UGT reclama al Gobierno que descongele el salario de los funcionarios y lo suba más de un 3% este año

Los sindicatos mayoritarios entre la función pública aprietan al Gobierno para que descongele el salario de los funcionarios y ya ponen encima de la mesa propuestas. UGT ha presentado este lunes su punto de partida para revalorizar las nóminas públicas de 3,5 millones de trabajadores y tras la "responsabilidad" de ejercicios anteriores, pretende pasar a la ofensiva y que los empleados de la Administración ganen poder adquisitivo.

Es por ello que desde la central propondrán al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública un acuerdo plurianual, que cierre como deben evolucionar los salarios en la Administración a varios años. Para este 2025, en concreto, abogan por una cuantía que esté "por encima del IPC real, que suponga ganar y recuperar poder adquisitivo", según ha declarado la secretaria de acción sindical de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque. Lo que, actualmente, pasa por un incremento superior al 3%.

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Y es que durante la última década los empleados públicos han visto como sus salarios subían, sí, pero menos que los precios. Las remuneraciones en la función pública han aumentado un 20,2% de manera acumulada durante los últimos 10 años, si bien los precios lo han hecho con mayor intensidad, un 23,3%. Es decir, en la última década los funcionarios y el personal laboral han perdido tres puntos de poder de compra, sin tener en cuenta nuevos trienios o promociones de categoría.

Desde la UGT quieren darle la vuelta a esa tendencia y aprovechar el actual momento de crecimiento económico que vive España para reclamarle al Ejecutivo que reparta parte de esa expansión con los funcionarios.

Más movilizaciones

El resto de centrales también está anunciando o ya concretando su propio calendario de movilizaciones para reclamar la revalorización de los sueldos públicos. Csif se concentrará este miércoles al mediodía frente al Ministerio de Hacienda. "El Gobierno sitúa una vez más la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos en el último lugar de sus prioridades, aunque constantemente destaque la importante labor que realizan al servicio de la ciudadanía", han criticado en un comunicado este mismo lunes.

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CCOO, por su parte, ha convocado una rueda de prensa este martes para hacer públicas sus demandas y acciones de protesta ya planificadas si el Ejecutivo no abre las mesas de negociación.

Desde el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública se reiteran en el mensaje de que "la interlocución con los sindicatos es continua", si bien declinan concretar la fecha de cuándo citarán a los sindicatos para negociar.

Subida pendiente

Las centrales concretan movilizaciones para un nuevo acuerdo salarial, pero también ante diversos incumplimientos del acuerdo salarial pasado. El mismo estipuló una revalorización acumulada a tres años del 9,5%, si bien repartía dicho incremento entre una parte fija y otra variable. De la parte variable se han cumplido todas las condiciones, vinculadas principalmente a la evolución del PIB y del IPC. Y queda por pagar un incremento adicional del 0,5% para el año 2024, que el Ejecutivo, por el momento, no ha dicho cuándo abonará.

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Ese medio punto de subida supone un desembolso total de 700 millones de euros, según cálculos de la UGT. "Están consignados y por tanto no hay motivo para no ejecutarlo", ha manifestado Araque en rueda de prensa.

Otra carpeta pendiente y que recoge el anterior acuerdo es la reducción de la jornada laboral hasta las 35 horas (desde las actuales 37,5 horas). Algunas administraciones, mayoritariamente en municipios, ya las aplican pero no así la Administración General del Estado.

Desde UGT también han reclamado al Gobierno que materialice la promesa del anterior ministro de Función Pública, hoy gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, de eliminar la tasa de reposición.

Esta es una fórmula de cálculo que limita la convocatoria de nuevas plazas bajo criterios de reemplazo por jubilación y que el Ejecutivo quería cambiar para agilizar las ofertas de empleo público, así como para tener más flexibilidad a la hora de reforzar más determinadas instituciones. Por el momento no ha habido cambios en esta materia y la asignación de nuevas oposiciones se guía por el mismo mecansimo.