Este es el nuevo plan del Gobierno que pretende “salvar” a Correos de la quiebra

El Gobierno aprobó el pasado martes 24 de diciembre un nuevo Real Decreto-Ley que incluye medidas en materia fiscal, energética y social para paliar las consecuencias económicas y sociales derivadas de las guerras de Ucrania y Oriente Próximo, así como los efectos de la sequía. 

Además, también incluye aspectos para la reestructuración de Correos con el fin de evitar su disolución, al menos, a corto plazo. La empresa que dirige Pedro Saura logró evitar hasta ahora caer en desequilibrio patrimonial gracias a las medidas legislativas adoptadas en España durante la pandemia. Estas leyes permitieron excluir las pérdidas de 2020 y 2021 al calcular los fondos propios en relación con el capital social, lo que evitó que la empresa incumpliera los criterios para su disolución.

Sin embargo, la situación se ha vuelto crítica tras años de importantes pérdidas acumuladas y un fuerte incremento del fondo de maniobra negativo en 2023. De no haberse tomado medidas adicionales, Correos habría enfrentado un riesgo inminente de disolución en 2025.

Los motivos de las pérdidas económicas de Correos

Las pérdidas de Correos superaron los 1.000 millones de euros entre 2018 y 2022 y la deuda acumulada durante los últimos años ha sido muy elevada, por lo que han estado a punto de entrar en quiebra. El Real Decreto explica que estas pérdidas se deben, entre otras cosas, a la dependencia excesiva del servicio postal tradicional, que ha perdido relevancia en la era digital.

Por otro lado, también han explicado que la falta de diversificación de sus ingresos ha limitado enormemente su capacidad de generar recursos por vías alternativas. Además, subrayan que los altos costes estructurales han llegado a superar los ingresos recurrentes, generando pérdidas continuas.

¿En qué consiste el plan de rescate?

En primer lugar, el Gobierno ha decidido ampliar por cinco años adicionales la designación de Correos como operador encargado del Servicio Postal Universal, una función que inicialmente tenía como límite el año 2025. Esta ampliación asegura que la empresa continuará garantizando el acceso universal al correo en todo el territorio nacional.

Además, se ha establecido que Correos asuma nuevas responsabilidades relacionadas con los Servicios de Interés Económico General (SIEG), especialmente en áreas rurales y de baja densidad de población, con el objetivo de combatir la exclusión financiera y social. Estas tareas incluyen comunicaciones postales básicas, el acceso a servicios financieros esenciales y la realización de trámites administrativos como la entrega de documentos oficiales, el pago de impuestos y multas, el cobro de ayudas públicas y la acreditación de identidad digital. 

Para garantizar el buen funcionamiento de estas iniciativas, antes del 24 de enero se suscribirá un contrato-programa plurianual entre el Gobierno y Correos. Este acuerdo incluirá anticipos económicos que permitirán a la compañía cubrir los costes asociados a sus nuevas responsabilidades, con la posterior liquidación de estos gastos en los Presupuestos Generales del Estado. 

Por otro lado, el plan también atiende las exigencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), obligando a Correos a implementar una contabilidad analítica que distinga claramente entre las cuentas del Servicio Postal Universal y las correspondientes a los SIEG. 

Asimismo, introduce un nuevo sistema de cálculo de costes para el Servicio Postal Universal que cumple con los requerimientos del organismo regulador. Todo esto se enmarca en el Plan Estratégico 2024-2028, que tiene como objetivo modernizar y diversificar los servicios de Correos, al tiempo que estabiliza su rentabilidad y garantiza su viabilidad a largo plazo.