El Govern defiende que su pacto con Acciona rebaja de 1.400 a 492 millones de euros el coste de la privatización fallida de ATLL

La Generalitat de Catalunya finalmente pagará un total de 492 millones de euros para zanjar definitivamente el litigio con Acciona por la privatización fallida de la empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL). Esa será la factura final para las arcas públicas tras la adjudicación realizada en 2012 por el Ejecutivo entonces presidido por Artur Mas y que desencadenó una serie de capítulos judiciales a los que el actual Govern dio carpetazo con un acuerdo con la empresa cotizada, que renuncia definitivamente a nuevas reclamaciones.

La consellera de Economia, Alícia Romero, ha comparecido este miércoles en el Parlament para dar explicaciones sobre uno de los episodios más polémicos de la contratación pública catalana. El diputado de los Comuns David Cid lo ha definido como "el pufo más grande de la historia de la Generalitat" y finalmente le costará a las arcas públicas 492 millones de euros, a tenor de las cifras ofrecidas por la consellera.

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Podrían haber sido 1.394 millones de euros en el peor de los escenarios concebidos por el Ejecutivo, que ha defendido el acuerdo con la empresa ante el riesgo de perder otro juicio. Si el Tribunal Supremo le hubiera dado la razón a la Generalitat, hubieran ingresado 92 millones de euros y, en aras de no correr riesgos, Economia pactó con Acciona y zanjó así el litigio abonando 95 millones de euros, a pagar en cuatro años.

13 años de litigios

La factura de esta mal elaborada adjudicación -así lo han determinado los tribunales- equivale prácticamente a todo el presupuesto anual del servicio público de empleo catalán (SOC) o a un tercio de los recursos de las universidades públicas. Y su origen se remonta a 2012, cuando el Govern de Artur Mas, para tratar de lograr ingresos en plena Gran Recesión, sacó a concurso público la gestión del agua de los ríos Ter y Llobregat, que hasta entonces iba a cargo de una sociedad de propiedad pública.

A dicha licitación, valorada en 1.000 millones de euros, para gestionar -y lucrarse- durante 50 años de la gestión de esa agua se presentaron dos grandes corporaciones: Acciona y Agbar. La licitación finalmente la ganó la primera, pero la segunda presentó recurso por considerar que se habían producido defectos de forma en el proceso. Antes de que los tribunales resolvieran dichos recursos, la Generalitat decidió seguir adelante y firmar el contrato con Acciona.

"Ninguna administración firma un contrato si tiene un recurso interpuesto. […] Solo se puede entender por un tema económico, querían recibir el dinero para pagar nóminas", ha afirmado el secretario general de Economía, Juli Fernández. "En ese momento se hizo lo que se consideraba que se podía hacer", ha justificado el diputado de Junts Joan Canadell, que ha considerado que la comisión celebrada este miércoles en el Parlament "es ir hurgando en algo que ahora no toca" y ha defendido que "para pufo el que nos encontramos después del tripartito".

Polémica carta

Agbar continuó el litigio del que se benefició Acciona, que tras diversas sentencias judiciales favorables a sus intereses acabó recibiendo 397 millones de euros. En paralelo, la gestión de ATLL volvió a manos públicas por iniciativa del Govern -entonces presidido por ERC-. Al poco de asumir la presidencia Salvador Illa, el Ejecutivo llegó a un acuerdo con Acciona para evitar el juicio que iba a celebrar el Tribunal Supremo tras atender a un recurso de Acciona. Esta exhibió una carta firmada por los entonces consellers 'convergents' Santi Vila y Andreu Mas-Colell en la que reconocía explícitamente el derecho de Acciona a cobrar el dinero que había dejado de percibir al no poder explotar la licitación (lo que técnicamente se conoce como lucro cesante).

En base a esa carta, en la que se le reconocía explícitamente el derecho a percibir compensación, Acciona reclamó 997 millones de euros adicionales a los ya abonados a la Generalitat. Y el actual Govern decidió pactar, pagar 95 millones y evitar poder tener que abonar 10 veces más a esa cuantía. A las preguntas de ERC sobre por qué no se siguió adelante en el juicio, la consellera socialista ha justificado una estrategia de "minimizar riesgos y llegar a un acuerdo que perjudique lo menos posible a la ciudadanía".