumentos jurídicos del Gobierno

El Gobierno, sin embargo, defiende que, en defensa del "interés general", la ley de defensa de la competencia sí le permite introducir exigencias adicionales a las planteadas por la CNMC. Y para reforzar su posición, además, se remite a una sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2014, donde se menciona que "solo el Estado pueda privar de eficacia a las decisiones de la CNMC que prohíban o condicionen una determinada concentración económica, a través de un órgano especialmente idóneo para valorar los intereses generales de tal naturaleza, cuál es el Consejo de Ministros".

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El Gobierno interpreta, además, que el listado de criterios de interés general que se cita en la ley española de defensa de la competencia no es exhaustivo, como tampoco lo es la lista que se recoge en el Reglamento de la Comisión Europea sobre control de concentraciones, sostiene el texto del acuerdo.

En su listado de criterios de interés general, la ley de defensa de la competencia alude a los de defensa y seguridad nacional, salud pública, libre circulación de bienes y servicios, protección del medio ambiente, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos y la "garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación". El Consejo de Ministros ha apelado a otros diferentes a los de este listado.

Cinco criterios de interés general

En concreto, el Consejo de Ministros ha invocado cinco criterios de interés general para acabar imponiendo como única condición a la opa del BBVA sobre el Sabadell que durante un periodo de tres años (ampliable a cinco) ambas entidades mantenga una personalidad jurídica y patrimonio separados. "Cada entidad deberá preservar la autonomía de gestión de su actividad orientada a la protección de los criterios de interés general señalados", ha dispuesto el Consejo de Ministros.

El texto del acuerdo precisa que la autonomía de gestión afectará a la toma de decisiones en materia de financiación y crédito, "en particular a pymes"; también a las decisiones sobre recursos humanos, sobre red de oficinas y servicios bancarios y sobre "obra social a través de sus respectivas fundaciones".

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El primer criterio de interés general invocado por el Consejo de Ministros para aplazar una posible fusión entre BBVA y Sabadell se apoya en la "garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial vinculada al apoyo al crecimiento y a la actividad empresarial". Bajo este criterio, el Consejo de Ministros pondera el foco de negocio del Sabadell a favor de pymes, 'small midcaps' y 'start-ups'.

Protección del empleo y de las oficinas

El segundo interés general invocado tiene que ver con la "protección de los trabajadores". Así se dispone que, en materia de posibles despidos, "no podrá haber procesos específicos vinculados a la operación", tal como ha explicado el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Según el acuerdo del Consejo de Ministros, un ajuste en las plantillas como consecuencia de la concentración "podría tener importantes efectos en términos de empleo, lo que llevaría aparejado un elevado coste social y humano. Adicionalmente, la destrucción de empleo en el contexto de la operación podría generar un coste a la Seguridad Social, en términos de mayor gasto en prestaciones por desempleo y menores ingresos por cotizaciones sociales, contrario al interés general".

En tercer lugar, el Consejo de Ministros apela a criterios de "cohesión territorial" para evitar el cierre de oficinas bancarias. "El objetivo no es mantener un número mínimo de sucursales en beneficio de consumidores individualmente considerados, sino asegurar el mantenimiento de servicios bancarios en todo el territorio", sostiene el documento.

Financiación de vivienda

En cuarto lugar, se citan "objetivos de política social relacionados con la obra social de las fundaciones, la protección del consumidor financiero y la vivienda asequible". En este punto, el documento del Consejo de Ministros subraya la participación superior al 50% de Banc Sabadell en el capital de 18 sociedades inmobiliarias, algunas de las cuales están focalizadas en la vivienda social. Desde el punto de vista del Gobierno, "una consolidación abrupta de los patrimonios de ambas entidades podría afectar negativamente" a la política social que practican ambas entidades en diferentes ámbitos.

Por último, en quinto lugar, se cita la "promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico". El Consejo de Ministros valora que "Banco Sabadell es una entidad con sustancial presencia en la financiación de segmentos innovadores del tejido productivo español". Así, "se aprecia la existencia de características propias del modelo de negocio y grado de especialización de Banco Sabadell que contribuyen al interés general, concretamente a la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico".

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