Medida polémica

¿Qué nos pedirán a partir de hoy al viajar y alojarnos en un hotel o apartamento?

Entra en vigor el nuevo registro obligatorio de viajeros con los hoteles y agencias en contra

Interior localiza a más de 18.000 personas investigadas gracias al registro de viajeros antes de ser obligatorio

Reserva de hotel o alquiler de coches: estos son los datos que te pedirán a partir de ahora

Reserva de hotel o alquiler de coches: estos son los datos que te pedirán a partir de ahora / PIXABAY

Agustí Sala
Sara Ledo
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Ya se hacía en periodo de pruebas, pero ahora es obligatorio. Al alojarnos en un hotel, apartamento o piso turístico o contratar con una agencia de viajes debemos dar a partir de este lunes muchos más datos en cumplimiento de un real decreto que se aprobó en 2021 pero que ahora pasa a ser obligatorio y que tiene como objetivo que la policía y las fuerzas armadas dispongan de la mayor información posible de cara a la prevención y lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. El sector se opone totalmente a la medida, al afirmar que supone una mayor carga administrativa y que acabará encareciendo los servicios turísticos.

Al realizar la reserva o la formalización del contrato o, en su caso, su anulación o al inicio de los servicios contratados las empresas dedicadas a servicios turísticos deben recabar datos que van más allá de aquellos incluidos en documentos oficiales exigidos hasta ahora (DNI y pasaporte). Además de estos, se pide al cliente nuevos datos personales, como el teléfono o el domicilio, así como información relacionada con el contrato, como la forma de pago o el número de la tarjeta de crédito. Y las empresas deberán volcarlos a una aplicación desarrollada por Interior (ses.hospedajes) en un plazo inferior a 24 horas para que el ministerio pueda disponer de esa información de forma inmediata.

En concreto, los datos a aportar por parte del viajero son: nombre, apellidos, sexo, número del DNI, tipo de documento (DNI, pasaporte, NIE), nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual, dirección completa, localidad, país, teléfono fijo, móvil, correo electrónico, número de viajeros y relación de parentesco entre los viajeros (en el caso de que alguno sea menor de edad), así como número de referencia, fecha y firma del contrato, fecha de entrada y salida o entrega y devolución del vehículo y, en caso de inmueble, los datos del mismo, así como datos de pago.

El Ministerio del Interior defiende que la mayoría de esta información se recoge ya habitualmente para otras labores, de forma que no se exigirá a los establecimientos información sobre la que no se tenga conocimiento.

Los tipos de actividades sujetas a esta obligación son los hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, establecimientos de turismo rural o análogos, así como cámpings y zonas de estacionamiento de autocaravanas, cualquiera que sea su titularidad o régimen de uso, apartamentos, bungalows y otros alojamientos similares de carácter turístico.

También los operadores turísticos que presten servicios de intermediación entre las empresas dedicadas a la hospedería y los consumidores, como son las agencias de viajes físicas y digitales, siempre que ofrezcan servicios en España, así como a particulares y empresas que se dedican a actividades de alquiler de vehículos a motor sin conductor y sus intermediarios. Asimismo deben cumplir con esta obligación las plataformas digitales dedicadas, a título oneroso o gratuito, a la intermediación en estas actividades a través de internet, siempre que ofrezcan servicios en España e incluso los particulares que alquilan pisos turísticos. Quedan excluidos los taxis y, en general, el arrendamiento de vehículos con conductor.

El objetivo de esta medida es contar con la mayor información posible de cara a la prevención y lucha contra el terrorismo y crimen organizado, cuyo 'modus operandi' tiene en la logística y uso de vehículos a motor como un factor determinante, según el Ministerio del Interior. Y al disponer de esta información se puede localizar a cualquier persona sobre la que conste una 'requisitoria', como puede ser un testigo que no se haya presentado en un juicio o el expresident Carles Puigdemont. En los últimos dos años, en el que el registro ha funcionado de forma voluntaria, 18.584 personas investigadas judicial o policialmente han sido localizadas en España gracias a los datos aportados por el sector turístico a través de este registro.

La exposición de motivos de real decreto explica que esta medida "resulta de suma importancia para garantizar la vida y la libertad de los miembros de nuestra sociedad en el contexto actual". También justifica las medidas introducidas en que con los cambios de hábitos y en el sector quedaban fuera del ámbito de aplicación "las nuevas modalidades de actividades de hospedaje, como son las viviendas turísticas de corta duración explotadas por empresas o particulares mediante el registro en portales o centrales de reserva a través de medios digitales o internet". Y, a su vez, la normativa actual tampoco permite "que se facilite a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad toda la información disponible, necesaria para que puedan realizar sus labores de prevención y protección".

La industria hotelera se queja de que la nueva obligación supone una "carga administrativa desproporcionada" que les obligará a duplicar o triplicar su plantilla; mientras que las agencias de viajes defienden su exclusión de la norma, ya que este sector "no ha estado nunca obligado a facilitar estos datos" y ya "los prestadores finales de los servicios, empresas de hospedaje y de alquiler de vehículos" están sujetos a ella. Ambos alertan del "riesgo" que supone acumular tantos datos personales de los viajeros.

En sus primeros dos años y a pesar de no ser todavía obligatorio, se han registrado en la citada plataforma 61.540 establecimientos hoteleros, 1.094 agencias de viajes, 222 plataformas digitales y 1.720 empresas de alquiler de vehículos a motor y se han recabado 4,8 millones de datos de usuarios que han permitido localizar a 18.584 personas que figuraban en bases de datos de señalamientos nacionales o del sistema Schengen. El registro no tiene una finalidad recaudatoria ni sancionadora, según Interior, pero su incumplimiento supondrá multas de entre 100 y 30.000 euros, en función de la gravedad que irá desde ineficiencias en la información hasta la omisión por completo del deber de realizar las citadas comunicaciones.

Los hoteleros confían en que la aplicación de esta medida se revierta en las próximas semanas, después de que el Ministerio haya publicado el viernes pasado una consulta pública -abierta durante 10 días- para regular el proceso y simplificar la labor de las empresas en la recogida de información. En esta consulta, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) propondrá recabar solo los datos incluidos en el pasaporte y DNI a través de escaneo de estos documentos y posterior envío de la información a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, según ha avanzado su secretario general, Ramón Estalella.

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