Opinión | Finanzas
Sin Presupuestos, más déficit público
La recaudación por IRPF está cayendo un 1,1% en términos de caja. En el caso del IVA, la recaudación líquida es prácticamente la misma que en 2023

El Tesoro eleva sus necesidades de financiación a 60.000 millones en 2025 por la dana
La presentación realizada por el ministro Carlos Cuerpo de los números básicos de la deuda del Estado para 2025 contiene un mensaje muy importante que no debe pasar desapercibido: el Gobierno rompe la tendencia de los últimos cinco años de bajada de las emisiones netas de deuda pública, lo cual quiere decir que el déficit del Estado en 2025 será muy probablemente mayor que en 2024.
Obviamente, a una ruptura de tendencia como esta se le debía dar una explicación con carácter preventivo. Y, en este caso, el ministro la ha encontrado con la DANA. La emisión de 5.000 millones netos más en 2025 con respecto a 2024 podría achacarse a imprevistos como el temporal que arrasó una buena parte de una de las áreas más productivas de la provincia de Valencia. Pero, aun así, esta es una explicación poco convincente. No hay más que ver la evolución de algunas magnitudes fiscales publicadas recientemente para darse cuenta de que el Gobierno espera un déficit superior de la Administración Central en 2025.
Tomando los últimos datos publicados de ejecución presupuestaria del mes de noviembre, la Administración Central registra un déficit (en términos de Contabilidad Nacional) casi 3 décimas de PIB superior al que registró en el mismo período de 2023 (-2,35% en noviembre de 2024 frente a -2,07% en noviembre de 2023). Uno de los factores que más decisivamente contribuyen a este desfase es el “pinchazo” de la recaudación de los dos principales impuestos. Por un lado, la recaudación por IRPF está cayendo un 1,1% en términos de caja, lo que quiere decir que tanto los ingresos trimestrales como el resultado neto de la campaña de la declaración de la Renta que acabó a principios de julio han sido peores de lo esperado.
En el caso del IVA, la recaudación líquida es prácticamente la misma que en 2023. Poco a poco, la normalización de las tasas de inflación ha dejado de generar el “dividendo” cuantioso que para la Administración ha sido estos casi tres años de crisis inflacionista. El único impuesto importante cuya recaudación está “funcionando” en términos de caja es el de Sociedades, con un alza del 13,5% interanual a noviembre.
Al mismo tiempo, por otro lado, los gastos siguen creciendo y lo hacen a un mayor ritmo que los ingresos (+6,2% los gastos frente a +5,7% los ingresos). Prácticamente, toda la estructura de gasto del Estado registra crecimientos importantes, empezando por los gastos de personal, cuyo crecimiento es de la misma magnitud que el del conjunto de los ingresos. A ello se suma las transferencias del sistema de financiación autonómica y la cobertura del “agujero” de la Seguridad Social, la cual ya asciende en términos acumulados a noviembre (y también en términos de caja) a 41.630 millones de euros, un 6,9% más que un año antes.
Y a lo que hay que añadir el pago de las pensiones de Clases Pasivas (las pensiones de los funcionarios del Estado) por un importe de 18.883 millones, un 7,1% más. Esta inyección es la que permite que el Gobierno pueda dar una imagen distorsionada de la situación real de la caja de la Seguridad Social. En la ejecución presupuestaria de octubre, la Seguridad Social mostraba un pequeño superávit del 0,04% del PIB.
Como es obvio, ni refleja correctamente la realidad ni es un indicador fiable del estado real de ingresos y gastos del sistema público. Si descontamos la aportación directa del Estado a esta caja, el saldo es negativo y por encima de los 35.000 millones de euros, en un escenario donde a octubre crecían a la misma tasa interanual los ingresos por cotizaciones y el gasto en pensiones (+7,5%).
Por tanto, es relativamente sencillo observar el agotamiento de los “vientos de cola” con los que ha contado el Gobierno a la hora de cuadrar las cuentas en los últimos años, a lo que hay que añadir el desfase entre ingresos y pagos de los fondos #NextGenEU. Esto es letal en un país sin Presupuestos y, por tanto, sin el margen de maniobra que da ingresar más de lo presupuestado y, con ello, poder recolocar partidas de gasto. Por ello, ante la perspectiva de que tardará en aprobarse unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2025 (si es que los hay), es preferible ponerse la venda antes que la herida, incluso aunque siga habiendo un escenario muy favorable de costes financieros a la baja.
Quedan unas semanas para conocer el cierre de 2024. Es improbable que el Gobierno no cumpla con la meta del 3% de déficit conjunto de las administraciones públicas. Pero ya está poniendo las primeras señales de alarma para 2025. Con este escenario, y para que salgan los números de lo comprometido en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas, el Gobierno buscará seguir apretando a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que generen superávits mayores y, con ello, compensen la desviación de la Administración Central.
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