Por qué el Plan de Rearme Europeo no mantiene una coherencia económica, según el CEPS

Entre mediados de 2022 y mediados de 2023, más del 60% del material militar adquirido por los Estados miembros de la UE procedía de empresas estadounidenses, reportaba el informe Draghi. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, llegó a elevar esa cifra al 80%, teniendo en cuenta que muchas empresas europeas de armamento necesitan comprar instrumentos provenientes de EEUU. 

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En paralelo, la Unión Europea acelera su agenda de rearme tras publicar el pasado mes de marzo el Libro Blanco sobre la Defensa Europea. El documento plantea una hoja de ruta en este ámbito e incluye el Plan Rearm Europe 2030, que prevé un gasto de más de 800.000 millones de euros en defensa.

A pesar de los avances, el documento no resuelve una pregunta clave: cómo financiar una defensa común sin depender de actores externos. Es lo que alerta un nuevo informe del think tank CEPS (Centro de Estudios de Política Europea, por sus siglas en inglés), a cargo de los investigadores Judith Arnal y Steven Blockmans, donde destaca que la dependencia europea al sector de defensa de EEUU no sólo se limita a términos tecnológicos, sino también económicos.

El equipamiento estadounidense es más asequible porque su sector está más concentrado y coordinado. En cambio, la industria europea está fragmentada y responde a lógicas nacionales: cada Estado compra a sus propias empresas. “Los mercados de defensa son casi monopsonios —con los Estados como principales compradores— y, en la UE, cada Estado miembro tiende a comprar a sus propias empresas nacionales” describe el informe, lo que reduce la eficiencia y complica la interoperabilidad entre ejércitos.

¿El problema? Que si la UE quiere reforzar su capacidad defensiva en el corto plazo, tendrá que seguir recurriendo a proveedores no comunitarios. Una contradicción que puede frenar la construcción de una base tecnológica e industrial propia, que permita reducir la dependencia exterior a medio plazo, advierte el CEPS. A este riesgo, los investigadores añaden a la lista otros cuatro.

1. El uso inapropiado de las cláusulas de salvaguarda fiscal

Las cláusulas de escape fiscales, tanto generales como nacionales, fueron concebidas para situaciones excepcionales —como recesiones severas o catástrofes naturales— y no para cubrir aumentos permanentes del gasto, como el rearme europeo. Utilizarlas para absorber el incremento estructural del gasto en defensa supone desvirtuar su propósito original y pone en riesgo la credibilidad de las nuevas reglas fiscales europeas antes incluso de que entren en vigor.

Además, estas cláusulas tienen una duración limitada (cuatro años), lo que introduce incertidumbre sobre cómo se financiará la defensa más allá de ese plazo. También genera tensiones entre países: Estados como Polonia, que ya dedican más del 4% de su PIB a defensa, consideran injusto que otros puedan ahora aumentar su gasto con mayor margen presupuestario.

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2.Un enfoque financiero débil, y sin visión a largo plazo

El plan financiero de la Comisión se basa en una suma de medidas parciales y temporales: flexibilización fiscal, préstamos, reasignación de fondos y recursos limitados del BEI. Sin embargo, no hay una reforma estructural del marco fiscal europeo que permita sostener a largo plazo el esfuerzo militar.

El informe del CEPS propone una “regla de oro” fiscal: una norma que permita excluir del cálculo del déficit parte del gasto en defensa, siempre que cumpla ciertos criterios. Esta medida ayudaría a dar estabilidad a la inversión militar, aunque no compensaría las asimetrías entre países que ya han hecho esfuerzos previos sin contar con esas facilidades fiscales.

3. El predominio de préstamos sobre transferencias

El instrumento SAFE, dotado con 150.000 millones de euros en préstamos, ofrece cierto alivio financiero a países con menor margen fiscal, como Italia, España o Francia. Pero no resuelve el problema de fondo: la ausencia de una política de defensa verdaderamente común. Al financiarse a través de deuda nacional, se perpetúa un enfoque fragmentado y se ignoran los riesgos de divergencia en la capacidad de inversión.

Además, en un contexto de alta deuda pública, este modelo podría generar tensiones en los mercados financieros, como demuestra la subida de la prima de riesgo en algunos países tras el anuncio del paquete militar alemán. "Con ratios de deuda pública sobre PIB superiores al 100%, la mayoría de los Estados miembros tiene una capacidad limitada para aumentar el gasto en defensa" señalan los investiagdores. La alternativa que proponen sería un esquema basado en transferencias y financiación comunitaria, pero el actual clima político lo hace improbable.

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4. Expectativas poco realistas sobre la financiación privada

El informe es claro: la defensa seguirá siendo una responsabilidad esencialmente pública. Confiar en el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que tiene vetado invertir directamente en actividades militares, es una apuesta limitada. "Si bien el BEI puede contribuir indirectamente al ecosistema de defensa en general —por ejemplo, financiando tecnologías de doble uso o infraestructuras críticas—, su mandato prohíbe explícitamente la inversión en actividades militares" explican desde el CEPS.

Y esperar una movilización masiva de capital privado a través de la Unión de los Mercados de Capitales (UMC) tampoco es viable, debido al perfil de riesgo, las implicaciones éticas y los criterios ESG que rigen la inversión institucional.

Autonomía estratégica aún lejana

“El despertar europeo en materia de defensa es real, pero sigue siendo frágil”, concluye el texto. Las medidas anunciadas en el Libro Blanco de Defensa Europea van en la dirección correcta, pero le falta músculo fiscal, cohesión industrial y, sobre todo, una visión común. "Si la defensa europea quiere ser creíble, no puede financiarse con improvisaciones ni con esperanzas depositadas en los mercados" destacan los autores del think tank.