Las mutuas gastaron 3,6 millones de euros en 2024 en contratar detectives privados para vigilar a trabajadores de baja

Gregorio, ingeniero, tuvo un accidente de tráfico y causó baja por una lesión en las cervicales. Un detective le grabó durante varias horas haciendo una ruta en bicicleta cerca de su segunda residencia.

Alicia trabajaba limpiando escaleras; un día, fruto del mal clima en la empresa, causó baja por ansiedad. Pocos días después, un desconocido -que resultó ser un investigador- la citó en un restaurante para ofrecerle un trabajo y grabarla a ver si lo aceptaba.

Inocencia, cajera de supermercado, llevaba varios años con una incapacidad permanente, fruto de un cuadro psicótico, cuando la mutua decidió revisar su caso, contratar a un detective para seguirla y fotografiarla en sus actividades diarias, como llevar a sus hijos al colegio.  

En un momento en el que las bajas médicas entre trabajadores van al alza y el gasto que asume la Seguridad Social y las empresas ronda los 30.000 millones de euros anuales, las compañías y las mutuas han aumentado el dinero que gastan en perseguir los posibles fraudes entre trabajadores enfermos. A lo largo de la semana, casi un millón de trabajadores -alrededor del 4,1% del total de ocupados, según datos del INE- faltan al trabajo por enfermedad. 

¿Cuántos de estos lo hacen de manera fraudulenta? No existen aproximaciones al respecto, pero las mutuas y las compañías están incrementando su inversión en detectives privados, una figura hasta ahora relativamente desconocida y que opera sobre una fina línea entre los intereses de las empresas y el derecho a la intimidad de los trabajadores. 

A lo largo del 2024 las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social gastaron un total de 3,6 millones de euros en contratar a investigadores privados para seguir a trabajadores de baja en toda España, según datos recopilados por este medio tras analizar uno a uno los contratos sobre la materia publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público.  

Los casos de los tres trabajadores mencionados al inicio de esta reportaje son reales, están recogidos en sentencias judiciales y las pruebas recabadas por detectives privados fueron, en algunos casos, determinantes para retirar la prestación o justificar el despido. En otros, o las pruebas no acaban de ser vinculantes o el juez las invalida si el investigador se extralimitó en sus funciones. 

También hay empresas que contratan a investigadores para verificar que sus trabajadores emplean realmente las adaptaciones de jornada para cuidar a hijos u otros familiares u para otros menesteres o si quien teletrabaja se escapa a hace recados, entre muchos otros.

¿Qué trabajadores de baja son investigados y cuáles no?

“Nosotros no valoramos, somos meros testigos”, explican a EL PERIÓDICO desde Adchase, la agencia de detectives que más contratos públicos de mutuas se adjudicó el año pasado, con un total de 606.668,54 euros en contratos licitados o en vigor durante 2024. Al mes, según explican, vigilan a entre 100 y 150 trabajadores.   

La lista de sus objetivos se la dan las mutuas o las empresas que les contratan, según explican desde Adchase. Les dan un nombre, un domicilio y una serie de pautas a vigilar, nunca el diagnóstico completo ni la dolencia por un tema de protección de datos. “Nos piden que vigilemos si levantan peso, si conducen, si corren, si asisten a conciertos, si siempre llevan la muleta, si siguen trabajando pese a estar de baja…”, explican.  

“Nos encontramos con muchas personas que realmente están mal y los médicos se equivocan en sus sospechas… Pero la picaresca está a la orden del día”, afirma Juan Carlos Delgado, gerente de Detectib, la segunda empresa que más licitaciones de mutuas se llevó en 2024 bajo el CIF de Intelligentia Pro Justitia S.L., con más de medio millón de euros. “En el último año, sumando empresas y mutuas, he aumentado más de un 35% mi facturación”, explica.   

'Modus operandi'

El modo de trabajar de las agencias de detectives se divide, a grandes rasgos, en dos métodos. Por un lado, la vigilancia y seguimiento de trabajadores en su día a día. Delgado explica que habitualmente ellos siguen a un trabajador durante dos o tres días, para tener una foto completa de su día a día y sus rutinas. Cada jornada de vigilancia le cuesta a una empresa unos 600 euros y algunas mutuas pagan más a los investigadores si las pruebas que recaban detectan un fraude que si validan la baja del empleado. 

“Va en contra del principio de objetividad”, apuntan desde Adchase. "Las mutuas se dejan llevar mucho por la parte económica", se queja el gerente de Detectib. Si bien desde ambas agencias defienden que esta es una práctica ilegal, este medio ha podido revisar varias adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación donde una "inspección positiva", tal como le llaman a pillar un fraude, se paga tres veces más que una "negativa".

"Cuando vemos fraude nos encontramos con distintos perfiles. Está el trabajador que no tiene ganas de trabajar, fuerza una baja y se pasa el día en casa y solo sale para pasear al perro e ir a comprar. Este es muy complicado demostrar que está simulando una dolencia”, explican desde Detectib.

“También está el que aprovecha su baja para trabajar ‘en B’ en otro sitio. Suelen ser oficios poco cualificados, por ejemplo, un camarero que cobra parte del salario de la empresa que le contrata y luego se saca un sobresueldo trabajando sin contrato en otro sitio. Estos son relativamente fáciles de acreditar”, prosigue. “Y luego está el que finge la baja para prepararse unas oposiciones, buscar otro trabajo o por venganza al jefe si considera que lo ha agraviado, como no ascenderle o no concederle el aumento que pide”, afirma el gerente de Detectib.

Hacerse pasar por un potencial cliente o por un repartidor para recabar información es una práctica habitual

Si con la vigilancia no es suficiente para recabar pruebas, hay detectives que recurren a la "infiltración", según explican desde Adchase. Una fórmula que puede ser más eficiente para recabar información, pero que a su vez requiere de profesionalidad para no acabar vulnerando los derechos de los empleados vigilados.

Dos detectives de esta agencia explican cómo se hicieron pasar por potenciales clientas de un entrenador personal, que estaba de baja en su empresa, pero que informalmente y sin declarar seguía ofreciendo sus servicios. También cómo se disfrazan habitualmente de repartidoras de empresas de paquetería para certificar si una persona vive o no en un domicilio u otras tretas del estilo. 

“Siempre nos debe guiar el principio de proporcionalidad, si no puedes obtener la información de otro modo, está justificado”, afirman. No obstante, también explican que hay límites dentro de la "infiltración" y que no puede, por ejemplo, falsear una situación para obligar a cargar peso a alguien y así demostrar que no estaba lesionado o hacerse pasar por la autoridad y obtener así información, entre otros.      

Desde Adchase explican que les contratan todo tipo de empresas y desde todo tipo de sectores. Una práctica relativamente habitual entre las grandes empresas es gastar puntualmente un dinero en detectives para tratar de pillar a varios trabajadores cometiendo un fraude, despedirlos o sancionarlos y luego publicitarlo entre la plantilla. “Es una manera de aleccionar”, resumen. 

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