Renfe ejecuta ya una sanción de 116 millones a Talgo en pleno proceso de compra por Sidenor

Renfe no esperará más y ha confirmado a Talgo la ejecución de una sanción de 116 millones por los retrasos acumulados en la entraga de los trenes Avril. El operador estatal ferroviario ha comunicado este mismo miércoles por carta al fabricante el fin del proceso de conciliación y la aplicación de una primera penalización, según ha adelantado El Correo y confirman a este diario fuentes jurídicas al tanto del proceso. La sanción llega en pleno proceso de negociación por parte de Sidenor con los grandes accionistas de Talgo para convertirse en socio de referencia del fabricante y comprar una participación del 29,9%.

Renfe de momento sólo ha ejecutado un primer tramo de sanciones y se reserva el derecho a aplicar una penalización extra por otros 50 millones en concepto del lucro cesante provocado por la demora en las entregas de los convoyes de alta velocidad del modelo S-106, conocidos comercialmente como Avril. No obstante, el operador ferroviario no descarta suavizar el golpe a su proveedor como una forma de facilitar el desembarco en su accionariado de Sidenor, en un movimiento que cuenta con el apoyo del Gobierno central.

El importe del contrato de compra de una treintena de unidades del tren por parte de Renfe ascendió a unos 600 millones, y la primera penalización equivale a una quinta parte del montante total. Fuentes jurídicas vinculadas al procedimiento de sanción subrayan que Renfe cuenta con informes legales que respaldan su decisión de ejecutar ya la sanción por la dilación de las entregas de los trenes superior a los 18 meses. La compañía estatal pretende retener los pagos que aún tiene pendientes por transferir a Talgo por el pedido total, del que el operador sólo ha recibido una parte de los convoyes y aún faltan otros siete trenes por entregar.

En mitad de la visita de Puente

Renfe ha remitido la carta comunicando la sanción durante la mañana del miércoles, justo cuando el ministro de Transportes, Óscar Puente, realizaba una visita a una de las factorías de Sidenor, escenificando así el respaldo del Gobierno a la oferta del grupo siderúrgico para tomar el control de Talgo. El propio Puente lleva meses trabajando activamente para dar estabilidad al accionariado del fabricante de trenes y para blindar el futuro de la compañía.

Óscar Puente escenifica el apoyo del Gobierno a la oferta de Sidenor para controlar Talgo

Sidenor ha presentado una oferta al principal accionista de Talgo -el fondo británico Trilantic- para la adquisición de una participación del 29,9%. Y en un momento clave de la operación en ciernes, Óscar Puente ha realizado una visita a la fábrica del grupo siderúrgico en Basauri (Vizcaya) junto al presidente de la compañía, José Antonio Jainaga.

En la operación de entrada de Sidenor podrían participar directamente también como futuros accionistas tanto el Gobierno central -a través del holding estatal SEPI- como el Ejecutivo vasco, y también se pueden sumar también otros socios industriales o financieros. Las Administraciones central y vasca han mostrado su disposición a dar apoyo a una solución encabezada por Sidenor.

El grupo siderúrgico vasco pretende tomar una posición de control que permita a Talgo disponer de estabilidad en el accionariado de la que no goza desde 2022, cuando Pegaso Transportation (consorcio conformado por el fondo británico Trilantic, la familia Oriol y Juan Abelló y que es titular del 40% de las acciones de la compañía) activó su venta y dio un mandato a Lazard y Citi para encontrar un comprador. La oferta inicial de Sidenor se sitúa, según fuentes del mercado, en el entorno de los 4 euros por acción, lo que implicaría un desembolso de 148 millones por el 29,9%, lo que le permitiría sortear el tope legal del 30% que la legislación establece para que sea obligatorio presentar una opa por el 100% de las acciones.

La propuesta de Sidenor se situaría así muy por debajo de la oferta de 5 euros por título por el 100% de la compañía que articuló el grupo húngaro Magyar Wagon, y que habría supuesto un desembolso de 619 millones de euros. El Consejo de Ministros vetó el pasado agosto la opa del grupo húngaro por las vinculaciones de sus accionistas con Rusia, alegando que la prohibición se debía a la necesidad de preservar los intereses estratégicos y la seguridad nacional por la tecnología desarrollada por Talgo.

La operación que cuenta con el respaldo de los Gobiernos central y vasco busca reordenar el accionariado de Talgo e impulsar la compañía de la mano de nuevos socios industriales que ayude a resolver uno de los grandes problemas que arrastra la compañía, el de no tener capacidad suficiente en sus factorías para atender los pedidos de trenes que acumula.