Las claves del anuncio de Glovo: un billón de pedidos, 500 millones de euros en multas y 60.000 falsos autónomos

En las oficinas de Glovo llevaban preparando desde hace un tiempo una fiesta para conmemorar el simbólico hito en el que la compañía superara el billón de entregas realizadas, desde que empezara a pedalear allá en 2015. Un billón de entregas realizadas por una empresa sin mensajeros en nómina y que este lunes ha avanzado su intención de empezar a contratar repartidores.

El viaje de esta firma fundada por Óscar Pierre y Sacha Michaud hace casi una década ha estado marcado por las polémicas con su modelo laboral y ha erigido a la compañía como un arquetipo de la ‘gig economy’, erigida como enemigo a batir por sus detractores y ejemplo a seguir por los popes del 'entrepreneurship' catalán y español.   

Si bien Glovo se ha posicionado, por volumen de reparto y repartidores, como la empresa con mayor cuota de mercado en España dentro del sector de las plataformas digitales, no fue la primera. El mismo año que la compañía de las mochilas amarillas empezó a andar en España aterrizaba un ya entonces gigante del ‘delivery’: Deliveroo. 

El sector del reparto a domicilio fue ganando volumen con los años, sobre las espaldas de flotas de repartidores que se daban de alta como autónomo y en poco tiempo -en un país con una tasa de paro de dos dígitos- ya podían ganarse unos ingresos solo poniendo una bici y un móvil. La Inspección de Trabajo no tardó en poner el foco en esas empresas y la tesis que se fue imponiendo -ratificada en 2020 por el Tribunal Supremo- es que eran falsos autónomos, ya que carecían del control fundamental sobre el negocio y básicamente las aplicaciones lo que hacían era ahorrase costes.  

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Hasta ahora Glovo ha negado por activa y por pasiva que su modelo incurriera en fraude alguno. Hasta el punto de que, cuando el Gobierno aprobó una ley -que entró en vigor el 12 de agosto del 2021- para obligar a que todos los repartidores de plataformas digitales tuvieran un contrato, Glovo siguió operando con autónomos.

Desde entonces la maquinaria de la Inspección ha ido censurando y sancionando a la empresa por dichas prácticas. Un desafío que ya le ha costado más de 250 millones de euros en mulas y requerimientos y a los que “en breve” se sumarán otros 500 millones de euros más por la última macro inspección que ultima la autoridad laboral.

Nunca antes una compañía había acumulado tantas multas de Inspección por emplear falsos autónomos, superando en volumen a todo el sector cárnico, que hace unos años trató de normalizar que los matarifes cobraran a tanto la pieza y fueran autónomos. Hasta la fecha la Inspección de Trabajo ha regularizado a 60.000 riders de Glovo, en “el movimiento afiliativo más importante de las historia de España", según ha definido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

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Además de la pugna con el Ministerio, Glovo ha ido encadenando polémica tras polémica. Desde el alquiler y mercadeo de cuentas que dan empleo a miles de extranjeros sin permiso de trabajo, hasta preguntar en las entrevistas de trabajo para sus oficinas por la orientación sexual a sus empleados.

Fuentes de Glovo cifran su actual flota de autónomos en unas 15.000 personas, si bien desde el sector consideran infraestimada la cifra y la elevan hasta los 25.000 o 30.000 efectivos. Ahora Glovo iniciará un proceso de contacto con los mensajeros que tiene registrados en su aplicación y les ofrecerá un contrato de trabajo. La empresa defiende que entrarán directamente a nómina de Glovo, si bien no ha especificado a cuántos de ellos contratará.

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Si las ‘apps’ han apostado hasta ahora por operar con autónomos es porque el negocio de la comida a domicilio funciona a picos de demanda. Hay mucho trabajo a la hora de comer y cenar, pero durante el resto del día apenas hay movimiento, lo que obliga a tener a mucha gente en determinadas horas y luego que estos se queden sin faena el resto del día. Si son autónomos, les paga cuando hay pedidos, pero si pasan a ser asalariados, hay una parte importante de la jornada que se quedan de brazos cruzados. 

