Tecnología
El Govern llevará la inteligencia artificial a los juzgados para acelerar el redactado de sentencias
Una primera prueba piloto ha demostrado un ahorro de hora y media de tiempo, lo que equivaldría a medio millón de euros al año por cada 20 jueces que la utilizaran
Catalunya integra la inteligencia artificial al sector público para resumir leyes y hacerlas más accesibles

El conseller de Presidència, Albert Dalmau y varios cargos del Govern en el Mobile World Congress, congreso en el que la Generalitat participó reivindicándose como corazón digital de Europa / Marc Asensio Clupés / EPC


Paula Clemente
Paula ClementePeriodista
Periodista del equipo de economía. Escribo sobre cuestiones relacionadas con el Consumo, las empresas (especialmente las medianas y pequeñas), el emprendimiento y el tejido tecnológico local.
Catalunya probará con la inteligencia artificial (IA) para lograr una misión que, hasta la fecha, se ha demostrado aparentemente imposible: acelerar los ‘tempos’ del sistema judicial. El Govern de la Generalitat tiene en marcha un proyecto para poner a disposición de los jueces y magistrados de la comunidad una herramienta basada en esta tecnología que les ayude en el redactado de sentencias. La idea es ahorrar tiempo en esta tarea, poder resolver más casos y así reducir el número de carpetas acumuladas en sus escritorios.
Se trata de un asistente inteligente desarrollado entre la Secretaría de Telecomunicaciones y Transformación Digital (vía CTTI), el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica y la empresa Connecthink, una tecnológica con sede en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y 8 años ya desarrollando soluciones en torno a esta tecnología que ha entrado con fuerza en el mercado hace dos años, si llega.
La solución que han creado se ha alimentado a partir de búsquedas semánticas en sentencias previas de ese mismo juez o de la jurisprudencia existente. El plan, al que han bautizado como AI4JUSTICE, es ir desplegando la solución en procedimientos sencillos en los que sea viable aplicar automatismos, como por ejemplo, reclamaciones relacionadas con el universo de las aerolíneas o con las cláusulas suelo. Este último ámbito será el primer caso de uso de una prueba mayor en la Audiencia Provincial de Barcelona.
"La herramienta va encaminada a hacer más eficiente la prestación del servicio de justicia y a descolapsar el servicio de justicia", ha valorado el conseller de Presidència, Albert Dalmau, justo antes de la inauguración del congreso en el que prevén anunciar oficialmente este proyecto de copiloto tecnológico para jueces. Es el Congrés Govern Digital (CGD), un encuentro exclusivamente dedicado a dar con fórmulas que permitan digitalizar la administración pública.
Esta propuesta de uso de la IA es un ejemplo del tipo de iniciativas que valora la Generalitat para lograr uno de los objetivos troncales del Govern Illa: desburocratizar, simplificar y agilizar los trámites de la administración pública catalana. "Estamos en un momento en el que hay una eclosión del ámbito digital, especialmente de herramientas vinculadas a la inteligencia artificial, las tenemos que poder poner al servicio del bien común y liberar a nuestro país de una cara excesiva de burocracia", ha contextualizado Dalmau.
Cálculo de ahorro y nuevas fases
De acuerdo con la primera prueba piloto llevada a cabo en el sistema judicial catalán con cuatro magistrados, el uso de la inteligencia artificial en sentencias simples puede llegar a ahorrar 12.000 horas de trabajo al año y 552.000 millones de euros al sistema. Se basan en que, con esta herramienta, estos profesionales han reducido de media el tiempo que les lleva redactar una sentencia, de dos horas a 20 minutos. Si un juez resuelve 30 sentencias al mes –razonan desde Presidència–, anualmente, unos 20 jueces se ahorran 12.000 horas de trabajo. Teniendo en cuenta que el coste medio estimado de un magistrado es de 46 euros la hora, esta veintena de jueces ahorrarían al sistema ese medio millón de euros.
La solución se explaya esta misma conselleria, ha superado la fase de prueba, así que ahora se estudia llevar a cabo un test mayor en la Audiencia Provincial de Barcelona, solo con alguno de sus magistrados y, de momento, solo para borradores de sentencias de apelación en procedimientos de reclamación en materia de cláusulas suelo. En estos momentos, existen 30.000 expedientes relacionados con esta materia pendientes de resolución.
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