Los inspectores de Trabajo declaran ante la jueza que Glovo mintió sobre la regularización de sus 'riders'

Un grupo de inspectores de Trabajo que han levantado actas de infracción contra Glovo por emplear a sus repartidores de forma reiterada como falsos autónomos han declarado este lunes como testigos-peritos ante la jueza. Lo han hecho en el marco de la investigación penal que está llevando a cabo la misma contra la empresa y han sostenido que la empresa desoyó los requerimientos de la autoridad laboral, ya que cuando los inspectores les solicitaban información sobre los repartidores, o bien la compañía no contestaba o bien decía que esos trabajadores ya habían cesado su actividad en la empresa, cuestión que "no se ajustaba a la realidad", según la declaración de los inspectores, narrada a este medio por distintas fuentes de la acusación.

Algunas inspectoras, según explican fuentes de la acusación, llegaron incluso a llamar directamente a varios repartidores para preguntarles si habían dejado de repartir en Glovo, tal como les decían desde la empresa. Y estos replicaron que no y que no entendían porque no les habían hecho un contrato después de las primeras inspecciones.

El consejero delegado y fundador de Glovo, Óscar Pierre, está siendo investigado por un presunto delito contra los derechos de sus 'riders', al imponerles, según sostiene la Fiscalía, condiciones de trabajo ilegales al no ofrecerles un contrato laboral. Y sobre si Glovo se negó a acatar o no el veredicto de la Inspección, que considera que los repartidores deberían operar con un contrato laboral, es por lo que han ido ha declarar este lunes los inspectores.

Glovo asegura que el 80% de sus repartidores querrían seguir cotizando como autónomos

Inspectoras de Badajoz, Cantabria, Salamanca y Oviedo han declarado este lunes de forma telemática ante la magistrada titular del Juzgado Instrucción número 31 de Barcelona. Durante su comparecencia, según han explicado fuentes presentes en la sala, los agentes de la autoridad laboral se han ratificado en que Glovo no regularizó a sus repartidores una vez las primeras actas declararon que operaban como falsos autónomos y a pesar de las sentencias judiciales que ya había al respecto.

Glovo asume que seguirá repartiendo con autónomos al menos hasta julio

Las inspectoras han explicado que solicitaban información a la dirección de Glovo y desde la misma les contestaban que habían cambiado de modelo y que este ya cumplía con la legalidad. Y una vez que las inspectoras volvieron a verificar en qué condiciones operaban entonces los repartidores, volvieron a determinar que las modificaciones introducidas por la empresa no eran suficientes y continuaban, según el parecer inspector, operando como falsos autónomos.

Una de las testigos también ha sostenido que las diferentes modificaciones planteadas por Glovo no cambian nada de la relación laboral de los 'riders' con la empresa, ya que continúan sin estar dados de alta en la Seguridad Social, ni pueden disfrutar de las vacaciones, como cualquier empleado por cuenta ajena. En este sentido, una de las inspectoras ha detallado que con estas modificaciones la empresa buscaba "disfrazar" y "enmascarar" lo que, a su parecer, seguía siendo una relación laboral. Es decir, Glovo seguía a ojos de la autoridad laboral incumpliendo la normativa, según han defendido ante la jueza los inspectores, tal como explican a este medio fuentes de acusación.

La defensa

Fuentes de la defensa, por el contrario, han asegurado que Glovo recibió requerimientos de información por parte de los inspectores, es decir, querían saber cómo trabajan los 'riders', pero nunca les requirieron que les modificaran sus condiciones laborales, siempre según esas mismas fuentes. Por lo que, al parecer de la defensa, Glovo y su consejero delegado no incurrieron en el delito previsto en el artículo 111 del Código Penal. Este castiga con hasta seis años de cárcel a todo aquel empresario que "imponga condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa".

Glovo promete contratar a sus repartidores un día antes de que su fundador declare ante el juez

Glovo acumula más de 400 millones de euros en requerimientos y sanciones impuestos desde la autoridad laboral y ya ha sido censurado por la misma más de una vez en la misma ciudad por las mismas prácticas. Y es que el procedimiento de los inspectores es el siguiente: la primera vez los agentes solicitan a la empresa que arregle el fraude detectado y pague lo que debería haber estado pagando a la Seguridad Social. Y, si vuelve a inspeccionar y considera que el fraude se repite, vuelve a requerir arreglar la situación e impone una multa por la reiteración, lo que suele doblar el importe a pagar al erario público por parte de la empresa.

Más inspectores comparecerán

La investigación penal sigue su curso y todavía quedan más comparecencias antes de que la jueza determine o no si hay indicios suficientes de delito. Será entonces cuando archive el caso o inicie el juicio. El próximo 25 de marzo está previsto que presten declaración ante la magistrada una segunda tanda de inspectores de Trabajo, provenientes de otras ciudades donde Glovo ya ha sido sancionada.

Y es que la autoridad laboral lleva años siguiendo el modelo laboral de la empresa de reparto a domicilio. Hasta el punto de que, según explican fuentes conocedoras, el Ministerio de Trabajo ha movilizado durante los últimos años a unos 200 agentes de la Inspección para ello, lo que representa cerca del 20% de la plantilla total del cuerpo. Lo que le ha valido para aflorar la situación de 60.000 'riders' en toda España, desde que la corporación empezó a operar, en 2015.