Es por ello que, presumiblemente, Glovo no contrate a 15.000 personas, sino que concentre su operativa en un número menor de riders, pero que estos hagan más horas. Asumir un coste operativo mayor puede provocar que las zonas con menor densidad de población dejen de ser rentables y Glovo se repliegue a las grandes ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia o Sevilla.

Otra de las muchas incógnitas que queda en el aire es cómo influirá esto en los resultados financieros de la empresa. Delivery Hero, la matriz alemana de la aplicación catalana, siempre ha sido tajante en su defensa del modelo de autónomos, un sistema mucho más cómodo para ellos, especialmente a la hora de hacer cuentas.

El referente más cercano es JustEat, que tras aprobarse la ‘Ley Rider’ (marco normativo que prohibió que este tipo de empresas operaran sin tener contratadas a sus flotas de repartidores) pasó de contratar a empresas intermediarias a tener una relación laboral directa con los repartidores, y el coste –dicho por su consejero delegado en España- pasó a ser “fácilmente del doble”. 

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Este escenario, llevado a la realidad de Glovo, ‘a priori’ complicaría una meta que, en teoría, están ya tocando con los dedos. Delivery Hero aseguró en su balance de mitad de año que la ‘app’ catalana de reparto a domicilio iba encaminada a terminar el año, por fin, con un ‘ebitda positivo’ (esto no son, todavía, beneficios, porque a esta cifra hay que restar el pago de impuestos, provisiones y otros gastos contables del estilo, pero sí es un indicador fiable de que la compañía ingresa más de lo que gasta). Sería la primera vez que Glovo vería números negros a final de un ejercicio, todo un hito para una empresa muy cuestionada por tantos años de pérdidas.

Al presentar a mitad de octubre el relanzamiento de su aplicación con determinadas funcionalidades de red social, refutaron que la previsión de ser rentables a finales de este año seguía vigente. Probablemente lo logrará, pero habrá que ver que ocurre en 2025 si se añade este gasto extra laboral.

El consejero delegado de Glovo, Óscar Pierre, está siendo investigado por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, al desoír, según Fiscalía, las reiteradas inspecciones laborales. Este martes está citado a declarar en los juzgados de Barcelona. Hasta ahora ha insistido públicamente en que su modelo laboral era legal y con este giro de 180 grados enmienda más de un lustro de defensa jurídica. 

Pierre fundó en 2015 Glovo pero ya no es su propietario. El 31 de diciembre de 2021, a pocos minutos de las campanadas, la compañía anunció que vendía una mayoría de sus acciones al grupo alemán Delivery Hero. Desde entonces los alemanes han estado reclamando a Glovo que acelerara su proceso de rentabilidad y empezara a aportar beneficios.

Y es que en estos casi 10 años de vida, Glovo no ha generado ni un euro de ‘números verdes’ y ha ido funcionando a base de ampliaciones de capital. Pero Delivery Hero ha urgido en los últimos meses -forzando incluso un ERE en 2023 en las oficinas de Barcelona- avanzar hacia la rentabilidad.

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Fuentes consultadas del sector leen la decisión de este lunes de Glovo como una desautorización a Pierre y su insistencia en seguir operando con autónomos. El giro es brusco, hasta el punto de que hace menos de dos semanas, el 19 de noviembre, desde Glovo empezaron a probar un nuevo mecanismo para que los repartidores pudieran personalizar completamente la tarifa que cobraban por pedido. Un movimiento que los riders leyeron como un gesto para reforzar la apariencia de autonomía del modelo. 

Queda ahora la incógnita de si tras esta decisión y en pleno proceso judicial -en el que la defensa ha insistido en la autonomía de los riders- Óscar Pierre continua al frente de la compañía. 

El sector del delivery da un vuelco y aguarda a que el ‘transatlántico’ Glovo acabe de virar. Si cumple con su promesa, será la empresa de reparto a domicilio con más mensajeros. Sus dos principales competidores son Uber y Just Eat. El primero aguarda a ver qué cambios definitivamente introduce Glovo para decidir si deja o no de repartir con autónomos. Y Just Eat, que opera con una flota mixta de empleados en nómina y repartidores subcontratados, ha decidido denunciar a Glovo por competencia desleal, reclamándole 295 millones de euros por daños y perjuicios.

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