La presión fiscal de España sube y se acerca a la de la zona euro: la brecha se ha reducido a la mitad en 6 años

Cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, en junio de 2018, la presión fiscal en España era del 35,2% del Producto Interior Bruto (PIB). En ese momento la recaudación total por impuestos y cotizaciones sociales en el conjunto de las administraciones sumaba 426.167 millones. Y el peso de esta recaudación sobre el PIB (35,2%) estaba muy lejos de la que existía en la media de la zona euro (41,5%), a 6,3 puntos de distancia (casi 27.000 millones de brecha, traducido a euros de entonces).

El Gobierno socialista se impuso como objetivo acercar la presión fiscal española a la de la zona euro y recortar los 6,3 puntos de PIB que la separaban entonces. El mismo objetivo ha sido heredado por los sucesivos gobiernos de coalición, con Unidas Podemos y con Sumar. El peso de los impuestos y de las cotizaciones sociales ha ido subiendo escalones en España hasta alcanzar los 554.885 millones en 2023 (el 30% más que en 2018), impulsado por el crecimiento económico, la inflación y las decisiones de política tributaria adoptadas por el Gobierno central, la Seguridad Social, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

La presión fiscal, así, escaló hasta el 37% del PIB en 2023. Estimaciones recientes del Banco de España, elevan al 37,4% la presión fiscal en 2024. En estos seis años, pues, la brecha inicial de 6,3 puntos ha quedado reducida a 3,2 puntos, la mitad de la que había entonces.

Con todo, España seguía ocupando en 2023 el 13º puesto en presión fiscal dentro de la zona euro, por detrás de países como Francia (que encabeza la lista, con una presión fiscal del 45,9%), Bélgica, Italia, Alemania o Portugal, y por delante de Eslovaquia Letonia o Irlanda (país que cierra la lista, con una presión fiscal del 22,7%), entre otros estados.

Decisiones para 2025

De cara a 2025 el Gobierno se ha comprometido ante la Comisión Europea a implementar medidas tributarias por el equivalente a otros 0,3 puntos de PIB (unos 4.800 millones de euros, si se toma como referencia del PIB de 2024).

Eso, sin tener en cuenta que la progresiva subida de cotizaciones sociales prevista en la última reforma de la Seguridad Social, para apuntalar el pago de las jubilaciones de la generación del 'baby boom'. Como consecuencia de estas medidas, en 2024 empresas y trabajadores han pagado ya un plus de 4.070 millones de euros a través, sobre todo, del nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) creado para dotar la 'hucha' de las pensiones.

En 2025, además, empezará a aplicarse la nueva 'cuota de solidaridad' sobre salarios a partir de 4.909,50 euros. Así, la Seguridad Social estima que las nuevas obligaciones y el incremento de cotizaciones ya existentes llevarán a la Tesorería General de la Seguridad Social un total de 1.729 millones de euros adicionales el próximo año, que se sumarán a los 4.070 ya reportados en 2024 por estos mecanismos, hasta alcanzar unos 5.799 millones (casi cuatro décimas de PIB).

Las comunidades autónomas, por su parte anticipan algunas rebajas fiscales para 2025, aunque de una intensidad mucho menor a las practicadas en los tres últimos años, que han supuesto un recorte neto de impuestos por casi 2.800 millones de euros, según datos recogidos en el Plan Presupuestario de 2024 remitido por el Gobierno a la Comisión Europea. Para 2025, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha estimado en una merma de 100 millones de euros el impacto recaudatorio de las decisiones de política fiscal que habían anunciado las comunidades autónomas hasta principios de noviembre, cuando la Airef publicó su 'Informe sobre las líneas fundamentales de los Presupuestos de las administraciones públicas 2025'.

Suscríbete para seguir leyendo