Foment rechaza la creación de los patrulleros para prevenir accidentes laborales que plantea el Govern

Foment del Treball ha manifestado su rechazo al plan de choque contra la siniestralidad laboral anunciado por el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, este pasado lunes. La directora de relaciones laborales de la patronal, Yèsika Aguilar, ha criticado la propuesta del Govern de crear un cuerpo de técnicos de prevención que patrullen, por parejas, las pymes catalanas en busca de fallos en el sistema de seguridad laboral. Ya que considera que ello genera duplicidades con el cuerpo de inspectores de Trabajo y que derivará en inseguridad jurídica para con las empresas.

El anunciado plan de choque del conseller Sàmper contra la siniestralidad-una de las pocas medidas en materia laboral que ha presentado la conselleria en casi el año que va de legislatura- queda en el aire tras el desmarque de la histórica patronal. El titular de la cartera de Empresa i Treball pretendía dar un golpe de efecto ante el repunte de los siniestros mortales y poner encima de la mesa medidas consensuadas con los agentes sociales para atajarlo. No obstante, tras las primeras reuniones mantenidas con patronales y sindicatos, tal consenso -que desde la conselleria daban casi por seguro- parece que no será posible.

Trabajo se abre a retrasar la reducción de jornada a las pymes para sumar el apoyo de Junts

La reivindicación de crear un cuerpo de delegados territoriales de prevención para llegar a aquellas pequeñas y medianas empresas donde los sindicatos no tienen representación es una vieja reivindicación de las centrales. Más concretamente de la UGT, cuya antigua secretaria de política sindical, Núria Gilgado, es hoy directora de relaciones laborales de la Generalitat.

Desde la Generalitat anunciaron un plan de choque contra los accidentes laborales -en Catalunya murieron a lo largo de 2024 un total de 101 personas en el trabajo-, si bien únicamente concretaron como medida la creación de un programa piloto para introducir una docena de técnicos de prevención que visitaran a lo largo del año unas 1.000 empresas catalanas. El consenso con los agentes sociales para desplegar dicho cuerpo es elemental, ya que la idea era que de esos 12 técnicos, seis los escogieran CCOO y UGT y los otros seis Foment y Pimec.

Desde la histórica patronal no se han mostrado en contra de concretar un plan de choque contra la siniestralidad, sino más bien al contrario, pero consideran que el presupuesto del que pueda disponer la administración catalana haría bien en destinarlo a actuaciones que no generaran duplicidades. Por ejemplo, solicitando más plazas para la propia Inspección de Trabajo -un proceso, no obstante, largo e incierto, ya que depende del Gobierno central y puede tardar años en cubrirse una plaza de nuevo funcionario- o invirtiendo ese dinero en el Institut Català de Seguretat i Salut Laboral.

La incertidumbre sobre la reducción de jornada frena los convenios

El equipo del departamento de relaciones laborales de Foment ha comparecido este jueves para presentar su tradicional informe sobre mercado de trabajo, que elabora cada trimestre. En el mismo han analizado, entre otros, los impactos que está generando la incertidumbre en las empresas entorno al proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

Un proyecto de ley que este martes el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros y remitió al Congreso para su aprobación, que a día de hoy no está para nada clara, dados los múltiples detractores dentro y fuera de la Cámara de los que cuenta. Foment es uno de ellos -uno de los más notoriamente activos- y ha prometido mantener y multiplicar sus contactos con los grupos políticos para hacer descarrilar la ley.

Con la mirada especialmente puesta en Junts, cuyos votos son determinantes y que, por el momento, han prometido a Foment que irán para el 'no'. Si bien en el seno de la patronal catalana existe cierto escepticismo sobre si los posconvergentes acabarán o no cumpliendo su palabra.

A la espera de cuál es el resultado y si todas las empresas deben reajustar sus calendarios laborales para reducir la jornada de todos su trabajadores a las 37,5 horas semanales a partir del 1 de enero de 2026, Foment ha alertado de las distorsiones que ello está generando en la renovación de convenios.

Según los datos presentados, en Catalunya este año se han firmado un 9,6% menos de convenios de los que se habían firmado el año pasado para estas fechas. Tendencia compartida con el conjunto de España, donde se han firmado un 6% menos de convenios entre patronales y sindicatos. "La incertidumbre que tenemos en la negociación colectiva está frenando las negociaciones", ha sintetizado Aguilar.

Desde Foment han insistido en su rechazo a reducir por ley la jornada, ya que lo consdieran una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores. En este sentido, han destacado que algo más de un tercio de los asalariados catalanes ya tienen jornadas pactadas en 37,5 horas semanales o menos y que casi el 90% opera menos de 40 horas semanales -el actual límite legal-.

“Los datos dejan claro el sitio donde tiene que estar la reducción de jornada, que es la negociación colectiva que tiene capacidad de ordenarse”, ha afirmado el presidente de la comisión de asuntos laborales de Foment, Luis Pérez. Versión contrapuesta a la que sostienen los sindicatos. Desde la UGT de Catalunya presentaron recientemente un cálculo según el cual, si se deja a la inercia de la negociación colectiva, la jornada media tardaría 30 años en bajar a las 37,5 horas semanales.