Los economistas catalanes llaman a apurar el 'alto al fuego' y tratar de evitar la guerra comercial con Trump

Casi tres de cada cuatro economistas catalanes colegiados considera que la mejor respuesta a la guerra comercial iniciada por Donald Trump por parte de la Unión Europea (UE) debe ser apurar las negociaciones y tratar de llegar a un acuerdo antes de pasar al intercambio de golpes y empezar a responder con aranceles sobre aranceles.

Una holgada mayoría también señala que, al margen de los frutos que den esas conversaciones, el Viejo Continente debe empezar a estrechar sus lazos comerciales con Latinoamerica, Canadá y Asia para diversificar sus riesgos y reducir su dependencia de determinados productos de su hasta ahora socio estadounidense.

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El Col·legi d'Economistes de Catalunya ha presentado este viernes su barómetro trimestral un día después de que la Casa Blanca anunciara una tregua de 90 días en la imposición de nuevos aranceles a la gran mayoría de países, excepto China. "Incluso desde Estados Unidos están dudando de si las políticas de Trump son las adecuadas", ha afirmado el decano, Carles Puig de Travy.

Y es que la opinión ampliamente mayoritaria de los economistas colegiados es que las barreras anunciadas y todavía no ejecutadas por el presidente estadounidense serán claramente perniciosas para la economía mundial. Concretamente, ocho de cada 10 encuestados consideran que tendrá un efecto negativo o muy negativo.

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Para evitarlos, el consenso entre los economistas es agotar las vías negociadoras. Y es que si el 'alto al fuego' en la guerra comercial con Trump se rompe, no existe un consenso sobre cuál sería la mejor respuesta ya en clave 'bélica'.

El 43% de los encuestados piensa que hay que responder al fuego con fuego y equiparar al mismo nivel los aranceles europeos a los estadounidenses en materia industrial. Otro 35% piensa que hay que centrarse en proteger los servicios financieros y digitales con medidas proteccionistas y un 29% es partidario de elevar, en general, todos los gravámenes a las mercancías estadounidenses.

Aplauso al plan de Illa

Desde el Col·legi d'Economistes han aplaudido el plan de 1.500 millones de euros anunciado esta semana por el president Salvador Illa como respuesta a la guerra comercial de Trump. "Lo bueno es que las medidas han sido rápidas... Dentro de las capacidades de la Generalitat. Es evidente que no compensarán todos los efectos", ha afirmado el decano.

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Mayoritariamente los colegiados, sin conocer el plan de Illa antes de manifestar su opinión -ya que la encuesta fue previa-, ya se mostraron favorables a varias medidas que este incluye. El 87% de los encuestados cree prioritario que las administraciones promuevan la diversificación de mercados, gasten dinero en campañas de promoción de ciertos bienes potencialmente afectados por los aranceles y busquen cerrar nuevos acuerdos comerciales con otros países.

Excepto el último punto, que no es competencia de la Generalitat, los dos primeros están incluidos en el plan del Govern, que principalmente se basa en dar ayudas a las empresas que abran filiales en el extranjero, así como reforzar la estructura de la agencia pública Acció para ayudar a las compañías a buscar otros mercados.

División entorno al IRPF y el SMI

Durante las últimas semanas dentro del Gobierno ha habido una pugna sobre si aquellas personas que percibieran ingresos equivalentes al salario mínimo interprofesional (SMI), 1.184 euros brutos al mes, debían tributar IRPF o no. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, era partidaria de no modificar el actual mínimo exento y que parte del incremento del SMI aprobado este año se lo cobrará el erario público.

Por el otro lado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, era partidaria de seguir elevando el mínimo exento y que los perceptores del SMI se llevaran íntegro el incremento. Finalmente la divergencia se saldó con una cierta tregua y Hacienda concedió una prórroga de un año y este ejercicio todavía los perceptores del SMI no pagarán nada de IRPF.

Sobre esta materia no existe consenso entre los economistas. Un 54% considera que el SMI sí debería estar sujeto a IRPF, entendiendo que la cuantía ya es lo suficientemente elevada como para obligarles a contribuir, además de que elevar el mínimo exento también resta ingresos al Estado del resto de contribuyentes que perciben más de esa cifra. Mientras que otro 39% piensa que no, dado que el suelo salarial no debería tener gravamen. Luego un 7% restante declinó posicionarse.