La Fiscalía se alinea con Glovo para sacar a los 'riders' personados de la investigación penal

La Fiscalía de Barcelona ha movido ficha para apartar a los repartidores personados como acusación particular en la investigación penal que se está efectuando contra el consejero delegado de Glovo, Óscar Pierre, por presuntos delitos contra sus trabajadores. El organismo público ha secundado la petición de la empresa para excluir a los dos afiliados a la CGT del proceso, aduciendo que estos dos ‘riders’ no pueden acreditar su condición de “perjudicados” por el delito del que se le acusa al jefe de Glovo y que, por ende, no pueden seguir personados en la fase de instrucción, que es previa al juicio. 

La jueza instructora ha aceptado la exclusión de los repartidores como "perjudicados", pero les abre la puerta a seguir como acusación popular, según la documentación a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Algo para lo que el sindicato deberá reunir 20.000 euros de fianza para seguir en el caso. Fuentes consultadas de la CGT afirman estar reuniendo los fondos para presentar dicha fianza. "Es una prioridad del sindicato seguir en el caso", afirman.

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En el sindicato ha causado sorpresa el apoyo de Fiscalía a una petición de la empresa que ya daban por sentada. Y sospechan que es una maniobra previa a un pacto entre Glovo y el organismo público, en el que, por un lado, la empresa asuma una serie de obligaciones de regularización de los repartidores aflorados durante años por Inspección de Trabajo como falsos autónomos y, por el otro, evitar así llegar a juicio. 

En paralelo, según ha podido verificar este medio, la autoridad laboral ya ha iniciado el procedimiento de alta de oficio de esos 60.000 repartidores que la Inspección acreditó que han operado como falsos autónomos durante los últimos tres años en las principales ciudades de España.

Una macroperación en la que han sido movilizados más de 200 agentes de la Inspección y que derivará en requerimientos de cuotas impagadas por valor de 266 millones de euros, además de las sanciones que en cada ciudad decidan imponer finalmente los inspectores al cargo de las mismas, según la información divulgada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. El montante total de la operación puede escalar por encima de los 400 millones de euros, según ya tiene provisionado la propia compañía.

En busca de la "paz social"

La investigación del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona sigue su curso, una vez que el pasado 4 de diciembre el consejero delegado y cofundador de Glovo, Óscar Pierre, declaró ante la magistrada al cargo de la misma. 

Durante dicha declaración, la primera de un alto directivo de la economía de plataformas en España, Pierre defendió su anuncio -efectuado justo 24 horas antes de personarse en sede judicial- de abandonar el modelo de falsos autónomos que durante años le ha venido censurando la autoridad laboral. El consejero delegado de la empresa de las mochilas amarillas defendió que el anuncio de ese cambio de modelo buscaba la “paz social” con Inspección de Trabajo y que era una “coincidencia” que se produjera un día antes de su declaración.  

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En dicha declaración estuvo presente el abogado de los dos repartidores, ambos afiliados a la CGT, personados como perjudicados en el proceso. La intención tanto de la empresa como de Fiscalía es que en la próxima declaración en esa fase de instrucción no vuelva a estar dicho letrado, al menos como acusación particular. 

Ambos repartidores, según ha podido acreditar este medio mediante documentación referente a la Seguridad Social, han repartido y reparten para Glovo bajo su modelo de autónomos, ese mismo que considera Fiscalía que encaja como un supuesto ilícito de "imponer condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o mantenerlas en contra de requerimiento y sanción administrativa”. 

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No obstante, en el escrito de la jueza aceptando la exclusión como perjudicados de los repartidores, la magistrada acepta el argumento técnico que indica que ambos repartidores no están directamente implicados en las sentencias citadas por Fiscalía en su denuncia para sustentar su investigación.

Ahora desde el sindicato CGT están preparando alegaciones y una respuesta jurídica y sindical para tratar de mantenerse en el caso y poder, desde el mismo, actuar para que el juicio se acabe celebrando y el consejero delegado de Glovo sea, según ambicionan, condenando.  

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