Desahucio aplazado
Foment reclama a las administraciones una "defensa radical de la propiedad privada" en la Casa Orsola
La patronal catalana niega que el dueño de la finca sea un especulador y censura la actitud de las administraciones
La movilización ciudadana pospone 15 días el desahucio de madrugada de la Casa Orsola
Casa Orsola, en directo: última hora del desahucio y protestas en Barcelona

Casa Orsola. / Servimedia


El Periódico
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La patronal Foment del Treball ha llamado a una "defensa radical de la propiedad privada" ante el intento de desahucio de Casa Orsola, inmueble del Eixample de Barcelona adquirido en 2021 por un fondo de inversiones, y ha dicho que "el propietario no es un especulador, sino una persona que ha actuado conforme al derecho".
La patronal, según ha informado este lunes en un comunicado, opina que "las administraciones públicas tendrían que ayudar a esta propiedad y no presionarla hasta extremos muy próximos a la coacción". Además, Foment afirma que "no hay un derecho a vivir donde se quiera al precio que se quiera". "Basar debates tan importantes en premisas simplistas es un error", añade la patronal.
Según denuncian los inquilinos, la empresa Lioness Inversiones, propietaria del inmueble, pretende echar a los inquilinos para crear alquileres de temporada por el triple de precio del que abonan actualmente. Pero Foment replica que no se puede privar a nadie de su propiedad, ni imponerle cargas, servidumbres o prestaciones no establecidas en las leyes, y que los que pretenden esto están coaccionando e intimidando ilegalmente para privar a un propietario legítimo de su propiedad.
"Mucha ligereza"
Para la organización presidida por Josep Sánchez Llibre, en el debate público se usa "con mucha ligereza el término especulación y se habla poco de instrumentalización o del señalamiento de responsables de una situación preocupante en el país, como es la dificultad de acceso a la vivienda, sobre todo por parte de colectivos vulnerables u otros como los jóvenes".
El desahucio de Casa Orsola estaba inicialmente previsto para el viernes pasado. La movilización del Sindicat de Llogateres impidió el lanzamiento, que en primera instancia se aplazó a la madrugada de este martes y que finalmente se ha pospuesto al martes 18. Según Foment, en los últimos tres años, el edificio ha sido objeto de campañas de desprestigio, ocupaciones ilegales e, incluso, actos vandálicos que han deteriorado un patrimonio modernista.
La patronal recuerda que el propietario del inmueble ha explicado en una carta pública que se plantea vender la finca: "Es una mala noticia para Barcelona y para Catalunya que empresarios catalanes deciden dejar de invertir en nuestro país. Un disparo en el pie peligroso". A juicio de Foment, si la finca se vende, es posible que "los inquilinos se encuentren con un auténtico especulador que no tendrá ningún interés en preservar el patrimonio ni en encontrar acuerdos".
Nueve casos sancionables
Bonet ha detallado que lo que se está haciendo en los nueve casos detectados es llevar a cabo una restitución de la legalidad urbanística para ajustar el permiso de obra. Una vez terminado este proceso, se estudia la posibilidad de abrir un proceso sancionador. De estos nueve casos, hay uno -el de la finca de la calle Castillejos, 243- en el que una sentencia favorable determinó hace 15 días que el permiso "no se estaba ajustando". "Aquí aflora un incumplimiento".
Bonet afirma que la voluntad del gobierno es hacer cumplir la normativa
La teniente de alcalde y responsable de Vivienda, Laia Bonet, ha asegurado que la voluntad del gobierno municipal es hacer cumplir la normativa y sancionar si se detectan incumplimientos. Fruto de una macroinspección a 2.500 actuaciones en 2022, el consistorio tiene abiertos nueve expedientes que actualmente "están vivos" y "con posibilidad de sanción". "Iremos hasta las últimas consecuencias", ha afirmado en su comparecencia ante los periodistas. Informa Judith Cutrona.
Comparecencia del gobierno municipal
A esta hora, la teniente de alcaldía Laia Bonet inicia una atención a los medios en el vestíbulo de la sala Lluís Companys del Ayuntamiento de Barcelona, para declarar en relación a este presunto archivo de expedientes. Lo hace en una comparecencia convocada a última hora tras la publicaicón del caso en el diario Ara.
Intención de modificar la normativa
Precisamente, la semana pasada Jaume Collboni insistió en una entrevista en TV3 en la necesidad de cambiar la normativa del 30%. Según el alcalde, esta fórmula "no funciona" y ha "paralizado" la construcción de vivienda privada. También explicó que, desde su aprobación, con este modelo solo se han construido "26 viviendas sociales, de las 2.000 previstas" cuando se aprobó la medida.
Según el ARA, los promotores inmobiliarios expedientados, de haber sido finalmente sancionados, podrían haber reducido las multas en un 80% si finalmente hubieran accedido a ceder la cuota de vivienda asequible que les correspondia.
Multas millonarias
Según el ARA, el gobierno municipal del PSC ha reconocido este indulto a los promotores inmobiliarios que se saltaron la modificación del Plan General Metropolitano (PGM), que desde el 2018 obliga a las nuevas promociones o las grandes rehabilitaciones a reservar un 30% de los pisos a vivienda asequible, ante la crisis de vivienda que vive la ciudad. Los tres expedientes más avanzados acumularían multas que, sumadas, rozan los tres millones de euros.
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