Reclamación patrimonial

Los pisos turísticos de Tarragona exigirán 93 millones a la Generalitat si les retira la licencia

Los propietarios reclaman al Govern que revise el decreto que prevé la extinción de los permisos a partir de 2028

Los pisos turísticos de Barcelona pedirán 4.280 millones si la Generalitat les obliga a cerrar

Las licencias de pisos turísticos dejarán de ser perpetuas en Catalunya

Turistas con maletas a su llegada a Salou, en el verano de 2021.

Turistas con maletas a su llegada a Salou, en el verano de 2021. / JOAN REVILLAS

María Jesús Ibáñez

María Jesús Ibáñez

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Los propietarios de pisos turísticos de la Costa Daurada y de las Terres de l’Ebre se han sumado a las acciones emprendidas por sus homólogos de Barcelona, Sitges y diversas poblaciones del Maresme y han presentado una reclamación patrimonial contra la Generalitat por valor de 93 millones de euros, el perjuicio que, según sus estimaciones, les supondrá la extinción de licencias prevista en el decreto 3/2023. Esta normativa establece la retirada de licencia a los apartamentos turísticos a partir de 2028, lo que, según los dueños de estos pisos, "pone en riesgo el futuro económico" de esta modalidad de alojamientos para turistas.

"Es un decreto que nos aboca a una situación de incertidumbre inaceptable para ningún empresario, ni para los trabajadores del sector", ha lamentado este miércoles el presidente de la Associació d’Apartaments de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre, Joan Calvet, que, como hizo también el martes el president de Apartur en Barcelona, Enrique Alcántara, la reclamación económica a la Generalitat incluye tanto las ganancias que los propietarios dejarán de ingresar como las inversiones ya realizadas y todavía no amortizadas y la pérdida de valor del inmueble.

"Estamos hablando de miles de euros invertidos en mejoras y reformas de los pisos, que ahora se podrían perder, además de los centenares de puestos de trabajo que se van a ver afectados por la inestabilidad que genera esta normativa", ha indicado Calvet, que ha asegurado que "aunque todavía no se ha implementado el decreto, los efectos ya se han empezado a notar, con una depreciación de los inmuebles afectados, una caída de la confianza en el mercado y la imposibilidad de planificar y amortizar inversiones a largo plazo".

En el caso de la Costa Daurada y las comarcas del Ebre, el apartamento para uso de familias de turistas, ha agregado el presidente de la entidad, "constituye una pieza importante en el modelo turístico de estos territorios".

Las reclamaciones patrimoniales presentadas hasta ahora por la Federació Catalana d'Apartaments Turístics (Federatur), junto con la Associació Turística d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA), la Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona y la de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, ascienden ya a más de 5.000 millones de euros, aunque algunas estimaciones apuntan a que podrían seguir aumentando hasta los 7.000 millones.