Consumo plantea multar con un millón de euros a la inmobiliaria Alquiler Seguro / Lloguer Segur por prácticas abusivas

La inmobiliaria Alquiler Seguro (conocida en Catalunya como Lloguer Segur) se enfrenta a una posible sanción de más de un millón de euros por parte del Ministerio de Consumo por imponer el pago de honorarios a los inquilinos, una práctica prohibida por la legislación. En concreto, el departamento que dirige Pablo Bustinduy ha abierto un expediente sancionador a la empresa por supuestas prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, y está investigando, además, a otras compañías similares por cobrar comisiones ilegales y obligar a los inquilinos a contratar servicios no solicitados, según ha confirmado este jueves el mismo ministro en una visita en Barcelona, donde ha animado a los inquilinos a seguir denunciando este tipo de casos.

Denunciadas una treintena de inmobiliarias por saltarse la nueva ley de vivienda

Consumo empezó a investigar estos casos el pasado mes de octubre y, según ha resaltado Bustinduy, "el proceso continúa abierto respecto a otras inmobiliarias que también podrían haber cometido estas u otras prácticas". Fueron las asociaciones de consumidores Facua, CECU y OCU, junto con el Sindicat de Llogateres, quienes pusieron las primeras denuncias contra estas prácticas, que dejaron de ser legales con la entrada en vigor de la ley de vivienda. Hasta entonces, era común que esos gastos (en concreto, la comisión que se pagaba a la agencia) fueran asumidos por el arrendatario o por ambos, ha recordado la OCU en un comunicado, en el que también celebra la decisión del ministerio.

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Según Facua, Alquiler Seguro obligaba a los inquilinos a abonarles el equivalente a un mes de renta más el 21% de IVA, cobro que justificaba en la prestación de un "servicio de atención al arrendatario". La organización de consumidores asegura que la inmobiliaria les ha contactado para asegurarles que, tras su denuncia, ha dejado de imponer la contratación del servicio y que, una vez visitado el inmueble, facilita a los usuarios que no quieren contratarlo los datos de contacto del propietario de la vivienda. "Sin embargo, la dirección general de Consumo habría constatado en los últimos meses una serie de irregularidades que la han llevado a incoar el expediente sancionador a la empresa", indica en un comunicado.

La inmobiliaria dice que la multa no es firme

No es esta la versión que da Alquiler Seguro, que sostiene que las condiciones que ofrece a propietarios e inquilinos son públicas y se pueden consultar en su web. "Los gastos de gestión y formalización del contrato recaen exclusivamente en el arrendador, como viene recogido en el contrato de prestación servicios", indica la compañía. "Todavía no conocemos el alcance del expediente ni los asuntos específicos a los que hace referencia", ha explicado en este sentido el director general de la firma, David Caraballo.

"Estamos abiertos a colaborar con Consumo, e insistimos en recordar en que se trata de un proceso que acaba de comenzar y no de una sanción firme. Analizaremos con detalle la propuesta del ministerio para decidir si debemos introducir alguna modificación", ha señalado Caraballo, que ha insistido en que sus servicios son auditados periódicamente por firmas externas y que "son transparentes, públicos y voluntarios".

Infracciones desde 100.000 euros

Las demás denuncias presentadas al amparo de la nueva ley hablan de infracciones como el pago de una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratar servicios no solicitados por el inquilino. En este sentido, el ministro de Consumo ha recordado que la ley de vivienda prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. Estas cláusulas o prácticas podrían ser constitutivas de infracciones que, según la ley de defensa de los consumidores, podrían calificarse como graves o muy graves.

En caso de ser consideradas infracciones graves, las multas podrían ser de hasta 100.000 euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. Si se calificaran como muy graves, las multas podrían llegar hasta un millón de euros, pudiéndose superar esa cantidad hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.

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Otras inmobiliarias denunciadas en su momento fueron Engel&Volkers, Alfa Inmobiliaria, Housingo, MC Property, Spanish Home, Andrés Carro Propiedades, Servicheck, HMS Real State, Oh my place, NSH, Galota, Solfai, Modus Home Realtors, Hernán Inmobiliaria, Aruncy2, Adamas Home, Inmogest, Centro Histórico Real State, Aureo Home, Consul Inversiones y Patrimonio, Homelogic y Smart Inmobiliaria.

El Sindicat de Llogateres sigue insistiendo en que la mala praxis Alquiler Seguro "no es un caso aislado". "Las inmobiliarias aprovechan de forma generalizada la vulnerabilidad de los inquilinos para imponer cláusulas abusivas, como honorarios o la contratación obligatoria de servicios no solicitados", denuncia la entidad, que asegura que "las leyes y sanciones aprobadas hasta ahora no han servido para detener esta estafa a gran escala". "Cada semana nos llegan casos con el mismo patrón", denuncia el Sindicat, que menciona la situación de "una administradora de fincas de Barcelona que se vio obligada a devolver más de 200.000 euros cobrados ilegalmente a sus inquilinos" por estas prácticas abusivas.