Las empresas ante la nueva gobernanza europea

La integración en las Comunidades Europeas ha sido el acontecimiento más relevante en la historia moderna de España. Sus efectos sobre las competencias del Estado han supuesto una radical transformación en el ejercicio del poder político debida a la atribución de competencias al orden europeo. 

Este cambio profundo afecta de lleno a los ciudadanos y a las empresas que pasan a regirse por una instancia superior a la estatal. El nuevo orden somete a los ciudadanos europeos de manera directa. Tanto por los derechos y obligaciones que genera como por los procedimientos que intervienen en su creación. Desde la representación en el Parlamento Europeo hasta el efecto directo de gran parte de la normativa europea, por citar los dos más visibles. 

La consecuencia más evidente de esta nueva gobernanza es que el legislador y la Administración europeos son nuestros legisladores, nuestra Administración, sin intermediarios nacionales necesarios en la medida que dos de los colegisladores -el Parlamento Europeo y la Comisión Europea- representan directamente al ciudadano europeo, sin vincularlo o subordinarlo a la soberanía nacional.

Ciudadanía europea

A esta capacidad soberana directa se suma la fuerza decisiva de las otras formas del poder europeo a través de normas que requieren transposición nacional, el control judicial del Tribunal Europeo de Justicia, la competencia presupuestaria europea, los supervisores, el Banco Central Europeo, el control administrativo de la Comisión Europea…

Todo ello ha acabado por configurar una verdadera ciudadanía europea, complementaria a la estatal, y cada vez más determinante para el ejercicio de nuestra actividad social y económica. Sirvan como ejemplo algunas cifras que ilustran el peso de lo que se decide en Bruselas.

Durante 2024, 11 de las 24 leyes aprobadas por las Cortes Generales tuvieron su origen en la Unión Europea, bien porque transpusieron directivas comunitarias o porque modificaron textos legales para adaptarlos a reglamentos de la UE. Además, en el mismo año 2024, se adoptaron 84 reglamentos europeos cuya aplicación es directa en todos los estados miembros y se aprobaron 20 reales decretos destinados a la transposición de legislación europea. 

"Los gobiernos tienen la obligación de tener en cuenta a las empresas nacionales a la hora de definir una posición en el Consejo de la Unión Europea"

También en estos últimos años tras la crisis del coronavirus, el peso creciente de la financiación europea ha tomado un protagonismo excepcional. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos, se ha convertido hoy en el pilar central de la inversión pública en España.

Estas cifras nos dicen que Bruselas, el Washington europeo, debe centrar la atención de nuestro sector empresarial. La defensa directa de los intereses ante el legislador es una obligación insoslayable en un contexto muy competitivo y profesionalizado. Se trata -nada más, ni nada menos- de hacer llegar la perspectiva propia en el marco de los procesos normativos y de las consultas previas, indispensables para que la propuesta recoja la realidad sobre la que actúa. 

Los procesos europeos, razonablemente transparentes, necesitan que la conversación empresarial incluya todas las perspectivas para poder hacer finalmente un arbitraje equilibrado e inclusivo. Estar en la conversación, individualmente o como sector, es una necesidad para cualquier actividad económica regulada.

Esfuerzo y medios

Del análisis comparado de los datos oficiales del Registro de Transparencia de la Unión Europea, se deduce un esfuerzo de empresas, asociaciones y consultoras españolas por estar presentes en Bruselas, sin llegar a los niveles de Francia y por supuesto de Alemania, que destaca de lejos en todos los órdenes.

Otra cosa son los medios a disposición de las representaciones de intereses y sobre todo la presencia sobre el terreno. Con frecuencia, la inclusión en el registro es más para cumplir un requisito legal que para confirmar una presencia activa y permanente en la capital comunitaria.

Esta última reflexión, que afecta a nuestra capacidad colectiva de hacer valer nuestros intereses -como Estado miembro, como ciudadanos y como empresas-, debería también incluirse en una valoración de nuestra política europea, que necesita contar con el sector privado si quiere ser de verdad el producto de un esfuerzo colectivo y eficaz.

Los gobiernos tienen la obligación de tener en cuenta a las empresas nacionales a la hora de definir una posición en el Consejo de la Unión Europea. Pero no olvidemos la responsabilidad de empresas y actores privados de hacer valer sus intereses ante las instituciones europeas. Estas son, al igual que las nacionales, sus representantes o sus administradores y a ellas deben dirigirse para ejercer los derechos que les corresponden como ciudadanos europeos.