Las rebajas fiscales, principal escollo para prolongar la vida de las nucleares

El gran apagón ha intensificado el debate sobre el cierre de las centrales nucleares en España tras meses de presiones desde diferentes ámbitos retrasar las clausuras. Un debate que ya estaba abierto antes, pero en el que ahora los pronucleares se sienten espoleados y creen que el histórico colapso del sistema eléctrico les da más argumentos en su defensa de mantener los reactores en funcionamiento.

Las eléctricas propietarias de los reactores (Iberdrola y Endesa como socios mayoritarios en las diferentes plantas y con Naturgy y EDP con participaciones minoritarias en algunas de ellas) venían reclamando posponer el calendario de cierre previsto, con clausuras programadas entre 2027 y 2035, para garantizar la seguridad de suministro en el país. Un calendario pacto entre las propias compañías en 2019, pero que ahora quieren revisar. Las empresas, no obstante, exigen para no tener seguir con el cierre de las nucleares una rebaja de los impuestos y de las tasas que pagan las centrales como condición indispensable para asegurar su rentabilidad.

Y esta exigencia fundamental para las compañías se ha convertido, de facto, en el tema central del choque entre Gobierno y eléctricas para dirimir el futuro de las centrales. El Ejecutivo se muestra ahora dispuesto a estudiar una ampliación de la vida de todas las centrales nucleares, pero sólo si la solicitud de las compañías va acompañada expresamente de un plan que no implique trasladar ningún sobrecoste al recibo de la luz que pagan todos los consumidores.

Las nucleares pasan al ataque tras el apagón y acusan al Gobierno de hacerlas “no competitivas de manera artificial” con impuestos

Moncloa reclama a las eléctricas que primero se pongan de acuerdo entre ellas y presenten una propuesta consensuada para ampliar los años de funcionamiento de las centrales. “Si las empresas acuerdan entre ellas otro calendario distinto que prorrogue la vida de estas centrales nucleares más allá del año 2027, nosotros les escucharemos”, ha admitido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero con condiciones: “Que no sea a costa del bolsillo del contribuyente, sino a costa del bolsillo de los ultrarricos que presiden esas grandes energéticas que son propietarios de los centrales nucleares (…) Que lo paguen las empresas, no el contribuyente pagando más factura de la luz”, sentenció el presidente.

Quejas por la tributación

La advertencia de Sánchez ha hecho saltar las alarmas en los cuarteles generales de las grandes eléctricas, empeñadas en los últimos meses en que el debate se centrara en cómo garantizar la viabilidad económica de las plantas. Las compañías propietarias de las centrales nucleares, agrupadas en la patronal Foro Nuclear, denuncian que el sector “soporta una tributación gigantesca”, mucho mayor que la de otras tecnologías de producción de electricidad por los múltiples tributos específicos aplicados a la actividad de los reactores.

La asociación que agrupa a Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP denuncia que la alta carga fiscal “impide en ocasiones a las centrales nucleares entrar en el mercado” cuando los precios de la electricidad son bajos para “no producir con pérdidas”. A según qué precios de mercado, “pagamos más impuestos que lo que facturamos” con la venta de la electricidad, denuncia el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, que achaca a esta situación fiscal las paradas de centrales ordenadas por las eléctricas en los últimos meses (y que hizo que el día del apagón la mitad de los reactores estuvieran apagados). “Para no parar por motivos de mercado nos tienen que bajar los impuestos”, sentencia el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce.

Aagesen carga contra el PP por intentar aprovecharse del apagón para impulsar su plan de ampliar las nucleares

Las energéticas propietarias de las centrales nucleares llevan años quejándose de la enorme carga fiscal que asumen. Entre impuestos, tasas autonómicas y otras prestaciones abonadas para hacerse cargo de costes futuros de su actividad, la electricidad producida por las centrales nucleares actualmente paga 28,2 euros por megavatio hora (MWh) tras las últimas subidas.

En total, las grandes eléctricas estiman que las centrales nucleares pagarán más de 1.500 millones de euros por tributos y tasas durante 2025, por encima de los 1.426 millones abonados el año pasado (en el que la subida del 30% aprobada por el Gobierno de la denominada ‘tasa Enresa’ se aplicó sólo en la segunda mitad del ejercicio). Desde el sector se alerta de que con este escenario fiscal es imposible asegurar la sostenibilidad y la rentabilidad futura de las centrales.

Radiografía fiscal de la nuclear

Las nucleares denuncian el agravio comparativo que supone su tributación en relación a la de otras fuentes de energía. Foro Nuclear carga contra el Gobierno y le acusa de hacer a las centrales “no competitivas de manera artificial” aplicando altos impuestos que les hace “muy difícil continuar” operando. Una fiscalidad estatal, autonómica y municipal de la que se quejan no sólo por ser más elevada que la de otras tecnologías a base de gravámenes específicos, sino también porque en algunos casos estos tributos son redundantes y gravan conceptos similares.

