El independentismo reaviva el salario mínimo catalán que no aplicó cuando gobernaba

Corría el año 2019 y en la sede de la Cruz Roja de Barcelona el entonces vicepresident del Govern, Pere Aragonès, soltó un anuncio que pilló a contrapié a los máximos representantes de las patronales y sindicatos allí presentes: Catalunya necesitaba un salario mínimo interprofesional (SMI) propio. 

La reivindicación no era nueva entre las filas de ERC, pero sí era la primera vez desde que ocupaban posiciones de poder institucional que la planteaban. Ostentaba, por aquel entonces, la presidencia de la Generalitat Quim Torra (Junts) y la administración catalana estimó que ese SMI catalán debiere ser de 1.219 euros mensuales (el oficial para toda España era de 900 euros).  

Hoy, menos de un año después de que ERC haya abandonado la Generalitat de Catalunya, el independentismo vuelve a poner la reivindicación de un SMI propio encima de la mesa, con Junts y los republicanos registrando esta semana propuestas para modificar la legislación estatal y dar al Govern -que hoy preside Salvador Illa- competencias para impulsarlo.

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La potestad de fijar un umbral mínimo bajo el cual ninguna empresa puede pagar a sus trabajadores es exclusivamente del Gobierno. Lo era cuando Pere Aragonès lanzó la propuesta de un SMI catalán en 2019 y lo sigue siendo hoy. Sin embargo, desde la Generalitat se dispone de márgenes para impulsar hasta cierto punto un salario de referencia propio.

No vinculante, pero sí, por ejemplo, a través de las cláusulas de responsabilidad social de los contratos con la Administración. Algo que requiere que la Generalitat ponga de su bolsillo recursos propios y que durante los últimos años no ha sucedido.

Aunque a día de hoy cuánto costaría promocionar ese salario mínimo de referencia en Catalunya es una incógnita. Y es que incluso el mero estudio técnico para responder a esa pregunta fue rechazado por ERC en la negociación de sus últimos (y fallidos) presupuestos de la Generalitat, ante la falta de consenso que el concepto generaba en el seno de patronales y sindicatos. 

PSC y Comuns presionan por la reducción de la jornada y ERC reclama un salario mínimo catalán

Actualmente, la idea de desgajar y singularizar un salario mínimo para Catalunya genera rechazo rotundo en tres de los cuatro agentes sociales más representativos. Que podrían hacer suya la reivindicación y no pactar ningún convenio colectivo con salarios por debajo de esa referencia. Algo que no han hecho, en un contexto además de falta de entente entre los agentes sociales, con el Acord Interprofessional de Catalunya (AIC) caducado desde hace dos años.

Si bien Pimec y CCOO en algunos momentos se han mostrado abiertos a algún tipo de encaje de un SMI catalán, en los últimos meses han perfilado su postura claramente hacia el ‘no’, sumándose así a Foment del Treball que siempre ha sido contrario frontalmente a la misma (de la misma manera que ha rechazado siempre que los convenios colectivos catalanes pudieran tener primacía sobre los estatales). Únicamente la UGT se posiciona abiertamente a favor de un SMI catalán, superior a la media estatal y justificado por el mayor coste del nivel de vida en Catalunya.

Junts busca alimentar su perfil social

“Desde Junts per Catalunya, el pasado Día del Trabajo, el uno de mayo, teníamos un manifiesto muy claro: En Catalunya no se puede hablar de trabajo, ocupación, salario o pensiones sin tener en cuenta que el coste de la vida es un 7,6 % superior al resto del Estado y, por, tanto, hay que tener muy presente estos factores en cualquier reivindicación laboral, porque si defendemos salarios dignos, no podemos aplicar el mismo SMI que en el resto del Estado”, ha defendido este miércoles la senadora de Junts Teresa Pallarès. Y es que Junts ha registrado en la cámara alta una moción por la que se insta al Gobierno a revalorizar las pensiones y ajustar el salario mínimo interprofesional (SMI) conforme al coste real de la vida en cada comunidad autónoma.

En ese mismo Primero de Mayo que ha citado Pallarès se personó la diputada de Junts en Parlament Ennatu Domingo, que acudió a la manifestación convocada por CCOO y UGT en Barcelona y cuya principal reivindicación era la ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. A preguntas de los periodistas, Domingo rehusó pronunciarse sobre si su partido apoyaría o no dicha norma y pocos días después la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, publicitaba su voluntad de presentar una enmienda a la totalidad para vetarla.

“Buscan compensar su perfil social con esa propuesta de salario mínimo catalán”, sintetiza un viejo conocedor del mundo empresarial y sindical catalán. “En eso no tienen problemas de opinar diferente de las patronales”, añade, en alusión al argumento de Junts de que no apoya la reducción de jornada porque Foment y Pimec la consideran inviable. Uno de los diputados de Junts más activos y persistentes entorno a esa idea de SMI catalán es Joan Canadell, que ya en su época de president de la Cambra impusló estudios al respecto. “Un salario mínimo catalán nos hace más soberanos”, defendió el octubre pasado en el Parlament.  

Illa prometió estudiarlo

El pasado 31 de enero, el president Salvador Illa presentó su plan ‘Catalunya Lidera’, la hoja de ruta mediante la que quiere volver a situar a Catalunya como la locomotora económica de España. En la página 60 de dicho documento figura la siguiente referencia: “Impulso a la aplicación de un salario mínimo de referencia catalán (SMRC)”.  

El actual conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, tiene en su archivo un estudio sobre cuál debería ser ese salario mínimo de referencia: 1.371,5 euros brutos al mes (en 14 pagas). El documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, fue elaborado por el profesor de la UPF Sergio Canalda y las técnicas del Departament de Treball Gemma Ruiz y Raquel Espinós y le vino heredado de su antecesor, el republicano Roger Torrent. La estimación realizada es para 2024, así que sería preciso actualizarlo.  

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