OPA

Economía analizará en detalle el informe de CNMC sobre la opa de BBVA para tomar decisión

Competencia ha subordinado la operación de compra del Sabadell por parte de BBVA al cumplimiento de compromisos o condiciones

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 30 de abril de 2025, en Madrid (España). Durante su comparecencia, los ministros han defendido la ges

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 30 de abril de 2025, en Madrid (España). Durante su comparecencia, los ministros han defendido la ges / Alberto Ortega - Europa Press

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ministerio de Economía ha insistido este miércoles en que analizará "con rigor y detalle" el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que aprueba la oferta de compra de BBVA sobre Banc Sabadell para tomar una decisión al respecto.

Fuentes del departamento que dirige Carlos Cuerpo piden "máxima prudencia" hasta contar con toda la información y llevar a cabo ese análisis para resolver la duda de si el Ministerio de Economía elevará en el plazo de 15 días la decisión al Consejo de Ministros.

Como estaba previsto, Competencia ha subordinado la operación de compra del Sabadell por parte de BBVA al cumplimiento de compromisos o condiciones, por lo que su resolución no es firme ni pone fin a la vía administrativa hasta que el ministro de Economía dé su visto bueno.

En el caso de que Cuerpo decida elevar el tema al Consejo de Ministros, lo que muchas veces se dio por descontado dada la oposición del Gobierno a la operación, se abriría un plazo de un mes para que el Ejecutivo decida si confirma la resolución de la CNMC o se inclina por autorizar la concentración con nuevas compromisos.

La ley de defensa de la competencia de 2007 deja claro que estas condiciones deberán estar debidamente motivadas en razones del interés general distintas de la defensa de la competencia, como la seguridad nacional, la protección del medioambiente o la promoción de la innovación, por ejemplo. No existe precedentes en los que el Gobierno haya endurecido las condiciones de compra de una fusión.