Vivienda
Los alquileres que apliquen el nuevo índice de referencia del INE subirán un 2,2%
Este porcentaje se revisará cada mes y solo es aplicable para los contratos posteriores a mayo de 2023, es decir tras la aprobación de la ley de vivienda
Guía | ¿Cómo puedes saber cuánto te va a subir el alquiler en 2025?

Europa Press

Los alquileres que se revisen este mes de enero podrán subir hasta un 2,2% de acuerdo con el nuevo índice de referencia de arrendamientos de vivienda publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este porcentaje, sin embargo, solo es aplicable a los contratos que se firmaron después del 25 de mayo de 2023, fecha de entrada en vigor de la ley de vivienda. Los acuerdos suscritos en fechas anteriores no están sujetos a este indicador, pero en estos casos los incrementos deberán ser siempre, según prevé la ley de arrendamientos urbanos (LAU), de un máximo equivalente al IPC (el último conocido, el de noviembre, fue del 2,4%).
El nuevo índice elaborado por el INE, denominado con las siglas IRAV y que se actualizará cada mes, sale de una compleja fórmula matemática, que tiene en cuenta varios elementos, como el valor mínimo entre la tasa de variación anual del IPC, la tasa de variación anual del IPC subyacente y las tasas de variación anual media ajustada de ambos y el primer dato publicado. De todo ello se concluye que para este mes de enero el porcentaje de incremento a aplicar será del ya citado 2,2%.
El dato forma parte del paquete de medidas de contención de precios previsto en la ley de vivienda. El más conocido de ellos es el polémico tope a los arrendamientos que solo se aplica por ahora en Catalunya. La ley prevé que sea el INE el encargado de definir el índice de referencia para la actualización anual de los contratos, con el objeto de evitar incrementos desproporcionados. "Se trata de una herramienta más que nos permitirá controlar que los contratos no acaben siendo abusivos para los inquilinos", ha resaltado la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, que este jueves ha visitado una promoción de viviendas de nueva construcción en Sabadell, que saldrán al mercado en la modalidad de alquiler asequible para personas menores de 35 años.
La titular de Habitatge de la Generalitat, que ha recordado que su departamento sigue avanzando en la redacción del régimen sancionador para los casos en que no se cumplan estos precios tope, ha vuelto a reconocer que ya se están encontrando con uno de los problemas que suelen producirse cuando se establecen mecanismos de contención: "se está produciendo una fuga hacia el alquiler de temporada", ha admitido. En el primer trimestre de aplicación del límite de alquileres en Catalunya, se firmaron un 17% menos de contratos de alquiler en Catalunya, según datos del Incasòl. En segundo trimestre, ese porcentaje ha sido del 10%, ha adelantado Paneque. La parte buena, ha destacado, "es que llevamos ya dos trimestres consecutivos en los que los precios del alquiler en los municipios tensionados han tenido un mejor comportamiento que los de las localidades que no están incluidas en la lista, con incluso algún decrecimiento".

Nueva promoción de pisos de proteción oficial, promovida por el Institut Català del Sòl (Incasòl) en el barrio de Can Llong de Sabadell, Barcelona con la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés i la consellera de Territorri, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. / Victòria Rovira
Registro de alquileres de corta duración
Otra de las herramientas que Paneque espera sea útil para evitar esa fuga hacia el alquiler de temporada (propietarios que prefieren arrendamientos de menos duración o por habitaciones, lo que les permite no tener que aplicar el tope al alquiler) es el registro único de arrendamientos turísticos, de temporada, de habitaciones o cualquier otro tipo de alojamiento de corta duración que ha entrado en vigor este 2 de enero. Con el registro se crea también una ventanilla única digital de arrendamientos para la recogida e intercambio de estos datos. Este registro no será efectivo hasta el próximo 1 de julio, momento a partir del cual los arrendadores deberán obtener un número de registro para poder ofrecer un alquiler de corta duración en las plataformas digitales.
Así se desprende del real decreto ley aprobado en el último Consejo de Ministros de 2024, que establece este periodo de transición de enero a julio para que las empresas y administraciones se adapten a la nueva norma que regulará los alquileres de corta duración en España a partir de 2025.
La nueva regulación obligará a los arrendadores a obtener un número de registro para la vivienda en alquiler, aportar la información requerida, atender los requerimientos de información, actualizarla en el momento que se produjese un cambio en algunas de ellas y comunicar a las plataformas en línea el número de registro que se haya asignado por el Registro de la Propiedad o el de Bienes Muebles.
Con esta nueva regulación, España se convierte en el primer país de la Unión Europea (UE) donde se pone en marcha el reglamento europeo que obliga a los Estados miembros a crear un sistema de información en materia de alquileres de corta duración, a través de un sistema de registro y de obtención de un número de identificación para el alquiler de corta duración de una vivienda.

Nueva promoción de pisos de proteción oficial, promovida por el Institut Català del Sòl (Incasòl) en el barrio de Can Llong de Sabadell, Barcelona con la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés i la consellera de Territorri, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. / Victòria Rovira
Una treintena más de viviendas en Sabadell
La promoción de viviendas que ha visitado este jueves la consellera de Territori en el barrio de Can Llong de Sabadell es un paso más, ha subrayado, en el objetivo de construir 50.000 nuevos pisos en Catalunya para 2030. "En este caso, son de alquiler asequible para jóvenes, con una reserva de dos viviendas para personas vulnerables en situación de emergencia", ha dicho, antes de anunciar que su departamento ha sacado este 2 de enero una convocatoria del programa Garantim, dotada con un millón de euros, para subvencionar el acceso a un techo digno para familias en riesgo de exclusión.
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