Generalitat de Catalunya
Treball redobla las inspecciones a las empresas que despiden a empleados durante su periodo de prueba
La autoridad laboral sospecha de un incremento de compañías que aprovechan esta herramienta legal para contratar a personal durante un tiempo y luego despedirlos gratis
Más de la mitad de los nuevos contratados es despedido o dimite antes de cumplir un año

Trabajadora en una oficina. / Manu Mitru


Gabriel Ubieto
Gabriel UbietoRedactor
Periodista de economía, centrado en el mercado laboral. He crecido como redactor en El Periódico, antes hice prácticas en La Vanguardia y escribí durante seis meses desde Chile para Hemisfèria.cat. Ganador del premio Ramon Barnils (2015) por el reportaje "Els ultres prenen partit".
La Inspecció de Treball de la Generalitat de Catalunya ha iniciado una campaña para perseguir a las empresas que hacen un uso fraudulento del periodo de prueba y lo aprovechan para despedir gratis a sus empleados. La policía laboral redobla así su vigilancia sobre uno de los resquicios existentes en la normativa y al que desde la entrada en vigor de la reforma de 2021 se agarran algunas compañías para sustituir los contratos temporales de los que venían tirando para complementar sus plantillas.
La directora general de la Inspecció de Treball, Laura Freixas, ha explicado este martes en un encuentro con periodistas que su departamento ha iniciado desde este mes de abril una campaña específica contra los despidos durante el periodo de prueba. Estos representan una parte minoritaria del total de bajas a la Seguridad Social que se producen cada mes, pero su número se ha disparado durante los últimos años. Hasta el punto de que las extinciones por este motivo se han duplicado respecto a antes de la reforma laboral.
Lo habitual cuando un trabajador es contratado en un nuevo trabajo es que empiece con un periodo de prueba. Un lapso temporal que –en teoría- se habilita para certificar que ese profesional se adecua al puesto requerido. Durante el mismo rige un régimen especial y en cualquier momento y sin justificación extensa ni preaviso previo la empresa puede decidir finalizar la relación laboral. Simplemente aduce que esa persona no se adecua a las expectativas y lo puede finiquitar sin pagarle indemnización.
Ese periodo de prueba tiene una duración determinada, en función del perfil y el nivel de formación del puesto. A mayor cualificación, más tiempo de periodo de prueba. La duración exacta se suele regular vía convenio colectivo y nunca podrá superar los seis meses. La Inspección sospecha que algunos empresarios aprovechan ese lapso temporal de hasta seis meses para fichar a alguien con un contrato indefinido y expectativa de perdurar, pero que realmente solo lo quiere para reforzar durante unos pocos meses la plantilla. Y justo antes de que acabe el periodo de prueba lo despide gratis.
Durante el 2024 se produjeron un total de 10,4 millones de bajas a la Seguridad Social de trabajadores que estaban con un contrato indefinido. Algunas de estas fueron por la dimisión de empleados, otras porque se cogieron una excedencia, otras por fallecimiento, otras porque el trabajador se jubilo y otras por despido. De ese total de 10,4 millones de bajas, 2,7 millones correspondieron a bajas no voluntarias. Y, entre estas, 713.414 fueron por no superar el periodo de prueba, según los datos mensualmente actualizados por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Es decir, más de uno de cada cuatro trabajadores con un contrato indefinido, más concretamente el 26,2%, despedidos durante el año pasado fueron cesados por no superar el periodo de prueba. Un porcentaje que en 2019, antes de la entrada en vigor de la última reforma laboral, era del 11,8%.
La reforma laboral del 2021 buscaba, eminentemente, reducir la temporalidad y para ello restringió la capacidad de las empresas de firmar este tipo de contratos. Ante esas nuevas limitaciones normativas, algunas empresas están recurriendo a ese fraude con el periodo de prueba para cubrir lo que antes cubría con un contrato temporal. Y desde la Inspecció de Treball se disponen a perseguirlo, en coordinación con la Inspección de Trabajo a nivel estatal, que también ha anunciado campañas específicas a este respecto.
Una herramienta que utiliza la autoridad laboral para perseguir este tipo de fraude es la inteligencia artificial. Cruzando datos de altas y bajas de la Seguridad Social, los inspectores pondrán el foco en aquellas empresas sobre las que les alerten los algoritmos si detectan que se produce bajas reiteradas por no superar el periodo de prueba.
Récord de multas en 2024
El principal hándicap con el que se encuentra la Inspección para llegar a ese y el resto de potenciales fraudes es su escasa dotación de personal. En Catalunya hay 307 agentes de la Inspección, entre el cuerpo estatal y el autonómico. Lo que deja un saldo de un agente por cada 12.377 ocupados, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda una ratio de 1 por cada 7.000.
Pese a ese déficit, en 2024 la autoridad laboral catalana batió su récord de sanciones interpuestas, con un total de 33.392 expedientes –sobre un universo de 347.514 empresas con trabajadores- que derivaron en 49,4 millones de euros en multas.
La ciudadanía cada vez es más consciente de sus derechos laborales o se ve con mayor coraje para denunciar situaciones de presunto abuso y el número de denuncias recibidas por el cuerpo durante el año pasado creció un 9%, hasta un total de 11.786 denuncias.
Con los recursos disponibles, las actuaciones que mayor importe en sanciones levantaron se focalizaron en aflorar economía irregular (14,3 millones de euros en sanciones), falta de prevención que derivó en accidentes de trabajo (9,2 millones) y abusos en materia de tiempo de trabajo, ya sea por horas extras impagadas o por falta de registro de jornada (3,6 millones).
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