El Govern refuerza la hacienda catalana con 200 nuevos trabajadores que se incorporarán a partir de 2026

El Govern ha dado luz verde este martes en su Consell Executiu a la incorporación de 200 nuevos trabajadores para la Agència Tributària de Catalunya (ATC). El president Salvador Illa da cumplimiento así al acuerdo alcanzado la pasada semana con ERC para atar su apoyo al último suplemento de crédito y refuerza la hacienda catalana para prepararse para asumir a partir del año próximo la recaudación de todos los impuestos pagados en Catalunya, empezando por el IRPF. 

Concretamente, la ATC ampliará su plantilla con 20 inspectores, 30 técnicos, 40 gestores, 45 efectivos de otros cuerpos de la administración general y especial de perfil técnico y 65 administrativos o auxiliares administrativos. Otro de sus entes públicos cuya plantilla también ampliará es Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat). Sumará ocho trabajadores, de perfil técnico y que estarán dedicados exclusivamente a trabajar para que la Generalitat asuma con toda la plenitud las competencias en Rodalies. Tendrán que revisar la red ferroviaria, detectar los puntos críticos e identificar las actuaciones que hay que hacer para ir avanzando en este traspaso. Con esta ampliación, que se materializará en otoño, Ifercat pasará a tener un total de 19 empleados. Uno de los encargos que ya tiene este organismo es estudiar cómo debería concretarse el traspaso las líneas de Rodalies R3 y R2 sud.

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Tanto la ampliación de la plantilla de la Agència Tributària de Catalunya como la de Ifercat derivan del pacto de investidura que el PSC y ERC firmaron en agosto del año pasado. Así lo ha destacado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, que ha recalcado que el ejecutivo catalán está cumpliendo con su agenda y con "los diferentes acuerdos de investidura". Con medidas como las de este martes, por lo tanto, el president Illa se asegura que ERC le siga dando sus votos para tener estabilidad en el Parlament.

Además, en la reunión del Govern de este martes ha habido un tercer gesto con el partido de Oriol Junqueras. El Consell Executiu ha aprobado fusionar su proyecto de ley de la nueva tasa turística con la proposición de ley que presentó ERC después. Esto simboliza que las dos partes están de acuerdo en negociar un texto conjunto para reformar la tasa turística desde el consenso. Eso sí, para que prospere en el Parlament, necesitarán sumar a otro grupo parlamentario. En teoría deberían ser los Comuns, pero por ahora mantienen posiciones muy alejadas con ERC respecto a este asunto.

OPE extraordinaria

Para dar cumplimiento a los refuerzos de las plantillas públicas aprobados este martes, la Generalitat deberá ahora lanzar una oferta pública de empleo (OPE) extraordinaria para sacar a oposición las nuevas plazas mediante la que contratar a esos 200 refuerzos para la ATC y los ocho para Ifercat. Un proceso de reclutamiento que tiene sus plazos y que probablemente se alargará hasta mediados del año que viene, teniendo en cuenta que lo habitual en cualquier proceso opositor es que este se alargue entre nueve meses y un año entre que el Govern saca la plaza, convoca el examen, puntúa y asigna el puesto al nuevo funcionario.

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Actualmente, la ATC cuenta con una plantilla de unas 830 personas, contabilizando los últimos refuerzos temporales para la campaña de la renta de este año, y la perspectiva del Govern es ir escalando esta cifra a medida que vaya recaudando más tributos que hoy recauda el Estado hasta una plantilla total de hasta 5.000 empleados públicos (que es el volumen de empleados que tiene Hacienda hoy destinados en Catalunya).

Según el acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para la investidura de Illa, la Generalitat pactará con el Estado un nuevo modelo de financiación singular para Catalunya y, en paralelo, esta pasará a recaudar el total de impuestos que se pagan en Catalunya. Los trabajos para perfilar cuál será ese nuevo modelo están ya en marcha y las primeras conclusiones se esperan, según lo acordado con los republicanos, antes de finalizar el próximo mes de junio. A partir de ahí se elevará al Gobierno la propuesta de financiación catalana y deberá modificarse la normativa estatal para darle encaje. 

Otros acuerdos validados este martes por el Consell Executiu son activar la maquinaria para revisar el proceso de concesión de subvenciones públicas, con el objetivo de reducir los plazos de pago y pasar de los actuales siete meses de media que hay entre que la Generalitat saca una ayuda y el ciudadano la acaba recibiendo a los pretendidos cinco meses de espera.