Carta conjunta del empresariado catalán a Sánchez contra la opa

Cambres de Comerç de Catalunya, Foment, Pimec, Cecot, Fira de Barcelona, Femcat, Col·legi d'Economistes, Barcelona Global y el RACC. La plana mayor de las organizaciones empresariales catalanas enviará este viernes una carta conjunta dirigida al Gobierno central para explicar sus argumentos para oponerse a la opa que el BBVA ha lanzado sobre el Banc Sabadell y para argumentar su "preocupación" ante la misma.

La carta llega en la misma semana en que el ejecutivo de Pedro Sánchez abría una consulta pública para que ciudadanos y empresas dén su opinión respecto a la operación. Fuentes conocedoras de la misiva explican que la iniciativa de la misma se encuentra en la Cambra de Comerç, que preside Josep Santacreu, y que está dirigida a Pedro Sánchez.

El documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se encontraba este mediodía en fase de pulir sus últimos detalles y recuerda problemas como la "excesiva concentración de poder empresarial y financiero", la voluntad de "preservar" el acceso al crédito de pymes y autónomos o prevenir la pérdida de ocupación y oficinas bancarias. La misiva también se refiere a la necesidad de "promover la atracción y retención de talento financiero" en los diferentes territorios y a la voluntar de "garantizar la cohesión social y territorial".

¿Quién gestó la idea de la consulta pública sobre la opa del BBVA al Sabadell?

El documento se detiene particularmente en la necesidad de descentralizar el poder económico y financiero del "centro peninsular", en referencia a Madrid. En este sentido, la carta cuestiona la promesa del BBVA de mantener una sede operativa en Catalunya: "La promesa de mantener una doble sede corporativa sería más simbólica que real, sobre todo a largo plazo, como muestran las experiencias de Santander y Bilbao en relación con los bancos que allí tuvieron su origen", expone.

El documento termina con una apelación explícita al presidente del Gobierno contra la operación financiera: "Es bajo esta perspectiva que entendemos el concepto de interés general, que nos motiva a dirigirnos al Gobierno de España, en la persona de su máximo representante, para que lo tenga en consideración cuando, en ejercicio de sus competencias, tome una decisión determinante".

En la carta, los nueve firmantes afirman que su opinión refleja "el sentir de un segmento muy mayoritario del tejido social y empresarial catalán, que obviamente es el principal afectado por esta operación".

Fuentes conocedoras del origen de la misiva explican que las entidades firmantes comenzaron a preparar el documento el pasado día 30, cuando se conoció el veredicto de Competencia en fase 2 sobre la operación. La CNMC aprobó un dictamen favorable a la opa que evitaba compromisos estructurales (la renuncia del BBVA a un área del Sabadell) y lo hacía por unanimidad, en lo que se leyó como un triunfo del banco de origen vizcaíno. Inicialmente, el documento se preparó como una respuesta a Competencia, pero el anuncio de Sánchez de organizar una consulta sobre la opa acabó redirigiendo la carta hacia su versión actual.

El Cercle, por libre

Cabe destacar, a este particular, que el Cercle d'Economia no se ha sumado a la iniciativa. Fuentes cercanas a esta institución explicaron a EL PERIÓDICO que trabajan en su propia propuesta. La idea del Cercle es centrarse en por qué la opa perjudica al interés general y, a diferencia de la misiva hecha pública este viernes, incluir en la misma qué compromisos compensatorios debe hacer el BBVA. La entidad que preside Jaume Guardiola hará público su posicionamiento en los próximos días.

Desde mayo del pasado año, cuando se conoció la opa, el empresariado catalán se ha alineado de forma unánime junto a las posiciones del Banc Sabadell. Lo propio han hecho los sindicatos y la práctica totalidad del arco parlamentario, tanto el catalán como el del conjunto de España. Los principales argumentos que han esgrimido son el temor a una caída del crédito en los sectores productivos y la preocupación ante la posible desaparición de un centro de poder en Catalunya. También citan la previsible destrucción de ocupación, ya que se calcula que entre 5.000 y 10.000 trabajadores perderán su empleo.