Pruebas denegadas y pago por visitas
Inquietud entre los funcionarios por el bloqueo de Muface: 163.000 mutualistas viven en Catalunya
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Una persona mirando la web de Muface. / AINA MARTÍ / ACN
Confusión e incertidumbre entre los funcionarios por el futuro del modelo de asistencia sanitaria concertada de Muface. Dos de las tres aseguradoras que prestan el servicio -Adeslas y DKV- consideran que la oferta económica es insuficiente y han dejado a Asisa como única candidata para dar cobertura sanitaria a 1,5 millones de trabajadores públicos y pensionistas. En Catalunya, la gran mayoría de los 163.000 mutualistas se concentran en el sector de la enseñanza. El Gobierno del presidente Pedro Sánchez anunció el viernes que ampliaba el plazo para presentar candidaturas hasta el 27 de enero. Por el momento, Asisa aún no se ha pronunciado. La renuncia de las aseguradoras ha provocado inquietud entre el funcionariado, especialmente entre los mutualistas que han sufrido enfermedades graves.
Es el caso de una profesora de secundaria asegurada con Adeslas Muface, operada hace cuatro años de cáncer y todavía está en seguimiento. Ahora, a pocos meses de realizar una nueva revisión, se encuentra que no podrá acceder a sus médicos habituales. Cuando intenta ampliar su plan con Adeslas "para no dejar el tratamiento a medias", le dicen que no se harán cargo de las enfermedades previas. Aparte, también le preocupa su hija, que está en tratamiento psiquiátrico.
"El olvido oncológico no se aplica hasta los cinco años. En la mutua me dijeron que no me querían ni a mí ni a mi hija. Nos sentimos abandonados tanto por Adeslas como por Muface. Es una situación de mucha incertidumbre" , detalla. Su caso no es único porque entre los 1,5 millones de mutualistas, 400.000 son familiares de los trabajadores.
Otro de los colectivos más vulnerables es el de los pensionistas. Después de haber cotizado toda su vida laboral por Muface, se encuentran con que puede haber un cambio de condiciones cuando podrían necesitar más la asistencia sanitaria. En este sentido, un informe del Ministerio de Sanidad publicado en noviembre indicaba que en Catalunya un 30,34% de los mutualistas tenía más de 65 años.
Las alarmas entre los trabajadores saltaron en octubre, cuando quedó desierto el concierto para prestar la asistencia sanitaria de Muface, que se presentó tres meses antes de que terminara el concierto. A mediados de diciembre, el gobierno español presentó una segunda oferta que incrementaba en un 33,5% las primas que reciben las aseguradoras y alargaba a tres años el concierto. Las tres empresas, que arrastraban gastos extraordinarios por la pandemia, habían reclamado un convenio de un año de duración e incremento de prima del 40%.
Adeslas anunció el 27 de diciembre que no participaría del concurso y DKV –la que tiene más afiliados en Catalunya– siguió sus pasos el 9 de enero.Ambas argumentaron que el modelo estaba infrafinanciado y que de presentarse deberían asumir pérdidas. El gobierno español anunció el viernes que alargaba el período para presentar candidaturas del 15 al 27 de enero.
Pruebas denegadas
En las últimas semanas, los trabajadores públicos han denunciado que las mutuas han denegado pruebas y tratamientos vitales antes de que acabe el período de vigencia de la cobertura. Inicialmente era hasta el 31 de enero, pero se ha alargado hasta el abril. "Estamos recibiendo quejas de pacientes que les dicen que no les darán la siguiente visita y que si quieren acceder tendrán que pagar. Es una estrategia para obtener clientes", denuncia Iolanda Segura, portavoz de USTEC, el sindicato más representativo del enseñanza catalana.
"Tanto los funcionarios en el Estado o en el extranjero no nos están dando citas médicas, nos están diciendo que debemos esperar a ver cómo queda la situación. No nos están dejando registrar facturas médicas, algunos compañeros no les ha dado visitas al cardiólogo o al fisioterapeuta, incluso con personas que han sufrido un accidente con rotura de pierna", apunta la presidenta de la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), Ana Ercoreca.
Varios sindicatos han anunciado acciones jurídicas contra Muface y las aseguradoras por incumplimiento del contrato. Fuentes de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), el más representativo en las administraciones públicas en el Estado, apuntaron que en el caso de las aseguradoras, la responsabilidad podría llegar a ser penal si existen consecuencias irreparables para la salud de los pacientes a los que se les deniegan los tratamientos.
Los sindicatos no descartan movilizaciones y huelgas. Reclaman a las aseguradoras que justifiquen por escrito los cálculos de pérdidas que han argumentado por no presentarse al concurso. También exigen al gobierno español que haga público el informe económico de la AIREF sobre el sistema. Asimismo, dicen no entender por qué sí se ha podido llegar a un acuerdo con las mutualidades de la justicia (Mugeju) y la del ejército y la guardia civil (Isfas) y no con el resto de trabajadores públicos.
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