Conpymes arma un frente común para reclamar cambios en la ley de reducción de jornada

La patronal Conpymes está tratando de armar un frente común entre las pymes para reclamar al Gobierno cambios de calado en su anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

La entidad empresarial ha citado a sus asociados en Madrid el próximo 18 de diciembre bajo el lema "Reducción de Jornada: Así no", ya que entienden que el texto pactado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos daña la viabilidad de las pequeñas y medianas compañías y exige modificaciones sustanciales para evitarlo.

El pasado 4 de febero el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de reducción de jornada, un primer paso para remitir luego el borrador al Congreso y comenzar allí las negociaciones con los grupos políticos que alumbrarán el texto definitivo que aprobará (o no) la Cámara.

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Es en esa clave en la que se mueve Conpymes y sus aliados, como Pimec. Reclaman a los partidos que introduzcan cambios significativos. "Es fundamental que la reducción de jornada se analice de manera integral, considerando aspectos como el absentismo, la productividad y las particularidades de ciertos sectores, además de mitigar riesgos que puedan afectar a la viabilidad de las empresas de más pequeña dimensión", han señalado mediante un comunicado desde la organización.

A diferencia que la gran patronal española, CEOE, que ha apostado por una oposición frontal a la norma, Conpymes se muestra algo más abierta a negociar la llamada a ser la medida estrella del Gobierno en materia laboral. Con el matiz "Reducción de jornada: Así no", la entidad presidida por José María Torres se muestra predispuesta a aceptar la medida, pero con cambios de calado.

Reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales afectará hasta 12 millones de asalariados en toda España

El propio Gobierno ya ha asumido que el documento pactado entre la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y las centrales experimentará cambios e introducirá medidas favorables para las empresas, en aras de aliviarles los costes y tensiones que pueda significarles reducir el tiempo de trabajo a sus plantillas. Y es que reducir 2,5 horas semanales el tiempo máximo de trabajo repercutirá en la jornada de hasta 12 millones de asalariados en toda España.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha verbalizado en público las tesis de parte del Gobierno y se ha mostrado favorable a retrasar la entrada en vigor de la norma más allá del 1 de enero de 2026 para las pymes. Desde Sumar, no obstante, son más partidarios de introducir ayudas, ya sean subvenciones directas a pequeñas compañías de ciertos sectores, ya sean bonificaciones a las nuevas contrataciones para paliar los efectos de la reducción de jornada sobre las actuales plantillas.

El Gobierno no tiene atados los apoyos para poder sacar adelante esta norma y deberá convencer a grupos políticos hoy en día reticentes, como es el caso de Junts. Si no logra atraer a los posconvergentes, el Ejecutivo precisaría, dada su precaria aritmética parlamentaria, de la abstención del PP.