Reforma de la ley de dependencia: estos son los principales cambios

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 está listo para presentar la esperada reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. Ambas normativas, con más de una década en vigor, se integrarán en un único anteproyecto de ley que busca adaptar el modelo de cuidados a los cambios sociales, promover la autonomía personal y garantizar derechos esenciales.

Según el ministro Pablo Bustinduy, el proceso dentro del Gobierno no ha avanzado al ritmo deseado, señalando posibles bloqueos internos en la coalición. Sin embargo, el Ministerio asegura que las reformas se presentarán próximamente, alineadas con el mandato del renovado artículo 49 de la Constitución, que refuerza los derechos de las personas con discapacidad.

Nuevos derechos y prestaciones más inclusivas

Uno de los pilares de la reforma es ampliar las ayudas para personas dependientes en el “entorno relacional”, equiparando a amigos con familiares como cuidadores reconocidos. Esta medida responde a los nuevos modelos de convivencia en los hogares españoles.

Además, la teleasistencia se convertirá en un derecho subjetivo, disponible para todas las personas en situación de dependencia. También se eliminará la incompatibilidad entre prestaciones, permitiendo a los beneficiarios combinar servicios como centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia para un cuidado integral.

La reforma busca poner fin a medidas heredadas de la crisis de 2008, como el periodo suspensivo de dos años para percibir ayudas tras su aprobación, que aún persiste en algunas comunidades autónomas.

Cambios para trabajadores del sector de cuidados

El anteproyecto incluye una obligación novedosa: los cuidadores deberán acreditar que no tienen antecedentes por delitos sexuales, una medida ya vigente en el ámbito de los menores.

Discapacidad y menos burocracia

En cuanto a la ley de discapacidad, se concederá automáticamente un grado del 33% a quienes tengan reconocida una dependencia. Además, se regulará la accesibilidad universal como un derecho, ampliando la protección a mujeres e infancia con discapacidad.

Hacia un modelo más humano y comunitario

El Gobierno apuesta por un modelo de cuidados centrado en la comunidad, con una inversión inicial de 1.300 millones de euros que se complementará con fondos europeos. “Las macro residencias deberían estar prohibidas”, afirmó Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, al defender la integración de las personas dependientes en entornos comunitarios.

Con estas reformas, el Ejecutivo pretende modernizar un sistema que afecta a más de 2,1 millones de personas en España, adaptándolo a las necesidades del siglo XXI y garantizando una atención más justa y personalizada.