La investigación judicial contra el fundador de Glovo entra en una fase crucial

El proceso judicial abierto en Barcelona contra el fundador y consejero delegado de Glovo, Óscar Pierre Miquel, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores entra en una fase crucial en la investigación. El Juzgado de Instrucción número 31 ha citado a declarar para el próximo 19 de febrero y 10 de marzo a funcionarios que son claves para esclarecer, como sostiene la fiscalía, que la empresa hizo caso omiso a sentencias dictadas en las que establecía que los repartidores son presuntos falsos autónomos. En concreto, esos días deberán ser interrogados a través de videoconferencia los inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social de las delegaciones territoriales que practicaron los requerimientos a la compañía, según las fuentes judiciales consultadas por EL PERIÓDICO.

En la misma denuncia presentada por la fiscalía y que provocó la apertura del proceso judicial, la acusación pública citaba un total de 18 sentencias, incluyendo un fallo del Tribunal Supremo, contrarias al modelo laboral de Glovo y que prueban que entre la empresa y sus repartidores impera, por ahora, una relación propia de asalariados. La denuncia especificaba, además, la existencia de siete requerimientos previos, en distintas ciudades, de Inspección de Trabajo. Los funcionarios citados a declarar como testigos deberán explicar las circunstancias y los motivos que les llevaron a realizar estos requerimientos, unas comparecencias que, según las fuentes consultadas, resultará clave para determinar la posibilidad o no de la existencia de delito.

Las claves del anuncio de Glovo: un billón de pedidos, 500 millones de euros en multas y 60.000 falsos autónomos

La fiscalía sostiene en su denuncia que a pesar de las sentencias y los requerimientos, "Glovo continúa manteniendo la misma relación de trabajo con sus trabajadores, [...] quienes se siguen viendo obligados a darse de alta como autónomos y a abonar sus propias cotizaciones si quieren continuar prestando los servicios para la empresa, lo cual constituye una práctica que no autoriza la legislación laboral y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena, tales como los relativos a salario, jornada, descansos, permisos, vacaciones o protección de la Seguridad Social".

El pasado 2 de diciembre, un día antes de la declaración ante el juez, Óscar Pierre, Glovo se comprometió públicamente a, por primera vez en su historia, dejar de operar con repartidores autónomos y que estos pasen a ser asalariados y con nómina directamente a cargo de la firma. Algo que los tribunales y la Inspección de Trabajo llevan exigiéndole desde hace más de un lustro y que la compañía, con unos 15.000 'riders' operando hoy en día por todo el país, ha ido rechazando.

La "paz social"

Al día siguiente y ya ante el magistrado, Pierre, que declaró en calidad de imputado, defendió que este anuncio no era una "estrategia de defensa", sino una "coincidencia", a la vez que reiteró que Glovo ha operado siempre legalmente y que el cambio de criterio respondía a la voluntad de no generar más enfrentamientos con la autoridad laboral y "buscar la paz social". El primer ejecutivo de la empresa declaró tanto solo unos 15 minutos, algo inusual en estos procedimientos tan complejos.

Antes que el fundador de la firma, comparecieron ante el juez varios repartidores, los cuales explicaron su relación laboral con la empresa. Los primeros repartidores que declararon afirmaron que Glovo les ofreció en 2021, cuando ya se había aprobado la 'ley Rider' pero todavía no había entrado en vigor, si querían continuar como autónomos o como asalariados y que prefirieron la primera opción. Parte del colectivo de trabajadores se mostró contrario en su día a la tramitación de la norma, pues las empresas que empleaban autónomos les pagaban más a sus repartidores que aquellas que los tenían como asalariados, ya que se ahorraban las cotizaciones sociales y tenían más flexibilidad horaria. Pese a que seguir como autónomos les suponía menores cotizaciones -lo que en un futuro se traduce en una menor pensión o menos protección ante accidentes-, entre otros.

Suscríbete para seguir leyendo