El Govern lanza un concurso de 200 millones para conectar sus colegios, hospitales o comisarías a la fibra óptica pública

Tras pregonar su intención de que todos los municipios de Catalunya tengan acceso a la red pública de fibra óptica, el Govern de la Generalitat da un segundo paso en esta dirección. Lo hará lanzando tres concursos para encontrar a quien les ayude a conectar a esta red a todo servicio, sede y equipamiento público. Se refieren a las escuelas, hospitales, CAPs, comisarías o parques de bomberos, por ejemplo. Es un paquete valorado en 200 millones de euros en total, y lo definen como “la mayor operación de conexión tecnológica y digital de estos servicios y equipos públicos”.

Son tres contratos. Uno valorado en unos 152 millones de euros para que una empresa gestione el servicio de conectividad de punta a punta, incluyendo la instalación en las sedes y el apoyo al tendido del cable o a las tareas para desplegar la red de acceso. El segundo, de 33 millones, será para hallar a quien se ocupe del mantenimiento y la operación de la infraestructura. Y el último, de 15 millones, para acompañar la migración hacia este nuevo modelo de conectividad corporativo.

La propuesta –cuentan desde el Govern– ha recibido “mucho interés por parte del sector”, a cuyas empresa se informó en un encuentro en el que participaron un centenar de ellas a principios de mes.

El objetivo final es que estas sedes públicas puedan navegar a mayor velocidad sin tener que aumentar el gasto, desplegar nuevos servicios de forma más ágil, automatizar ciertas operaciones y sostener mucho mejor la llegada de nuevas tecnologías como el 5G o lo que se conoce como ‘edge computing’ (que el procesamiento de los datos no tenga por qué ocurrir en almacenes alejados, sino en el mismo dispositivo que los capta). También mejorar los niveles de ciberseguridad y, por supuesto, el ahorro económico.

Ahorro previsto y calendario

Según cálculos del Govern, con este modelo, el gasto corporativo asociado a estas cuestiones descendería un 40%, pasando de los 32 millones de euros previstos para 2025, a algo menos de 19 millones de euros en 2031.

Es entonces cuando se prevé que estén terminados los trabajos relacionados con este concurso. Si todo va bien, la adjudicación sucederá durante el cuarto trimestre de este año y empezará a ejecutarse paulatinamente a partir de febrero del 2026. La tarea es haber conectado los más de 6.000 equipamientos en 2031, aunque la primera prueba de fuego será llegar al final de esta legislatura (2028) con unos 3.300 ya enchufados. Empiezan con 750 sedes ya en esta situación.

“La conectividad del conjunto del país es una prioridad del Govern”, asegura el conseller de presidencia, Albert Dalmau, que enfatiza sobre todo la seguridad y la simplificación de estos 6.000 contratos que ahora tiene cada sede en uno solo como las principales ventajas del cambio. “Es este camino a doble velocidad con el que, por un lado, extendemos la red para llegar a todos los municipios y que las diferentes operadoras puedan utilizarlo como una plataforma para extender la conectividad a todos los hogares, pero también damos un salto en materia de conectividad para conectar estas más de 6.000 sedes a una red propia, con lo que eso significa en seguridad, reducción de costes y en garantías de prestación de servicios”, concluye.