Aerolíneas

La Organización Europea de Consumidores respalda las sanciones del Gobierno contra Ryanair

44 asociaciones muestran su apoyo a la multa de 179 millones contra las cinco principales aerolíneas de bajo coste, Ryanair, Vueling, Easyjet, Norgewian y Volotea

El ministro Pablo Bustinduy en la reunión de Organización Europea de Consumidores.

El ministro Pablo Bustinduy en la reunión de Organización Europea de Consumidores.

Pablo Gallén

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Madrid
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El director general del Organización Europea de Consumidores (BEUC, por sus siglas en francés), Agustín Reyna, que representa a 44 organizaciones de consumidores en 31 países europeos, trasladó al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, el respaldo unánime de estas entidades a las sanciones impuestas por el Gobierno de España a Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea por prácticas abusivas, como cobrar suplementos por el equipaje de mano o por reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes, de 179 millones de euros. El encuentro se ha celebrado de forma excepcional en España, concretamente en la sede en Madrid de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) por el 50º aniversario de esta entidad.

En declaraciones a los medios, Bustinduy agradeció el apoyo del BEUC y destacó que “cada vez se suman más denuncias en países europeos por prácticas abusivas de aerolíneas”, lo que refleja una “preocupación creciente” por la defensa de los derechos de los consumidores en toda Europa. “Estamos trabajando para que las instituciones dejen de proteger más a las empresas que a los consumidores”, afirmó el ministro, subrayando que España se ha convertido en un referente al ser el primer país en imponer sanciones por este tipo de prácticas.  

Bustinduy reiteró que el objetivo de estas acciones es garantizar que los derechos de los ciudadanos prevalezcan sobre los abusos de las grandes empresas, promoviendo relaciones de consumo “más democráticas, justas y transparentes”. Además, instó a extender este cambio de tendencia al resto de Europa, destacando el papel fundamental de las organizaciones de consumidores en este proceso. “Las empresas no pueden violar sistemáticamente los derechos del consumidor con impunidad”, aseguró, enfatizando que “ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, está por encima de la ley”.  

El ministro también se refirió a los procesos que ya se están iniciando en otros países europeos, inspirados en las acciones del Gobierno español, y ofreció la colaboración de España para “compartir nuestra experiencia y apoyar estos esfuerzos”. En este sentido, destacó el respaldo del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) de España, que recientemente apoyó las sanciones de 179 millones de euros impuestas a cinco aerolíneas de bajo coste.

Por su parte, Agustín Reyna, director general del BEUC, pidió a la Comisión Europea que “se mantenga del lado de los consumidores frente a las empresas que abusan de ellos y violan el derecho europeo”. Reyna subrayó la importancia de la defensa de los consumidores como eje central del mercado único europeo y destacó la necesidad de sancionar las prácticas abusivas de las aerolíneas low cost en toda la Unión Europea.  

Durante la reunión, también se abordaron los planes de acción del BEUC en el marco de la nueva Agenda Europea del Consumidor 2025-2030, que incluye retos como aumentar la seguridad de los consumidores en actividades online, donde el 45% ha sido víctima de estafas, y garantizar el cumplimiento de la legislación europea.  

Ilena Izverniceanu, directora de comunicación de la OCU, destacó los esfuerzos de la organización para lograr indemnizaciones para los consumidores afectados por abusos de las aerolíneas, incluyendo un “pleito testigo” contra Ryanair por el cobro del equipaje de cabina. Además, recordó la trayectoria de la OCU, que ingresó en el BEUC en 1979, y recibió felicitaciones tanto de Bustinduy como de Reyna por su 50 aniversario.  

La reunión reflejó el compromiso de las organizaciones de consumidores y los gobiernos europeos por avanzar hacia un mercado más justo y transparente, donde los derechos de los ciudadanos estén protegidos frente a las prácticas abusivas de las empresas.