Los interinos en fraude que saquen plaza por la vía ordinaria también tienen derecho a indemnización

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha reconocido el derecho a cobrar una indemnización a una interina que estuvo años en fraude y que, posteriormente, logró sacarse una plaza vía oposición ordinaria.

La normativa contempla que los interinos que sean cesados cobren una compensación, si bien la justicia también ha ido reconociendo el derecho a la misma aunque los eventuales sigan ligados a la Administración de forma fija. Ahora el tribunal catalán da un paso más allá y avala que no solo cobren indemnización los eventuales que se hayan estabilizado a través de los macro procesos extraordinarios, sino también a través de los ordinarios.

La sentencia, resuelta el pasado 21 de febrero y a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, falla a favor de una profesora de educación infantil de la Generalitat de Catalunya, que entró como interina en 2008 y permaneció 14 años en la misma plaza como tal hasta que logró estabilizarse en 2022, superando una oposición.

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Es por ello que el TSJC avala que la docente se lleve un pago de 20 días por año trabajado, con tope de 12 mensualidades; las cuantías que establece la ley. De media, en la Generalitat los interinos que han sido cesados y se han llevado compensación han ingresado unos 10.900 euros.

Debate en los tribunales

"Es una sentencia pionera de un TSJ, ya que hay muchas de otros territorios que no lo reconocen así. El Tribunal Supremo deberá decidir", explica el abogado de la docente y especializado en litigios de interinos, Pau Martí.

Antes de que las diferentes administraciones pusieran en marcha las macro regularizaciones de interinos en fraude, a raíz de la 'ley Iceta' de 2021, ya existían procesos ordinarios de estabilización. 

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No obstante, y dada la persistencia de grandes bolsas de temporales que estos no lograron reducir, el Ejecutivo se vio forzado -sentencias del TJUE mediante- a aprobar esos mecanismos extraordinarios. Mecanismos, por otro lado, que la misma justicia ha avalado, pero a su vez considerado suficientes. Lo que no descarta que el Gobierno deba volver a introducir cambios en su normativa.  

La docente ganó la oposición ordinaria y estabilizó la plaza que venía ocupando desde hacía años como interina. Interina que reunía, por antigüedad y persistencia en el mismo puesto, los requisitos para ser reconocida en fraude, según luego estableció la ley. Fraude que, además, fue explícitamente reconocido cuando esta trabajadora pública denunció su situación ante los juzgados y estos le reconocieron la condición -previa a ganar la oposición- de 'indefinida no fija'.

"Que la nueva contratación sea para el mismo puesto de trabajo es un punto irrelevante, ya que lo esencial es la extinción contractual", insiste el TSJC. Los magistrados catalanes recuerdan la reciente sentencia del Tribunal Supremo que avaló que los interinos cobren indemnización si son cesados u obtienen plaza tras haber encadenado varios contratos con un mismo empleador. Es decir, que el hecho de ir sumando contratos no interrumpe la relación laboral ni priva del derecho al interino de presentar reclamación una vez termine el último.

Pendientes del Supremo y Europa

La litigiosidad en relación a la eventualidad en la Administración está lejos de acabarse, por más que los diferentes organismos, tal como contempla la ley, hayan finalizado sus respectivos procesos de regularización el año pasado. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, en toda España han sido estabilizadas un total de 332.613 plazas hasta ahora ocupadas por interinos. En Catalunya, según datos de la Generalitat, han sido unas 46.800.

La gran mayoría de eventuales que estaban en la Administración han logrado quedarse, superando cotas de más del 90% de los afectados, según balances respectivos de la Generalitat y los sindicatos. No obstante, no todos los interinos que se consideran afectados por años de abuso de la temporalidad en el sector público están satisfechos y una minoría sigue en pie de guerra y recurriendo a los juzgados.

La semana pasada un juzgado de Murcia remitió al TJUE una nueva cuestión prejudicial sobre cómo debe aplicar la normativa española, cómo debe combinarla con la directiva europea y cómo influyen las dos sentencias publicadas el año pasado por el TJUE en las que reconocía que el sistema indemnizatorio español no era suficientemente disuasorio para prevenir la creación en un futuro de nuevas bolsas de temporales.

El TJUE deberá volver a pronunciarse al respecto y dilucidar de manera más explícita (o no) si la conversión directamente de eventuales a fijos es una opción. El Tribunal Supremo también tiene pendiente pronunciarse a este respecto, si bien en anteriores fallos ya ha dejado entrever su rechazo a ese criterio.

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