Medida polémica

Entra en vigor el nuevo registro obligatorio de viajeros con los hoteles y agencias en contra

Interior localiza a más de 18.000 personas investigadas gracias al registro de viajeros antes de ser obligatorio

Un turista se registra en la entrada de un hotel.

Un turista se registra en la entrada de un hotel. / Lp

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Este lunes 2 de diciembre entra en vigor el nuevo registro obligatorio de viajeros que deben cumplir las agencias de viajes, empresas hoteleras y de arrendamiento de vehículos a motor. El periodo de adaptación a la norma, que cuenta con la oposición total del sector, ya ha finalizado y a partir de hoy se aplica el real decreto 933/2021 promulgado por el Ministerio del Interior es de obligado cumplimiento. Durante el periodo de adaptación, se han localizado hasta 18.584 personas investigadas judicial o policialmente desde 2022.

Esta medida obliga a los operadores turísticos, públicos y privados, a realizar registros documentales e información de los usuarios, tanto si son personas físicas o jurídicas, para identificar a sus huéspedes y usuarios. Esto también implica a plataformas digitales y personas físicas no profesionales (como es el caso de los propietarios de pisos turísticos, por ejemplo). Las empresas se quejan de una "carga administrativa desproporcionada", mientras que el Ministerio defiende que no son más de datos de los que ya recaban para otras cuestiones, como puede ser la elaboración de estadísticas. Y lo cierto es que el real decreto que impulsó su creación fue aprobado el 26 de octubre de 2021, pero su aplicación se retrasó en hasta tres ocasiones para facilitar la adaptación de las empresas.

Del teléfono a la relación de parentesco

Antes de la entrada en vigor del real decreto, los viajeros que hacían uso de estos servicios turísticos debían presentar únicamente el nombre completo, documento de identidad (DNI, NIE o pasaporte), nacionalidad y fecha de nacimiento. Ahora, la nueva normativa exige al viajero, además de los datos anteriores, el sexo, el documento de identidad completo (número de identificación, número de soporte y tipo de documento), lugar de residencia habitual (debe ser la dirección completa con localidad y país), teléfono fijo y móvil, correo electrónico, número de viajeros y, en el caso de que haya menores en el grupo, la relación de parentesco con los adultos.

Con todos esos datos, las empresas deberán realizar un parte de entrada y luego volcar los datos en un registro informático. Dicha información deberá conservarse durante tres años a partir del final del servicio. Además, las empresas están obligadas a comprobar la veracidad de los datos y, de no hacerlo correctamente, se enfrentarán a sanciones. La finalidad de la medida es contar con la mayor información posible de cara a la prevención y lucha contra el terrorismo y crimen organizado, cuyo 'modus operandi' tiene en la logística y uso de vehículos a motor como un factor determinante, según defiende el departamento que lidera Fernando Grande-Marlaska.

Las asociaciones de agencias de viajes (Ceav, Fetave, Acave y Unav) manifestaron su disconformidad ante este nuevo método de registro más exhaustivo ya que "exige recoger datos que incluso afectan a la intimidad de las personas". En este sentido, el Ministerio del Interior aclaró que no introduce exigencias de información adicional a la que ya se solicita actualmente.