Sector bancario
El Estado realizará una segunda venta limitada de CaixaBank para mantener su participación en el 18,1%
El público FROB y Criteria ya efectuaron ventas el año pasado para no sobrepasar de forma conjunta el 50% del banco
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante un pleno en el Senado. / Ricardo Rubio - Europa Press
Por qué confiar en El Periódico Pablo Allendesalazar
Pablo AllendesalazarPeriodista
Redactor de economía desde 2004. Tras estudiar en las universidades de Málaga, Edimburgo y el País Vasco, trabajé durante tres años en la Agencia Colpisa-Redacción Central de Vocento. Desde 2007, en la delegación de Madrid de EL PERIÓDICO. Vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).
El Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), prepara una pequeña desinversión muy acotada de su paquete accionarial de CaixaBank (de unos 90 millones, frente a los más de 9.400 millones que vale el mismo en bolsa), según ha podido confirmar EL PERIÓDICO. Se trata de la segunda venta limitada que emprenderá en pocos meses y tiene como objetivo que su participación en el banco se mantenga en el 18,1%, una vez que la entidad finalice el proceso de recompra de acciones por importe de 500 millones de euros que lanzó el pasado lunes y amortice dentro de unos meses dichos títulos adquiridos en el mercado.
El FROB, así, ya vendió algo más de 16 millones de acciones de CaixaBank entre enero y diciembre por 85,9 millones de euros para mantener su participación en el 18,109% tras el anterior programa de recompra de acciones del banco. Paralelamente, la Fundación La Caixa, a través de su brazo inversor Criteria, también se desprendió el año pasado de más de 154 millones de títulos por 736,3 millones de euros con 19,5 millones de minusvalías. En consecuencia, su participación bajó al 31,22%, más cerca del nivel fijado por el Banco Central Europeo (BCE) para que pueda votar a los consejeros independientes en las juntas de CaixaBank (31%).
La principal derivada de estos movimientos paralelos del Estado y La Caixa es que su participación conjunta en CaixaBank no ha llegado a superar el 50%. Tras la absorción de Bankia en marzo de 2021, se situó en el 46,128% y, debido a las recompras de acciones llevadas a cabo por el banco desde entonces, alcanzó al 49,563% al cierre de 2022. Las ventas de Criteria a partir de la segunda mitad de 2023 evitaron que siguiese subiendo hasta superar la mitad del capital social, algo a lo que desde el pasado diciembre también están contribuyendo las desinversiones del FROB. En esta línea, es posible que Criteria también realice nuevas ventas en los próximos meses para mantenerse en torno al 31%.
Evitar el 50%
Oficialmente, no hay ningún pacto entre el Estado y La Caixa ni ninguna limitación que les impida superar el 50% del capital de CaixaBank. En la práctica, sin embargo, hay diversos motivos que lo hacen aconsejable, tanto económicos (menor afectación a la cotización del banco) como institucionales (los supervisores bancarios preferirían que el sector público saliese del accionariado del primer banco del mercado español y que La Caixa redujera su peso en el mismo, como propuso el Banco de España a la exvicepresidenta Calviño hace unos años). Los indicios, así, apuntan a que podría existir un cierto entendimiento más o menos tácito entre ambos accionistas.
El Estado y La Caixa, así, han ido aumentando su peso en el capital social de CaixaBank desde su fusión con la nacionalizada Bankia, pero no porque hayan elevado su inversión, sino porque desde entonces el banco ha recomprado en bolsa y amortizado más de 975 millones de acciones propias, el 12,09% de las iniciales. Se trata de una vía indirecta de remunerar a los accionistas, habitual en el sector en los últimos años: al reducir el número de títulos en circulación, el valor contable del resto aumenta, lo que anima su cotización bursátil. Una consecuencia es que los accionistas que permanecen, como el FROB y Criteria, tienen un porcentaje mayor del capital social del banco al desaparecer los títulos recomprados.
El peso del Estado en el capital de CaixaBank, en esta línea, pasó del inicial 16,119% al 18,109% que alcanzó el pasado noviembre. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, adelantó entonces que ese último es el porcentaje que el Gobierno quiere mantener y anticipó que "a partir de ahora, si hay procesos adicionales de recompra de acciones, el Estado entrará para mantener su posición constante". El pasado lunes, precisamente, CaixaBank comunicó que daba comienzo su sexto programa de recompra de los últimos años, que había anunciado a finales de enero. De ahí que el FROB haya comenzado a preparar una pequeña desinversión.
Sin impacto en déficit y deuda
CaixaBank ha encargado la recompra de sus acciones a Goldman Sachs, que la desarrollará en los próximos hasta seis meses con adquisiciones diarias en bolsa. El FROB puede ir realizando pequeñas ventas en el mercado mientras dure el proceso. El año pasado, contrató a Bank of America para que realizara dichas operaciones. El programa de recompra asciende a 500 millones de euros, con lo que para mantener su participación en el 18,109% al FROB le correspondería vender por valor de unos 90,5 millones. Es una cifra aproximada, la real dependerá del precio que obtenga en el mercado por sus acciones. Pero sea al precio que sea, no tendrá impacto en la deuda y el déficit públicos.
Aunque tiene un cierto valor simbólico que el Estado haya vuelto a desinvertir por primera vez en años, las operaciones no tienen nada que ver -ni por motivación ni por dimensión- con las dos únicas ventas que se realizaron de Bankia, aprobadas por el Gobierno de Rajoy (un 7,5% en 2014 por 1.304 millones de euros y otro 7% en 2017 por 818 millones). Como ha dejado claro el ministro Cuerpo, la estrategia del actual Ejecutivo es mantener la posición en CaixaBank para beneficiarse de su subida en bolsa y del pago de dividendos, con el objetivo último de maximizar la recuperación de los 24.069 millones de euros de capital inyectados en su día por los Ejecutivos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. De hecho, como adelantó este diario en febrero, el Gobierno ha ampliado en dos años -hasta diciembre de 2027- el plazo legal para que el Estado venda su participación en la entidad.
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