Macroeconomía

El FMI pide a España que invierta en vivienda pública y flexibilice la reducción de la jornada laboral

El organismo recomienda ampliar la oferta de vivienda, alerta sobre los riesgos de reducir la jornada laboral a 37,5 horas e insta a reformar el sistema de pensiones para fortalecer la salud fiscal del país

El FMI aconseja a España más oferta de vivienda y agilizar los permisos de construcción

El FMI aconseja a España más oferta de vivienda y agilizar los permisos de construcción

Sabina F. Macedo

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La última evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre España incluye un paquete de medidas clave para frenar la escalada de precios y blindar el crecimiento.El informe, publicado este viernes, pone el foco en tres frentes prioritarios: vivienda, reforma laboral y sistema de pensiones.

Vivienda: ampliar la oferta sin olvidar las ciudades del interior

La escalada de los precios del mercado inmobiliario preocupa al FMI, que insiste en que la respuesta más eficaz pasa por aumentar la oferta de vivienda, especialmente en las zonas con mayor tensión urbanística. Aunque valora positivamente los esfuerzos incluidos en el Plan de Recuperación para ampliar el parque de vivienda social, el organismo subraya que estos programas deben ser complementarios, no sustitutivos, de una estrategia más ambiciosa para facilitar el acceso a la vivienda.

Entre sus recomendaciones destaca la necesidad de reformar la Ley de Suelo, simplificar y agilizar la concesión de licencias de obra, y desbloquear proyectos urbanísticos paralizados. Estas medidas no solo facilitarían la planificación urbana, sino que permitirían aumentar el suelo disponible y reactivar la inversión en construcción, aún por debajo de niveles prepandemia.

El FMI también sugiere diseñar acciones específicas para aquellas ciudades del interior donde los precios no están tan desbocados, pero donde aún existen barreras al acceso a la vivienda, sobre todo para compradores solventes con escasa liquidez.

Reducción de jornada: cautela y flexibilidad

Otro de los temas candentes en la agenda económica española es la propuesta del Gobierno de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Aunque el FMI no se opone frontalmente a la iniciativa, advierte de los posibles efectos negativos si no se implementa con cuidado. Recuerda que en otros países este tipo de reformas han tenido resultados mixtos, con posibles impactos en la productividad y en el crecimiento salarial.

Por eso, recomienda preservar el papel de la negociación colectiva para adaptar la medida a las características de cada sector. A su juicio, permitir flexibilidad en la distribución anual de las horas y en la remuneración de las horas extra será clave para minimizar distorsiones en el mercado laboral.

Pensiones: una reforma más ambiciosa y sostenible

El informe también apunta a la urgencia de revisar el sistema de pensiones para garantizar su viabilidad a largo plazo. El FMI alerta de una creciente brecha entre los ingresos por cotizaciones y el gasto futuro, y propone ampliar el número de años cotizados para calcular la pensión, una fórmula que ya se aplica en muchas economías avanzadas.

Además, plantea ofrecer incentivos para que los trabajadores de más edad permanezcan activos durante más tiempo, al tiempo que sugiere valorar un conjunto equilibrado de medidas que combinen ajustes en el cálculo de las prestaciones con una estrategia clara de mejora del empleo sénior.

Reforzar la disciplina fiscal en tiempos de bonanza

En un contexto de crecimiento superior al de la eurozona (el FMI estima un avance del PIB del 2,5 % en 2025), el organismo considera que este es el momento idóneo para acelerar la consolidación fiscal. En concreto, pide adelantar el plan de ajuste previsto para 2025-2031 al periodo 2025-2029, con un control más estricto del gasto público y un incremento selectivo de los ingresos.

Aunque el déficit sigue en descenso y la inflación se modera hacia el objetivo del 2 %, el FMI alerta de que, sin medidas adicionales, la deuda pública seguirá siendo elevada. Para 2030, se prevé que ronde el 93 % del PIB, una cifra que, si bien supone una mejora frente a 2024, todavía representa un riesgo estructural para la economía española.

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