Trabajo interpreta que pagar menos del salario mínimo es ilegal, pese a decaer su vigencia

El Ministerio de Trabajo ha emitido un criterio interpretativo mediante el que insta a las empresas a no pagar ningún salario por debajo de los 1.134 euros brutos mensuales, pese a que la norma que regula el salario mínimo interprofesional (SMI) no está vigente por el momento. El Congreso tumbó este pasado miércoles el 'decreto ómnibus' del Gobierno que, además de la revalorización de las pensiones o la bonificación del transporte, también incluía la prórroga del SMI para este año. Lo que legalmente deja sin efecto este umbral mínimo y abre la puerta a que las empresas realicen nuevos contratos con sueldos por debajo de lo que antes estaba prohibido.

Para evitar "cualquier consecuencia negativa para los trabajadores", según anticipó el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, la dirección general de Trabajo ha emitido un criterio interpretativo. Este es un documento público en el que el departamento jurídico del Ministerio dicta cómo interpreta la normativa legislativa. Y, según lo publicitado, el salario mínimo sigue vigente pese a que la normativa que específicamente lo vehicula no esté en vigor.

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Desde el Ministerio de Trabajo consideran que diversos preceptos del Estatuto de los Trabajadores, la Constitución o la Carta Social Europea amparan la vigencia del SMI pese a no tener ley propia en vigor. "Sería contrario a los principios básicos que ordenan la normativa laboral la desaparición de un suelo legal para la contratación por cuenta ajena", afirma el Ministerio en su criterio interpretativo.

En España hay 2,5 millones de trabajadores que se rigen directamente por el SMI, 300.000 de ellos en Catalunya. A estas personas, que ya tienen un contrato en vigor, la pérdida de vigencia de la norma que regula el salario mínimo no les afecta inmediatamenete, ya que para recortar sus sueldos las empresas empleadoras deberían invocar una modificación sustancial de condiciones de trabajo, que requiere una argumentación económica y jurídica, además de un tiempo de preaviso y negociación.

Díaz amenaza con inspecciones

Sí podría existir el riesgo para aquellas empresas que no se rijan por un convenio colectivo o particulares que contrataran a una empleada del hogar. Para evitar ahí interpretaciones perniciosas para los intereses de los empleados, Trabajo ha movido ficha para taponar esa vía e insta a mantener la referencia, bajo pena de que estas personas pudieren denunciar a posteriori su situación ante los tribunales y ganarle el caso a su empleador.

"La Inspección de Trabajo vigilará que las personas trabajadoras reciban puntualmente la remuneración pactada y verificará el cumplimiento estricto de esta obligación empresarial", se ha comprometido el Ministerio vía comunicado. Cualquier persona que considere que su empresa le está pagando un salario inferior que le correspondería puede presentar denuncia ante la autoridad laboral, ya sea por vía telemática o presencial, en una de sus oficinas o delegaciones provinciales. La presentación por vía telemática suele ser más rápida.

El departamento liderado por Yolanda Díaz está ultimando con patronal y sindicatos una nueva subida del SMI para este año. Esta la tienen pendiente desde hace meses y es la que debe regir para el ejercicio 2025. Trabajo plantea un incremento de 50 euros respecto a los 1.134 euros actuales, la patronal ofrece 34 euros y los sindicatos aspiran a unos 70 euros. El próximo miércoles volverán a verse las caras, presumiblemente cerrar la negociación y fijar una cifra concreta de aumento. Para, posteriormente, llevar esa revalorización a un próximo Consejo de Ministros y recuperar así una norma vigente que regule el SMI en España.