Dos acusados del caso Cellex y albaceas de Pere Mir intentan impedir que la policía analice sus teléfonos

Dos de los imputados por el presunto desvío de 6,2 millones de euros de la Fundación Privada Cellex, el empresario Jordi Segarra y el reputado oncólogo Josep Tabernero, han presentado un recurso ante la Audiencia de Barcelona en el que se oponen a la decisión de la jueza de Barcelona de extraer el contenido de los teléfonos móviles y los dispositivos informáticos hallados en sus domicilios para que la policía pueda analizarlo, según el escrito judicial al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Estos encausados, junto con el también investigado Juan Francisco Capellas Canes, han solicitado en otro recurso igualmente presentado ante la Audiencia de Barcelona que se deje sin efecto la intervención judicial de la entidad porque, según detalla el escrito, simplemente cumplieron con la voluntad de su fundador, el empresario químico y mecenas Pere Mir, fallecido en 2017. La defensa de los imputados, ejercida por el abogado penalista Jorge Navarro, ha aportado documentación en la cual el industrial catalán dejaba por escrito sus voluntades y que estas fueran ejecutadas por Jordi Segarra, uno de sus hombres de confianza. Las investigaciones señalan a Segarra como el principal partícipe de las más de 16 operaciones consideradas por los Mossos irregulares.

En los domicilios de Segarra y de Tabernero, los Mossos se incautaron de teléfonos móviles y de, según la documentación judicial, "dispositivos de almacenamiento masivo". La defensa de estos dos imputados en la causa considera que ese "volcado" (así se denomina técnicamente la extracción y copia de datos) de datos es improcedente porque incumple los requisitos marcados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que son los "idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad". El mismo recurso explicita que, en caso de no aceptarse su tesis, solicita que ese volcado se haga en el juzgado y en presencia de la fiscalía y los abogados.

Los mensajes de Tabernero

El recurso señala que los indicios que se indican como tales para poder efectuar ese volcado no son tales y pone de relieve el "significativo" comportamiento de los Mossos respecto a los dispositivos de Tabernero. En este sentido, resalta que durante la entrada y registro en el domicilio de este médico "se ha podido acceder 'in situ' a su aplicación de comunicación WhatsApp Web, donde se han observado conversaciones de interés para la investigación". Según el abogado de los investigados, esta "sorprendente afirmación policial es reveladora tanto de esa sensación de legítimo poder omnímodo como de impunidad", lo que, a su entender, es un "exceso no previsto" en la actuación policial.

Por esta razón, el letrado avanza que reclamará al juzgado la expulsión del procedimiento judicial de "cualquier prueba relacionada con la aplicación de WhatsApp" de Tabernero debido a la "notoria vulneración del derecho a un proceso con garantías" y de defensa. El recurso recalca que "la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones es tan manifiesta como insólita" y precisa que "la actuación policial no puede ser inocua".

Casa y pago a las sobrinas

La defensa incluye más argumentos en su recurso y subraya que las operaciones presuntamente irregulares que se atribuyen a Tabernero ("cuya relevancia penal negamos categóricamente", destaca el abogado) "ya han sido ejecutadas y realizadas". Una de ellas es la donación de fincas y dinero por parte de la empresa Simex, administrada por Segarra, al médico y a la esposa de este. Esta donación incluía una vivienda y dos plazas de aparcamiento en el Vall d'Aran, en el término municipal de Salardú, unos bienes valorados fiscalmente en 642.000 euros, así como la entrega de 156.000 euros al facultativo y otros 156.000 a su esposa. En total: 954.000 euros. Los Mossos, no obstante, sostienen que el precio de mercado de la vivienda sería superior.

Otra de las operaciones presuntamente irregulares atribuidas a Tabernero se refiere a una donación de 550.000 euros al fundador de un instituto de investigación científica. La tercera está vinculada a las rentas vitalicias en favor de las sobrinas de la esposa de Pere Mir, Núria Pàmias, fallecida un año después que su marido. Estos pagos, incide la defensa, se hicieron siguiendo los designios del matrimonio y "se vienen produciendo de un modo transparente desde hace años". "No parece que las conductas atribuidas tengan una especial dificultad y han sido fácilmente identificadas", pues, "de hecho, se declaran ante las autoridades tributarias", alega el recurso. Por esta razón, el letrado considera que el "acceso a los dispositivos es más prospectivo que útil para la hipótesis policial." En el caso de Segarra también rechaza la comisión de delito alguno y no considera adecuado el volcado de su teléfono.