Fiscalidad
El Gobierno pospone hasta el 1 de abril el nuevo impuesto sobre cigarrillos electrónicos
Se prorrogan las deducciones en el IRPF en materia de eficiencia energética y compra de vehículos eléctricos

Archivo - Persona usando un vapeador. / MAR&GEN - Archivo

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un Real Decreto-ley que retrasa la entrada en vigor del nuevo impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y vapeadores hasta el 1 de abril de 2025. Esta medida forma parte de un paquete de modificaciones tributarias que también incluye otras prórrogas y cambios en deducciones fiscales. El nuevo impuesto, que originalmente debía aplicarse desde el 1 de enero de 2025, se pospone para ofrecer más tiempo para la adaptación a esta nueva figura tributaria.
En el mismo Real Decreto-ley, el Gobierno extiende hasta el 31 de diciembre de 2025 la deducción en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), permitiendo deducciones de hasta el 60% en estos trabajos. Además, se introducen cambios en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias para permitir que los fondos de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) se destinen a la rehabilitación de viviendas protegidas destinadas al alquiler, bajo ciertas condiciones.
También se prorroga hasta finales de 2025 la deducción por la compra de vehículos eléctricos enchufables, de pila de combustible y la instalación de puntos de recarga, con una deducción del 15% en el valor de adquisición. En el Impuesto sobre Sociedades, se extiende la libertad de amortización para inversiones en energía renovable hasta 2025.
El decreto incluye una modificación del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de entidades financieras, para ajustar el gravamen temporal aplicado en 2023 y 2024, facilitando la transición hacia el nuevo impuesto previsto para 2025. Además, se modifica la Ley de Contratos del Sector Público para fomentar la vivienda pública, flexibilizando los contratos de concesión para la promoción de vivienda social o asequible en terrenos o inmuebles públicos.
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