Agencia Tributaria

Confirmado por Hacienda: así pretende controlar la Agencia Tributaria los cobros en negro de los autónomos

Habrá que declarar a Hacienda los pagos realizados con una tarjeta si el total supera los 25.000 euros al año

Agencia Tributaria: menos denuncias por delito fiscal, pero de mayor cuantía

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene durante una sesión de control al Gobierno, a 20 de noviembre de 2024, en Madrid (España).

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene durante una sesión de control al Gobierno, a 20 de noviembre de 2024, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Pedro Sanjuán

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La Agencia Tributaria está implementando nuevas medidas para reforzar el control fiscal sobre los autónomos y las empresas, con el objetivo de combatir la economía sumergida y mejorar la eficiencia en la recaudación de impuestos. El foco principal de estas medidas se centra en la obtención de información más detallada y frecuente sobre los cobros realizados por los profesionales, pasando de un reporte anual a uno mensual. Este cambio significativo busca una mayor transparencia en las transacciones económicas y una detección más temprana de posibles irregularidades.

Mayor control sobre los cobros mensuales

El núcleo de esta nueva estrategia reside en la modificación de las obligaciones de información que tienen las entidades financieras con la Agencia Tributaria. Actualmente, los bancos informan anualmente sobre los movimientos de las cuentas de sus clientes. Con la nueva normativa, se les exigirá que remitan mensualmente los datos sobre los cobros recibidos por autónomos y empresas a través de diferentes medios de pago, como tarjetas de crédito y débito, TPV (Terminales Punto de Venta), datáfonos e incluso aplicaciones de pago móvil como Bizum.

Hacienda justifica esta medida argumentando que la obtención de información con mayor periodicidad permitirá una evaluación más precisa del riesgo recaudatorio, facilitando la investigación de posibles fraudes, la adopción de medidas cautelares y la ejecución de embargos de forma más ágil y eficiente. Además, se destaca la importancia de la detección temprana de actividades fraudulentas u ocultaciones de ingresos, lo que contribuirá a una mayor equidad en el sistema tributario.

Ampliación del alcance a nuevas entidades

La propuesta de Hacienda no se limita a las entidades bancarias tradicionales que operan en España. También busca extender estas obligaciones de información a otras entidades financieras que, gracias al auge del internet, tienen actividad en el país, aunque su sede se encuentre en el extranjero. Esto incluye entidades de pago, entidades de dinero electrónico y cualquier banco extranjero que ofrezca servicios en España.

Estas entidades, al igual que los bancos nacionales, deberán informar a la Agencia Tributaria sobre la titularidad de las cuentas corrientes de los clientes españoles, los pagos realizados con tarjetas, Bizum, los movimientos de efectivo y, crucialmente, los cobros recibidos por profesionales y autónomos, con la periodicidad mensual ya mencionada. Esta ampliación del alcance busca una mayor cobertura y evitar posibles vacíos legales que permitan la ocultación de bienes y rentas.

Control sobre las compras de alto importe

Otro aspecto relevante de la propuesta es el control sobre los movimientos de dinero realizados con nuevas modalidades de tarjetas, como las de prepago y las virtuales, ampliamente utilizadas en las compras por internet. Hacienda pretende conocer la titularidad de estas tarjetas y que se le informe sobre las compras realizadas con ellas, siempre que superen un determinado importe, aunque el borrador de la norma aún no especifica el umbral a partir del cual se exigirá esta información. Esta medida busca una mayor transparencia en las transacciones y prevenir el uso de estas tarjetas para la ocultación de ingresos.

Objetivo: combatir la economía sumergida y la ocultación de rentas

El Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, sostiene que estas modificaciones buscan paliar la falta de información procedente de entidades financieras extranjeras que operan en España y dificultar la ocultación de bienes y rentas al fisco. Con estas medidas se pretende crear un sistema tributario más justo y eficiente, donde todos contribuyan de acuerdo a sus ingresos reales, reduciendo el impacto de la economía sumergida en la recaudación fiscal.

Implicaciones para los autónomos

Estas nuevas medidas implican una mayor fiscalización de la actividad económica de los autónomos. Es fundamental que los profesionales estén al tanto de estos cambios y se aseguren de cumplir con todas sus obligaciones fiscales, llevando una contabilidad rigurosa y transparente. Si bien estas medidas pueden generar cierta inquietud entre los autónomos, es importante destacar que su objetivo principal es combatir el fraude fiscal y promover la equidad en el sistema tributario, beneficiando a largo plazo a todos los contribuyentes.

De esta forma, la Agencia Tributaria está intensificando el control sobre los autónomos y las empresas con el objetivo de reducir la economía sumergida y mejorar la recaudación fiscal. La obtención de información mensual sobre los cobros, la ampliación del alcance a nuevas entidades financieras y el control sobre las compras de alto importe son las principales herramientas de esta nueva estrategia.