Empresa
Acciona hace una purga por el caso Koldo: despide a su director de Construcción en España y rompe con su socio navarro
La compañía presidida por José Manuel Entrecanales reacciona tras ser señalada en el informe de la Guardia Civil como parte de una UTE investigada por presuntas comisiones ilegales y licitaciones irregulares
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Acciona reacciona al escándalo Koldo: despido fulminante y ruptura de contratos con Servinabar


Esther Chapa
Esther ChapaRedactora SEO Activos
Periodista especializada en SEO en Activos, vertical económico de El Periódico de España, dentro del Grupo Ibérica.
Graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), máster en Periodismo y Nuevos Perfiles Profesionales por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC). Cursando actualmente Máster en SEO por BIGSEO.
La trayectoria profesional comienza como becaria en el Departamento de Comunicación en IFEMA, Feria de Madrid, y continúa como redactora en el portal web Estrategias de Inversión.
Acciona ha anunciado este lunes la ruptura de todos sus vínculos contractuales y de asociación con la empresa navarra Servinabar 2000 S.L., implicada en el conocido 'caso Koldo-Ábalos-Cerdán', una presunta trama de amaño de contratos públicos y cobro de comisiones ilegales que instruye el Tribunal Supremo. La decisión de la compañía presidida por José Manuel Entrecanales incluye también el cese fulminante de Justo Vicente Pelegrini, hasta ahora director de Construcción para España.
La medida, que la empresa califica como “inédita”, se produce tras conocerse que Acciona figura como la única empresa del Ibex 35 mencionada en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por su relación con licitaciones bajo sospecha, en las que habría intervenido Servinabar 2000. Esta firma fue constituida en 2015 por el empresario Antxón Alonso Egurola y se encuentra actualmente bajo investigación judicial, tras un registro en su sede en Pamplona en busca de documentación comprometedora.
El escándalo ha ganado notoriedad por la adjudicación del desdoblamiento de los túneles de Velate, una obra valorada en decenas de millones de euros y rodeada de presuntas irregularidades. Según fuentes de la investigación, parte de estas adjudicaciones habrían sido canalizadas a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE) entre Acciona y Servinabar, cuya legalidad ahora está siendo examinada.
En un comunicado oficial, Acciona justifica la ruptura con su socio navarro por “el incumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos de respeto y sujeción a los estándares más exigentes de cumplimiento normativo, transparencia y debida diligencia”. La empresa añade que estos hechos “revelan una falta de diligencia en el ejercicio de sus responsabilidades de dirección”, razón por la cual ha decidido poner fin a la relación laboral con Justo Vicente Pelegrini, sin que ello prejuzgue “eventuales responsabilidades legales ni responda a conclusión alguna de la investigación interna, aún en fase inicial”.
Pelegrini se suma así a la salida de Fernando Merino, exresponsable de la compañía en Navarra, quien fue despedido en 2021 tras las primeras sospechas sobre la trama.
Acciona ha querido destacar su firme compromiso con la ética empresarial y se ha desmarcado de cualquier posible práctica irregular en materia de contratación. En el comunicado, asegura que sus relaciones, tanto con administraciones públicas como con clientes privados, “siempre han estado guiadas por los más altos estándares de transparencia y cumplimiento normativo”. Además, la compañía ha reiterado su “plena disposición a colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos”.
El caso Koldo, que inicialmente salpicó a altos cargos del PSOE como Santos Cerdán y Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, sigue ampliando su alcance con la entrada de grandes compañías del sector de la construcción en el foco judicial. La actuación de Acciona, aunque aún no implica responsabilidades legales, marca un movimiento preventivo de control reputacional en un entorno cada vez más sensible a los criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) que imperan en los mercados y entre los inversores institucionales.
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