Los pisos turísticos de Barcelona pedirán 4.280 millones si la Generalitat les obliga a cerrar

La Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur), que agrupa a más de 300 empresas del sector, calcula que el decreto de la Generalitat que prevé la extinción de las licencias de los pisos de uso turístico causará un perjuicio superior a los 4.280 millones de euros solo en la ciudad de Barcelona, en Sitges (Garraf) y en poblaciones del Maresme. La cifra podría ascender a más de 7.000 millones en el conjunto de Catalunya, según cálculos de la entidad.

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"Ese importe tiene en cuenta tanto las ganancias que dejarán de ingresar los propietarios como las inversiones ya realizadas y todavía no amortizadas y la pérdida de valor del inmueble, pero sobre todo incluye a los en torno a 5.000 puestos de trabajo directos que quedarían afectados si se cierran los 7.200 apartamentos turísticos que nos han hecho llegar sus estimaciones", ha indicado este martes Enrique Alcántara, presidente de Apartur.

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Apartur sostiene que esa cifra es la que se corresponde a las viviendas que están funcionando actualmente en la capital catalana como alojamientos turísticos, y no las 10.100 que constan oficialmente como dadas de alta en el registro de licencias y que el ayuntamiento de la ciudad ha anunciado que quiere suprimir antes de 2028.

Estos pisos, asegura Apartur, generan un impacto fiscal directo de más de 160 millones de euros para las arcas municipales. La actividad genera además unos 345 millones de euros de impacto directo, mientras que el indirecto llega a los 1.200 millones, de los que se benefician básicamente el comercio y la restauración. "Representamos el 40% de la oferta alojativa de Barcelona, una ciudad que si quiere apostar por el turismo familiar, no debería prescindir de este tipo de alojamientos", ha incidido Alcántara.

La vía judicial

Apartur ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Generalitat, que tiene ahora seis meses para contestarle. Si el plazo se agota sin que haya respuesta, la entidad emprenderá un recurso contencioso-administrativo. "No se trata de cobrar una indemnización, sino de que la Generalitat revise el decreto", ha subrayado el presidente de la patronal. La reclamación se basa en que el decreto ley permite "expropiar" un derecho adquirido y "toda expropiación tiene que conllevar una indemnización", ha asegurado Alcántara.

El Tribunal Constitucional ya ha aceptado a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto y la Comisión Europea ha abierto un expediente por vulneración de la normativa comunitaria como consecuencia de la aprobación de esta normativa, ha afirmado la patronal. "La Generalitat rompe la regulación pionera en el sector establecida en Barcelona", ha denunciado el responsable de Apartur, que ha insistido en que los apartamentos turísticos legales representan solo el 1% del parque total de vivienda de la ciudad, con lo que, según su criterio, no afectan a los problemas que acarrea el sector inmobiliario de la ciudad. La eliminación de los pisos turísticos, además, "no garantiza que pasen al mercado residencial", ha avisado.