La OCU avisa sobre la factura de la luz: hasta un 44% más cara

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido una alerta sobre el notable incremento en las facturas de electricidad que están experimentando los consumidores. El aumento del 5% en el precio de la electricidad durante el mes de febrero es solo la punta del iceberg, confirmando una tendencia al alza que se ha mantenido durante los últimos meses. Según la OCU, este incremento se traduce en una subida anual del 44% en comparación con febrero del año anterior, un golpe significativo para el bolsillo de los hogares españoles.

Esta escalada de precios ha impactado de lleno a los usuarios de la tarifa regulada PVPC, cuya factura mensual ha pasado de 56,81 euros a 81,60 euros en tan solo un año, representando un incremento sustancial que afecta directamente a la economía doméstica. Sin embargo, el problema no se limita a los usuarios de la tarifa regulada. La OCU advierte que muchos consumidores en el mercado libre también han sufrido revisiones al alza en sus tarifas durante el mes de enero, lo que demuestra que la problemática de los precios elevados de la electricidad es generalizada y afecta a todos los segmentos del mercado.

Precio del gas elevado

Diversos factores contribuyen a esta situación. El precio del gas, que sigue siendo determinante en la fijación de los precios mayoristas de la electricidad durante gran parte del tiempo, se mantiene elevado. Adicionalmente, la producción de energía eólica, una fuente de energía renovable clave, experimentó una reducción durante el mes de febrero, lo que generó una mayor dependencia de otras fuentes de energía, como el gas. A estos factores se suma la reciente modificación al alza de los peajes del sistema eléctrico y la vuelta del IVA al 21% desde el pasado mes de enero, lo que agrava aún más la situación.

Ante este panorama, la OCU insiste en la necesidad de que el Gobierno tome medidas urgentes. En particular, la organización vuelve a solicitar que la electricidad sea considerada un bien de primera necesidad, lo que permitiría aplicar un IVA reducido del 10% o incluso del 5%, el mínimo permitido por la normativa de la Unión Europea. Esta medida podría aliviar significativamente la carga económica que supone el coste de la electricidad para los hogares, especialmente para aquellos con menores ingresos.

Paralelamente, la OCU subraya la importancia de que los consumidores se informen y comparen periódicamente las tarifas ofrecidas por las diferentes comercializadoras. Un análisis reciente realizado por la OCU, que examinó más de 11.000 facturas de electricidad y fue subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, reveló enormes diferencias de precio entre las distintas compañías. Para un mismo hogar con un consumo anual de 3.500 kWh y una potencia contratada de 4,6 kW, los precios anuales oscilaron entre 622 y 1.564 euros, lo que supone una diferencia de hasta 942 euros. Esta disparidad demuestra que la elección de la comercializadora puede tener un impacto significativo en el coste final de la factura.

Diferencias dentro de cada comerzializadora

El análisis de la OCU también puso de manifiesto importantes diferencias dentro de cada comercializadora. Mientras que los clientes de Naturgy parecen disfrutar de tarifas más homogéneas, con una diferencia de precios de solo 126 euros al año, las diferencias en otras compañías, como Total Energies, pueden alcanzar los 792 euros al año. Lo más preocupante es que estas diferencias no siempre responden a tarifas distintas y claramente identificables, lo que dificulta la tarea de los consumidores a la hora de detectar posibles sobreprecios y cambiar a una opción más favorable. En muchos casos, se trata de precios que se identifican con un mismo nombre, pero que presentan valores extremos. Por ejemplo, en Iberdrola se encontraron hasta 47 precios diferentes en su tarifa Plan Estable, con un precio por kWh que oscilaba entre los 13 céntimos y casi los 36 céntimos.

Si bien estas diferencias pueden deberse en parte a la contratación en momentos diferentes, la OCU sospecha que también pueden estar relacionadas con la política discrecional de revisión de precios que aplica cada comercializadora a sus clientes. Aunque las comercializadoras están obligadas a comunicar individualmente a sus clientes las revisiones de precios con antelación, no están obligadas a dar publicidad a estas revisiones, lo que deja a los consumidores en una situación de vulnerabilidad. La OCU denuncia que la falta de transparencia permite a las comercializadoras aumentar los precios a determinados clientes basándose en criterios arbitrarios, como el hecho de que utilicen la factura electrónica y no la consulten con frecuencia.

La OCU considera que la Ley del Sector Eléctrico, que regula la información que las comercializadoras deben proporcionar a los usuarios y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), es insuficiente y permite que el mercado eléctrico siga siendo opaco y confuso para los consumidores. Para mejorar el seguimiento y el control del mercado, la OCU propone que las tarifas vigentes (y no solo las de nueva contratación) sean identificables y públicas en un libro de tarifas. Asimismo, la organización insiste en la necesidad de mejorar la información que se incluye en las facturas y en la publicidad, de modo que todos los conceptos que se van a cobrar sean visibles para el usuario al mismo nivel. En definitiva, la OCU reclama una mayor transparencia y un mayor control del mercado eléctrico para proteger los derechos de los consumidores y garantizar un acceso justo y asequible a la electricidad.