El Govern retoma el plan de hacer obligatorio el arbitraje para las empresas de luz, gas o transporte

L’Agència Catalana de Consum tiene lista su primera gran propuesta para ayudar a descongestionar el sistema judicial. El organismo que lidera Isidor García Sánchez, director de la agencia desde finales del año pasado, quiere obligar a las empresas de servicios básicos a estar adscritas al arbitraje y resolver por esta vía toda reclamación menor a 2.000 euros. Es un plan que empezó a trabajarse durante la legislatura de Pere Aragonès (cuando quien dirigía esta entidad era Albert Melià), pero que coge fuerza tras ciertos cambios en la normativa estatal y varias modificaciones del equipo actual. La cuestión es que la carpeta ya está lista, así que el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, le trasladará formalmente la propuesta al Ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en la Conferencia Sectorial de Consumo que se celebra este jueves en Madrid.

El contexto es el siguiente. Hasta hace aproximadamente un año, estas compañías podían estar voluntariamente adscritas al sistema arbitral de consumo –una lista que las obliga a enfrentar toda reclamación que venga por esta vía– pero con ciertos límites: podían aceptar someter solo algunas cuestiones a este proceso o que su presencia en esta lista solo valiera en algunas comunidades autónomas. La última reforma nacional de este sistema les quita este poder, ya no hay límite temático ni geográfico que valga.

A esto se han aferrado en Consum para retomar el proyecto de impulso del arbitraje en Catalunya. Lo han limitado a empresas de servicios básicos: luz, gas, agua, banca, seguros, tren, avión, teléfono… que son, por este orden, las áreas que más reclamaciones acumulan desde hace años y, también, en 2024. El año pasado, Consum recibió unas 23.000 reclamaciones, más de la mitad relacionadas con el sector servicios.

La otra decisión clave del plan ha sido bajar el umbral que separaría los requerimientos que tienen que ir por un canal o por otro de los 3.000 euros a los 2.000 euros. Las reclamaciones por valores menores a estos 2.000 euros tendrán que ir siempre por arbitraje. Esta es la cifra a partir de la cual es obligatorio contar con un abogado en una denuncia convencional, lo que les asegura el apoyo de la abogacía (porque no alteraría tantísimo el sistema), y reduce el riesgo de montar “una justicia paralela”. Además, se plantean introducir una referencia expresa a que si alguna de las dos partes no está conforme con el resultado, siempre podrá acudir luego a la justicia.

Financiar el plan

El trago que puede ser más difícil es la financiación del plan. Aunque cada comunidad autónoma gestiona sus juntas arbitrales (hay 8, en Catalunya), lo hacen porque el Ministerio de Consumo les delega las competencias. Es este organismo central el que paga. Lo que propondrá Catalunya es modificar la norma fiscal tributaria, para poder cobrar una tasa –probablemente a las empresas– y que no tenga que hacerse cargo de todo Madrid.

El riesgo es que esto haga que las compañías den algo más de guerra a la iniciativa, pero desde l’Agència Catalana de Consum se muestran optimistas. Fuentes del organismo explican que los primeros contactos con algunas de las empresas que más reclamaciones suelen acumular no son negativos y que también ellas ven lo que para ellos es evidente: que se acorta el tiempo de resolución del conflicto (la media son 90 días), que mejora la imagen de cara al consumidor y que son prácticas que suman al “buen gobierno” de las empresas.

“Si tenemos una legislatura razonable y yo sigo hasta el final, este es claramente un proyecto de legislatura”, afirma Isidor García. “Lo vamos a hacer con prudencia; lo último que queremos es que se planten las empresas o que la cosa no tenga eficacia”, resuelve.