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¿Te afectará la reducción de jornada a 37,5 horas? | Buscador por sectores

Un informe de la UGT señala que el 70% de los asalariados catalanes verán disminuido su tiempo de trabajo máximo si prospera la ley que han pactado con el Gobierno

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Ambiente de compras un en supermercado de Barcelona.

Ambiente de compras un en supermercado de Barcelona. / ZOWY VOETEN

Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

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La reducción de jornada laboral a las 37,5 horas semanales beneficiará a siete de cada 10 asalariados catalanes. De los supermercados a la siderurgia, pasando por la hostelería o la química, una gran mayoría de convenios colectivos en Catalunya deberán reajustar su tiempo de trabajo para adaptarse al nuevo techo que pretende aplicar el Gobierno durante el 2025, según cuantifica un informe de UGT presentado este miércoles. Una disminución horaria que, según los propios números del sindicato, podría crear unos 82.000 empleos, al tener que mantener algunos sectores sus horarios de atención al público.

La ley para disminuir el horario de trabajo promete ser uno de los grandes debates legislativos del 2025. Agotada ya la negociación con patronal y sindicatos, el Ministerio de Trabajo ha iniciado ya las negociaciones con los grupos parlamentarios para tratar de armar las mayorías necesarias para que la ley prospere. Y ahí las centrales, a diferencia de los empresarios, están volcados con la norma. “La reducción de jornada es para nosotros un tema nuclear, no de legislatura, sino de corto plazo. La gente, vote lo que vote, quiere reducir el tiempo de trabajo”, ha afirmado el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros.

Según sus cálculos, 2,2 millones de asalariados catalanes verán reducido, en más o menos minutos a la semana o días al cabo del año, su jornada. Hay una minoría de catalanes que ya tienen topado su horario en las 37,5 horas semanales, si bien son una minoría. El informe de la UGT sitúa 14 convenios que en Catalunya ya tienen recogido ese horario y son de índole diverso, desde los centros de ocio educativo –comedores escolares o ‘caus’ y ‘esplais’-, hasta los laboratorios metalográficos, pasando por la sanidad concertada (SISCAT). 

Ros ha explicado que en algunos sectores el ya tener reconocido ese umbral obedece a una fuerte organización sindical, como el segundo y tercer caso, y en otros que la propia actividad no requiere de tantas horas semanales, como en el primero. El líder sindical ha reconocido que “son la excepción que confirma la regla” y ha avanzado que a medida que tengan que ir renovando convenios en otros sectores “iremos endureciendo las posiciones” para exigir generalizar esa reducción de jornada. Si bien también ha reconocido que “sin el paraguas de la ley, allá donde no tengamos fuerza será muy difícil” conseguir esa reducción.

El debate parlamentario para definir cómo será exactamente la ley para la reducción de la jornada laboral está previsto que tenga lugar durante mediados del año que viene, con el objetivo manifestado por el Gobierno de que la norma entre en vigor, si logra reunir las mayorías necesarias, antes de que acabe el año.

Pendientes de negociar con la Generalitat

Mientras el sector privado aguarda expectante a ver si se cambia o no la ley sobre su tiempo de trabajo, en el sector público algunas esferas están pendientes de que se les aplique pactos ya cerrados a este respecto. Es el caso de la Generalitat de Catalunya, donde los sindicatos aguardan desde ya la legislatura pasada la reducción de su jornada laboral. En dicho caso ellos ya tienen reconocidas como ordinarias las 37,5 horas y ahora aspiran a transitar a las 35 horas.

Bajo la presidencia de ERC hubo un rechazo a aplicar el acuerdo estatal que permitía a las administraciones rebajar la jornada a ese umbral y ahora que gobierna el PSC, todavía no se ha pronunciado al respecto. El secretario de la UGT ha reclamado al president Salvador Illa que se ponga manos a la obra y que el conseller de Presidència y responsable de la Funció Pública, Albert Dalmau, negocie dicha reducción en el marco de la Mesa General de la Funció Pública. "La Generalitat no ha hecho el proceso de adaptación y le toca", ha afirmado.