Las centrales nucleares pagan una especie de tasa especial para financiar los costes de gestionar sus residuos radiactivos y su futuro desmantelamiento. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el año pasado una gran subida del 30% de la tasa que se acumula en un fondo en manos de la sociedad pública Enresa. El fuerte incremento -recurrido por las eléctricas ante el Tribunal Supremo para intentar echarlo atrás- buscaba ajustar la tasa a todos los costes previstos en el nuevo plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) durante este siglo y que se calculan en unos 20.200 millones de euros a partir de ahora.

Tras la última subida, la prestación patrimonial que abonan las centrales nucleares a Enresa ha subido hasta los 10,36 euros por megavatio hora (MWh) de electricidad producida por las plantas. Las cinco centrales nucleares españolas abonaron el año pasado por este concepto casi 504 millones de euros, frente a los 454 millones abonados en 2023. La estimación del sector es que durante 2025, el primer año completo en que se aplicará la subida, los pagos pueden acercarse a 600 millones.

En realidad, la denominada ‘tasa Enresa’ no es una tasa, es una prestación patrimonial no tributaria por las que las eléctricas hacen aportaciones a un fondo con el que se pagará posteriormente la gestión de sus desechos y el desmontaje de los reactores. Una aportación que deben asumir por ley porque forma parte de sus propios costes de operación. “Las nucleares ya pagan todos los costes relacionados con la generación de residuos y con el desmantelamiento futuro de las centrales para que los ciudadanos no paguen nada. Consideramos que hay que aplicar la máxima de ‘quien contamina paga’. Lo pagamos ya y queremos hacerlo”, zanja el preisdente de Foro Nuclear. “Pero no estamos de acuerdo con la última subida, porque el Gobierno nos carga costes que no nos corresponden”.

La subida de la denominada ‘tasa Enresa’ es consecuencia de que el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos contempla una previsión de costes mucho mayor que la anterior versión (con unos 2.000 millones adicionales), debido a que se ha descartado la construcción de un solo almacén temporal de residuos centralizado en Villar de Cañas, en Cuenca, por falta de acuerdo entre las Administraciones. El nuevo plan contempla la construcción de siete almacenes temporales, uno para cada reactor nuclear.

Las compañías eléctricas se quejan de cubrir estos costes vinculados a sus residuos radiactivos con la ‘tasa Enresa’, y a la vez pagar a la Administración central otro impuesto sobre la producción y almacenamiento de combustible nuclear y residuos radiactivos (290 millones el año pasado) y también ecotasas autonómicas vinculadas igualmente a sus deshechos en Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana (por importe de 266 millones en 2024), según los datos recopilados por la consultora PWC. La Generalitat valenciana acaba de anunciar que dejará de aplicar su tasa regional (14 millones) y sólo Castilla-La Mancha mantenía a tipo cero su gravamen autonómico.

Además de estos impuestos, tasas y prestaciones patrimoniales, las centrales nucleares asumen de manera diferencial tasas específicas para costear de la vigilancia especial que hace la Guardia Civil en los reactores (salvo en los tres ubicados en Cataluña) por casi 20 millones el año pasado y tasa para financiar los trabajos del Consejo de Seguridad Nuclear por más de 36 millones.

El Gobierno se planta y avisa a las eléctricas de que no bajará las tasas a las nucleares porque sería una ayuda de estado ilegal

¿Quién pagará si no pagan las nucleares?

El Gobierno se muestra abierto a estudiar un eventual aplazamiento de los cierre de las nucleares si lo piden las compañías, a pesar de que no lo ven necesario. “En la actualidad no hay un solo estudio serio que diga que las nucleares son imprescindibles en España”, advertía Sánchez hace unos días. Pero sobre todo Moncloa reclama a las eléctricas que renuncien a su exigencia de rebaja de impuestos. Si las centrales nucleares dejan de asumir los pagos milmillonarios en concepto de impuestos estatales y por la tasa para la gestión de sus desechos radiactivos, el Gobierno entiende que tendría que trasladarlos al recibo de luz que pagan todos los consumidores. Y eso constituye una línea roja para el Ejecutivo.

El caso de la ‘tasa Enresa’ es diferente. Si se consigue alcanzar un acuerdo para alargar la vida de las nucleares y se postergan los cierres, el mayor tiempo de funcionamiento conllevaría una rebaja semiautomática de esta presentación. Cuanto más tiempo estén operativas las centrales más electricidad producirán que se destinará a alimentar el fondo que servirá para financiar el desmantelamiento de las centrales y la gestión de todos sus residuos radiactivos, así que se podrá rebajar la cuantía que las compañías abonan por cada megavatio hora producido.

Sin embargo, el Gobierno considera imprescindible para estudiar un aplazamiento de los cierres que el Gobierno asuma todos los costes previstos en el Plan General de Residuos Radiactivos. Si no, el Ejecutivo avisa de que sería una ayuda de estado ilegal para las eléctricas. Podrá bajar la cuantía de la tasa que se abona por cada megavatio hora de electricidad producida, pero el Ejecutivo exige que las compañías asuman íntegramente los 20.200 millones de euros que está previsto que cueste gestionar los residuos y desmontar las centrales hasta fin de siglo. 

Suscríbete para seguir leyendo