Solo un 30% de la tierra que cultiva un agricultor en Catalunya es de su propiedad; el 70% restante la arrienda

El envejecimiento de la población y el abandono de la actividad, unido a la necesidad de conseguir que el campo sea un negocio rentable, han cambiado profundamente la estructura de la propiedad agraria en Catalunya, hasta el punto de que solo el 30% de las tierras que cultiva un agricultor sean suyas, según los datos que maneja Unió de Pagesos (UP). El 70% restante son fincas arrendadas a terceros o explotadas en régimen de aparcería. En 1999, los datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) señalaban que el 66% de las hectáreas productivas estaban siendo cultivadas por sus propietarios. Diez años después, en 2009, ese porcentaje había bajado a poco más del 57%. Y en 2020, el último dato oficial disponible en el portal del Idescat, era ya del 38,4%.

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Más allá de la tradición 'masovera' centenaria catalana, el dato revela un problema de mayor calado. "Es una realidad que supone un escollo, por ejemplo, a la hora de poner en marcha proyectos como la modernización de un sistema de riego", apunta el coordinador de UP, Joan Caball. Cuando un terreno ya dispone de regadío, como ocurre en el área del canal de Urgell, en Lleida, el propietario que no cultiva directamente la tierra -sino que la tiene en arriendo- no es tan propenso a hacer una inversión de mejora, y menos si esta es muy costosa, advierte el dirigente de la organización agraria, que alerta de cómo esta circunstancia está dando alas a una presencia creciente de fondos de inversión en el sector.

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"En Francia -recuerda- existen normativas para dar preferencia a los agricultores frente a los grandes fondos a la hora de comprar tierras y evitar así la especulación". Además, se han habilitado también distintos sistemas de financiación para que los pequeños productores puedan adquirir más suelo sin que eso les suponga una asfixia, indica Caball. "Si tan importante es la producción de alimentos, si de verdad el Govern de Catalunya apuesta por la alimentación de proximidad y por la riqueza gastronómica, deberían demostrarlo con medidas encaminadas a mejorar la capacidad financiera del sector, que ahora mismo es un problema", subraya.

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Caball, que el pasado martes participó en la presentación del libro de Andreu Peix que conmemora los 50 años de la fundación del sindicato, reclama asimismo una modificación del plan especial de sequía de Catalunya, una reivindicación que Unió de Pagesos lleva años encabezando y que pasa, entre otras cosas, porque las restricciones que se aplican al sector agrario sean equivalentes a las de otros sectores económicos. "Es injusto que mientras se están llenando piscinas para que las disfruten los turistas de los hoteles, nosotros estemos perdiendo cosechas enteras por no poder regar", lamenta el líder de UP. "La sociedad ha de hacer una reflexión sobre si la producción de alimentos es alguna cosa más", remacha.

"No podemos convertirnos en un parque temático para la gente de ciudad", prosigue Raquel Serrat, responsable del área de Medi Rural en UP. "La agricultura tiene un rol fundamental en el territorio, en el mantenimiento de la población rural y en el cuidado de la gente mayor que se ha quedado allí", destaca Serrat. Por eso, "es necesario dotar a esas comarcas de servicios básicos que todavía no tienen, que puedan acceder a la salud y las conexiones digitales en las mismas condiciones que la población urbana".

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Al president de la Generalitat, Salvador Illa, con quien se reunió el lunes anterior, Caball le pide un mayor y mejor control sobre los precios que percibe el agricultor. "El Govern tiene la competencia en esta materia, aunque eso le suponga tener que contratar a más inspectores para vigilar ante los abusos de la industria o de la gran distribución, señala. Llegado el caso, añade, y en vista de que es difícil conocer los costes que repercute la industria alimentaria sobre los precios, "quizás debería intervenir el Estado en la fijación de precios".