Desencuentro entre socios

Del salario mínimo a la reducción de jornada: Trabajo y Economía viven su enésimo choque

Yolanda Díaz insiste en que el 31 de diciembre de 2025 todos los trabajadores deben tener una jornada máxima de 37,5 horas, mientras Carlos Cuerpo se abre a dar más margen a las empresas para aplicarlo

Economía se abre a retrasar la reducción de jornada más allá de 2025 para "acompañar" a las empresas

Yolanda Díaz, a Feijóo: "¿Vais a hacer lo mismo con la reducción de la jornada que con la reforma laboral?"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados. / Eduardo Parra - Europa Press

Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

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Salario mínimo, reforma laboral, subsidios de paro, ley Rider, ley de Industria… Prácticamente no ha habido cambio legislativo de calado en lo económico desde que el PSOE y Sumar (antes Unidas Podemos) son socios en los que los ministerios de Trabajo y Economía no hayan chocado. Ahora las chispas vuelven a saltar por la reducción de la jornada laboral, la norma estrella que ambiciona la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para esta legislatura y que su colega Carlos Cuerpo ve con buenos ojos dilatar en el tiempo para contentar al empresariado.

Si alguien pensó que los pulsos entre Economía y Trabajo finalizarían tras la marcha de Nadia Calviño a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), las últimas semanas le han quitado la razón. La relación entre la entonces vicepresidenta primera y la segunda era “fría”, según describen fuentes conocedoras. Otras la califican directamente de “mala”. Ahora, en lo personal, el trato entre Díaz y Cuerpo ha mejorado, si bien las diferencias de fondo siguen existiendo. 

En los despachos del Ministerio de Trabajo preparan la operativa para este viernes escenificar y firmar con los sindicatos un acuerdo que dará paso a los trámites legislativos para aprobar la ley de reducción de jornada. Según sostienen fuentes conocedoras de dichas conversaciones, desde el Ministerio de Economía están manifestando su predisposición a retrasar la entrada en vigor de la norma para dar facilidades a las empresas para adaptarse.

Una postura que no es ni nueva ni exclusiva de Economía, en tanto que en julio desde Moncloa ya manifestaron su preferencia por alargar las negociaciones con la patronal y tratar así de sumarla a un acuerdo. En contra del criterio de Trabajo, que ya en ese momento no veía margen para un pacto con los empresarios y se disponía a enfilar la vía legislativa.

El tiempo y las negociaciones le han acabado dando la razón a Trabajo y la CEOE se ha mantenido coherente con su postura y ha declinado apoyar una norma que consideran que invade las competencias de la negociación colectiva. 

La reducción de jornada se erige así como el enésimo desencuentro entre socios, con la diferencia de que ahora el ministro de Economía no es vicepresidente y orgánicamente, dentro del Gobierno, tiene un rango inferior a líder de Sumar. Si bien ello no está siendo incompatible con que existan las diferencias y estas transciendas las paredes del Consejo de Ministros. 

Salario mínimo, un roce habitual

Los choques entre esas dos alas del Ejecutivo han sido una constante desde que Pedro Sánchez apostó por un Gobierno de coalición. Uno de los episodios más tensos ha sido con el salario mínimo interprofesional (SMI), que si bien ha habido diferencias cada año sobre la cuantía, la de 2021 fue la más sonada. Entonces la patronal valoró por primera vez decirle no a la coalición y desmarcarse de la subida, aduciendo que el impacto del covid en las cuentas de muchas compañías hacía imposible actualizar este suelo salarial. 

Calviño se alineó con dicho planteamiento y sugirió a Díaz que “se tomara un tiempo” para tratar de alcanzar un acuerdo en el que estuviera la patronal. El pulso se alargó hasta julio, cuando la entonces ministra de Economía salió en rueda de prensa tras un Consejo de Ministros y se abrió públicamente a subir el SMI. Dicho aumento no aplicó hasta octubre y fue de 15 euros.

El actual ministro de Economía no fue ajeno a dichas disputas, en tanto que antes de ascender a ministro participaba directamente de la decisión de cuánto debía subir cada año el SMI. Cuerpo era uno de los miembros de la comisión de expertos creada por el Gobierno en 2021. Este año dicha comisión, ya sin Cuerpo, todavía no ha emitido un veredicto y las negociaciones con patronal y sindicatos para fijar el SMI de 2025 todavía no han empezado. Por lo que no han trascendido públicamente diferencias entre socios al respecto.

De la 'reforma laboral' a la 'ley Rider'

El mismo año de ese gran desencuentro en materia de SMI el Gobierno pactó con los agentes sociales la reforma laboral. Durante la recta final de dichas negociaciones, Díaz vivió como una afrenta que otros ministerios, entre ellos Economía, se incorporaran a las mismas.

Los desencuentros entre Economía y Trabajo han sido variados, sostenidos en el tiempo y han trascendido el perímetro puramente formal de sus competencias. La semana pasada el Consejo de Ministros dio luz verde a la tramitación de la nueva ley de industria. Según coinciden en señalar distintas fuentes consultadas, Economía era contraria a restringir las deslocalizaciones y obligar a las empresas que se fueran a devolver las ayudas públicas recibidas, como defendió Trabajo. 

Hace un año, para estas mismas fechas, otro desencuentro sonado y radiado en los medios de comunicación fue el que suscitó la reforma de los subsidios por desempleo. Trabajo pretendía un cambio garantista para el parado y que supusiera un aumento del gasto público y Economía apostaba por un modelo que subsidio decreciente para forzar a los desempleados a aceptar, si podían, cualquier empleo. Se acabó imponiendo el criterio de Díaz, si bien la reducción progresiva de la cuantía del subsidio que quería Economía se mantuvo.

Hace tres semanas el consejero delegado de Glovo, Óscar Pierre, declaraba ante el juez por, presuntamente, incumplir la ‘ley Rider’ y tener a sus repartidores como autónomos. Dicha norma la pactó Trabajo con patronal y sindicatos en 2021 y desde el Ministerio que lidera Díaz siempre han acusado a Economía, entonces liderado por Calviño, de recibir a representantes de las plataformas digitales y tratar de influir para que la ley no prosperara. 

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