Consumo investiga a varias grandes gestoras de pisos turísticos por "posibles prácticas engañosas"

Segunda gran advertencia para el sector de los pisos turísticos, y segundo gran movimiento para demostrar que el Gobierno tiene el foco puesto sobre este negocio. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación contra varias empresas que administran "cientos" de estos inmuebles, por tener la sospecha de que incurren en "prácticas engañosas" y de que infringen la ley que vela por los derechos de los consumidores.

Así lo explica el departamento dirigido por Pablo Bustinduy en un comunicado que no da mucho más detalle al respecto. Solo que la inspección se centra en compañías que gestionan "cientos" de viviendas turísticas en distintas comunidades autónomas, y que son viviendas que tienen licencia pero que se estarían administrando "de forma irregular".

El matiz viene a cuenta de otra investigación que tiene en marcha desde hace unos meses este mismo departamento y que está relacionada con el mismo sector, pero cuyo objeto de inspección es diferente. En junio, la Dirección General de Consumo anunció que estaba investigando a algunas plataformas de anuncios de pisos turísticos (no especificó cuales, pero se entiende que son páginas tipo Airbnb o Booking) por ofrecer vivienda que no disponía de licencia turística.

En este caso, "lo que se investiga es a gestoras de pisos turisticos que incluso siendo pisos turisticos legales, es decir, teniendo licencia para operar como turisticos, estarían gestionandose de manera irregular", explican fuentes del departamento.

La única pista que da el comunicado es la definición de lo que la Ley de Competencia Desleal define como 'práctica engañosa'. "Cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios" o "afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el mercado de su actividad empresarial o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario". Es decir, ocultar su condición de gran tenedor, por ejemplo, o incluso hacerse pasar por un pequeño propietario que no se dedica profesionalmente a este negocio.

Multas de hasta 100.000 euros

La investigación –matizan desde el Ministerio– está en una fase muy inicial, que se centra básicamente en la recolecta de información para determinar si hay material suficiente como para abrir un expediente sancionador. En caso de que esto tirara hacia adelante y se llegara a esa fase, las multas establecidas por infracciones de este estilo van hasta los 100.000 euros, en función de la gravedad, o hasta llegar a multiplicar por 8 el beneficio ilícito obtenido a través del fraude.

"Todas estas iniciativas se enmarcan en el objetivo fijado por Pablo Bustinduy de atajar la crisis de la vivienda en España, una cuestión que, según ha declarado públicamente en varias ocasiones, es uno de los principales problemas que tiene nuestro país", completa el documento, que también recuerda que uno de los objetivos del departamento para esta legislatura es "poner freno a la especulación en el sector de la vivienda" y que ha pedido a las distintas administraciones que "tomen las medidas necesarias para abordar el problema".