Catalunya conserva en 2025 el IRPF más caro para las rentas entre 30.000 y 40.000 euros

Después de unos años de vorágine normativa en el impuesto sobre la renta (IRPF) de las comunidades autónomas, en 2025, se observa una cierta estabilidad. Así se desprende del tradicional informe sobre 'Panorama de la fiscalidad autonómica y foral' cuya edición para 2025 (la número 24) ha sido presentado este jueves por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), del Consejo General de Economistas.

Tanto es así que, para este año, las comunidades que en los últimos ejercicios sí habían optado por corregir la inflación en su tarifa autonómica del impuesto han optado por no deflactar el impuesto ya en 2025 por considerar que la subida de precios ha entrado ya en una senda moderada.

En su edicion de 2025, el informe -que ya se ha convertido en un volumen de casi 450 páginas- vuelve a señalar a Catalunya como la comunidad autónoma con el IRPF más caro para los contribuyentes con tramos de renta de 30.000 a 45.000 euros. Los ejemplos confeccionados por el Reaf -para el supuesto de un contribuyente soltero, sin hijos, que solo obtiene rentas del trabajo- identifican a Navarra y a las tres diputaciones del País Vasco como las más gravosas para las rentas más bajas (de 16.000 ó 22.000 euros). Para una renta de 70.000 euros, es Extremadura la comunidad que presenta el IRPF más elevado. Y a partir de ahí, la Comunitat Valencia, con un tipo marginal del 54% es quien sube al podio.

De forma casi invariable, para los diferentes niveles de renta, la Comunidad de Madrid siempre se sitúa entre las de menor tributación en el IRPF para sus contribuyentes.

Sin deflactación autonómica

Hasta 2024, sí habían adoptado diferentes iniciativas de deflactación de su tarifa del IRPF comunidades como Madrid, Navarra, Aragón, Baleares, Cantabria, La Rioja, País Vasco o Canarias. Para 2025, ninguna, según han explicado los portavoces del Reaf que han participado en la presentación del informe sobre fiscalidad autonómica.

El documento del Reaf recoge estimaciones sobre la mayor tributación de los contribuyentes en los tres últimos años como consecuencia de que el Estado no haya corregido la inflación en el tramo estatal del IRPF. Según los cálculos del Reaf, un contribuyente con una renta de 25.000 euros, ha pagado hasta 207 euros más en el acumulado de los tres últimos años por la no deflactacion de la tarifa estatal del IRPF.

Para el ejemplo de un contribuyente de 30.000 euros, esta 'sobretributación' puede llegar a los 255 euros. Para otro con una renta de 45.000 alcanza los 427 euros. El plus acumulado en 2022, 2023 y 2024 llega a los 1.510 euros para el caso de contribuyentes con una renta de 300.000 euros.

Tendencias observadas

Como tendencias observadas, el informe sobre 'Panorama de fiscalidad autonómica' detecta que en el IRPF hay comunidades que están incorporando incentivos fiscales para promover la puesta de viviendas en el mercado de alquiler. En concreto, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia y Madrid introducen nuevas deducciones para los propietarios de viviendas vacías que decidan destinarlas al alquiler de vivienda habitual.

En el impuesto sobre el patrimonio, las comunidades autónomas que bonificaban el impuesto a sus ciudadanos han desactivado la misma para que la recaudación quede en su territorio -y no termine en el Estado, a través del impuesto sobre grandes fortunas- salvo Extremadura, que mantiene su bonificación del 100%. 

En el Impuesto sobre sucesiones y donaciones se continúa la misma tendencia observada en años anteriores de rebajar el impuesto mediante la introducción de mayores bonificaciones o el incremento de las reducciones por parentesco. En concreto, varias comunidades mejoran la tributación de los Grupos I, II y tambien del Grupo III, que abarca tíos, sobrinos y hermanos.

En cuanto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, se establecen tipos reducidos para ciertos colectivos y ya son muchas las comunidades que penalizan las operaciones con renuncia a la exención del IVA, aumentando el impuesto en actos jurídicos documentados.

Respecto a los tributos propios, Madrid sigue siendo la única comunidad que no los exige.